Las deudas del Gobierno de García.

Alan García no solo aplicó el perro del hortelano, como su propia política de Estado, calificando con este adjetivo a los nativos de nuestra Amazonia  por no dejar que llegue el progreso a sus terrenos milenarios; sino que, la muerte absurda de 34 connacionales entre ellos 24 policías, un mayor desaparecido y 11 nativos en Bagua, ha quedado tapado por el cemento y hormigón de la indiferencia.

Mientras tanto, los responsables se pasean como si nada hubiera pasado y en estos largos 17 meses del gobierno humalista, la famosa comisión de investigación del Congreso, que se instaló con bombos y platillos, y a la que renunció irrevocablemente el congresista Javier Diez Canseco, el cuco de esta comisión, por la presión mediática o temor, no ha dado a luz nada.

La comisión de marras hace todo, menos investigar, hasta la fecha esa famosa comisión investigadora, no ha llegado a nada investigando al gobierno de García, no han establecido responsabilidades de los presuntos casos de corrupción: el muelle Norte del Callao, el muelle del puerto de Paita, los colegios emblemáticos, el chuponeo telefónico, el nuevo hospital del niño y el estadio nacional renovado, para mencionar algunas perlas negras de ese gobierno.

Alberto Fujimori está cumpliendo una condena por autoría mediata en los casos Cantuta y Barrios Altos, que los mismos jueces se han convencido es injusta. Sin embargo, nunca se pudo probar ni demostrar esa autoría de la que tanto se ufanan sus enemigos. El delito de autoría mediata, que aplicó San Martín y su colegiado, en este único juicio, no se ha aplicado en el caso del Baguazo.

El caso Bagua, es quizás el más emblemático de los casos en el que sí se puede demostrar la autoría mediata. Es altamente improbable que la policía se ordene a si misma intervenir en una movilización, protesta, marcha, sin la orden de la autoridad política. El presidente de la República cumpliendo la Constitución puede disponer Estados de excepción.

Para dictar estado de emergencia en Bagua, necesariamente el Ejecutivo debía conocer la real situación social de este lugar convulsionado, por el reclamo de las comunidades nativas. Las FFAA y PNP no son deliberantes, ese caballito de batalla es utilizado cuando los políticos no tienen argumentos y quieren imponer su voluntad sobre los militares y policías, para tapar su falta de liderazgo.

Si establecemos una cadena de mando entre los generales que estuvieron al mando del operativo y la autoridad política, podremos inferir que ellos recibieron la orden de su director, este a su vez de la Ministra del Interior y la señora ministra depende del primer ministro y del Presidente García.

Esa es la cadena de subordinación de los policías a la autoridad política, ergo, hay un responsable operativo y un responsable mediato por haber dado la orden y porque tenía conocimiento de la situación social que se vivía en Bagua.  Si esta cadena de subordinación política se ha respetado, entonces la orden debe haber partido de Palacio de Gobierno.

La pregunta se cae de madura, por qué García no está enjuiciado por el presunto delito de autoría mediata por la muerte y violación de los derechos humanos de 24 personas en Bagua. Quién o quiénes apoyaron para que García Sayán fuera designado como presidente de la CIDH de Costa Rica;  la mejor, a cambio de qué. Hay mucho negociado debajo de la alfombra...

Y para llenar el vaso hasta el borde, la semana pasada una denuncia  de Corina de la Cruz ex alcaldesa de Tocache y paisana del ex ministro de justicia quien "grabó los alardes de los que Aurelio Pastor hizo gala para ofrecerle sus servicios de abogado..." tan solo por 50, 000 nuevos soles. Pastor se jacta de tener contactos en todos los niveles de justicia y JNE. Esta denuncia habría llenado de amargura y molestado a su líder Alan García, quien está en plan de mejorar su imagen con miras al 2016 y esta denuncia de uno de sus engreídos, lo afecta bastante.