Australian War Memorial

Australian War Memorial
EXTERIOR DE MEMORIA DE LA GUERRA-AUSTRALIA

viernes, 26 de junio de 2009

¿En qué momento se perdió el principio de autoridad en el Perú?

En los graves sucesos de Bagua y cuyo resultado a enlutado a 34 hogares peruanos, entre policías y nativos, hay una grave responsabilidad que deben asumir las autoridades por acción u omisión. El país no puede estar a merced del caos y la incertidumbre, es necesario tomar el toro por las astas. El gobierno debe deslindar responsabilidades.

Cuando se sentenció al ex presidente Alberto Fujinori, por los casos de la Cantuta y Barrios Altos, los jueces tomaron muy en cuenta la teoría de la autoría mediata, que desde su particular percepción, es el pleno ejercicio del mando y comando por haber desempeñado el rol de Jefe Supremo de las FFAA y PNP, que nuestra Constitución ampara.

En ese cometido, contribuyeron mediáticamente algunos medios de comunicación, la izquierda caviar y los abogados de la parte civil, en impregnar en la población la culpabilidad de Fujimori y se esforzaron a través de todo el juicio, en demostrar que Fujimori era el hombre de atrás y por ello lo condenaron 25 años de prisión.

En el caso de Bagua, donde murieron 24 policías y 9 nativos, quiénes estuvieron detrás del operativo, alguien del gobierno nos puede responder las siguientes interrogantes ¿Son responsables los mandos de la PNP, la ministra Cabanillas, el primer ministro Yehude Simon, el presidente García? A quiénes hacemos responsables.

¿Hasta cuándo debemos esperar los resultados de la investigación? No podemos ser indiferentes al dolor de los familiares, viudas e hijos de policías y nativos, quienes lloran desconsoladamente a sus muertos. Creer que un cheque, un ascenso o una casa les devolverá a sus familiares, es un consuelo gris.

La violencia y el caos, con grave pérdida de vidas humanas en Bagua, nos permite buscar las razones del fracaso del gobierno en el tratamiento de esta crisis. Frente a este resultado adverso, el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás, desandar el camino y el Congreso derogó las leyes que motivaron esta crisis.

Al gobierno le ha costado volver nuevamente a tomar la iniciativa; pero, un balance inicial nos indica que este no solo ha perdido tiempo, sino que el principio de autoridad que se debió preservar, ha sufrido un fuerte deterioro. Cómo negociar en las actuales circunstancias.

La población tiene la percepción que este gobierno se ha debilitado, que aún no tiene capacidad de respuesta, porque ha permitido y permite que las movilizaciones, terminen con bloqueo de carreteras, el deterioro de la propiedad privada, así como el enfrentamiento entre poblaciones y policía, que terminan con muertos, heridos y contusos.

Los responsables de las negociaciones por parte del gobierno, el Primer Ministro Yehude Simon y la Ministra del Interior Meche Cabanillas, han fracasado rotundamente. Ambos por su lado han tratado de justificar su falta de eficacia en el tratamiento de la crisis. En el caso de Mercede Cabanillas ha tenido diferentes posiciones muy extremas, desde hacer responsable al Ejército, hasta responsabilizar a los mandos de la PNP, todos eran responsables y ella fácilmente se excluía del problema.

La fiel expresión de esta percepción sin lugar a dudas son las dos encuestas de opinión, que han encargado dos diarios de la capital y cuyos resultados son contrarios al gobierno y permiten percibir el bajón del presidente García, frente a la subida de Keiko Fujimori en la intención de voto.

Esto se agrava por la exposición que han realizado en el congreso el Premier Yehude Simon y la ministra del interior Mercedes Cabanillas. Quienes no han asumido su responsabilidad por los graves sucesos de Bagua y se fueron por la tangente. El Congreso soberano por momentos se convirtió en un ring de box.

Es más, en el caso de Mercedes Cabanillas no tuvo el menor desparpajo de limpiarse las manos y echarle la culpa al recientemente nombrado director general de la PNP, al Ejército y a fuerzas oscuras que quieren debilitar la Democracia. Que fácil salir de los obstáculos haciendo responsables a sus subordinados. Lavarse las manos como Pilatos, no es una buena estrategia política.

Recordemos que Mercedes Cabanillas estaba en todos los operativos que realizaba la PNP, salía en primera plana de los diarios y la invitaban a cuanto programa televisivo y radial existe para entrevistarla por lo bien que le salían los operativos. Claro está, mientras todo salía bonito, bueno y barato, y su imagen se fortalecía la protagonista era ella.

Lo más grave de todo esto es la pérdida económica de los comerciantes y transportistas. Sus efectos colaterales son numerosos, no solo ahuyentarán las inversiones, las consecuencias sobre nuestra incipiente industria turística son graves, muchos paquetes turísticos han sido cancelados. En el ámbito externo también se está afectando gravemente la imagen, que hasta hace unos meses tenía el país.

En esta crisis que amenaza extenderse a otros ámbitos, durante las negociaciones se debió mantener abiertos los canales de comunicación. Con los conflictos sociales en ciernes, será necesario establecer una empatía entre ambas partes, buscando siempre que no termine en antipatía, sino en una relación de simpatía, en la que ambas partes salgan triunfadores, no ganadores. Nada de esto se logró en Bagua.

La negociación es parte de la solución de una crisis, en esta el objetivo será explorar si llegar a un acuerdo es mejor, que no llegar a ninguno. Lo que se ha podido percibir de la actual situación social que vive el país, es que, los negociadores del gobierno no han estado a la altura de sus pergaminos.

Las paralizaciones, movilizaciones y el desborde popular sigue en otras provincias del país, causando graves pérdidas económicas y cancelación de paquetes turísticos que afectan a lugares importantes como Cuzco, Puno, Madre de Dios, etc.

En las negociaciones se debió tomar en cuenta que, antes que hablar, se debe escuchar y esto es lo que faltó en la crisis de Bagua. No escucharon a los nativos, los trataron de mecer durante siete meses y los últimos cincuenta días fueron los peores en una negociación, ambas partes no se pusieron de acuerdo. El resultado fue el que todos lamentamos por la muerte de nativos y policías.

El gobierno no puede negociar con un cuchillo en la garganta, o una granada en los pies. No puede estar enviando al Premier con su tanque de agua y apagar los incendios, apaciguar conflictos. El gobierno debe establecer una metodología para enfrentar la crisis.

Tiene en sus manos todas las fortalezas legales para hacer valer su autoridad, tiene las capacidades que le dan las leyes y normas constitucionales para solucionar este tipo de crisis. No debe permitir que se siga deteriorando el principio de autoridad, porque afecta su credibilidad.

lunes, 22 de junio de 2009

La tenaz resistencia de un Presidente que no aceptó imposiciones chilenas

Amables lectores, como bien recordarán en anteriores entregas sobre este espinoso tema, pudimos recordar el vía crucis que vivió y padeció el presidente Francisco García-Calderón Landa, preso en Chile y sometido a los más crueles suplicios morales. Controlado por la policía secreta chilena, viviendo con su familia en lugares insalubres, resistiendo el maltrato sicológico y soportando los traslados continuos a diferentes casa-cárcel donde era confinado.

Francisco García Calderón, en su obra “Memorias del Cautiverio”, nos brinda un fresco retrato de la situación chilena de aquella época: “Los rotos, no teniendo trabajo en los campos, afluyen a las poblaciones y son una amenaza formidable para los vecinos de ellas. Así sucedió en 1878. Los rotos, que se habían reunido en Santiago, o en Chile como ellos dicen haciendo de la capital toda la república, eran numerosísimos; y la población aterrada con ellos, temía que de un momento a otro hubiera una conmoción social. Para conjugar el peligro se pensó en declarar guerra a la República Argentina; y como la diplomacia hizo desaparecer todo pretexto para ello, se dirigió la vista a Bolivia y poco después contra el Perú” (1)

El gobierno chileno no solo negociaba una paz que atentaba contra la soberanía del Perú, sino que lo hacía en tres escenarios diferentes, en Chile con Francisco García Calderón y en Perú negociaban por separado con emisarios y el propio Nicolás de Piérola y al mismo tiempo con el general Miguel Iglesias, a quien finalmente pondría como Presidente porque aceptó las exigencias chilenas.

Las razones no podían ser otras que obtener las mayores ventajas de este acuerdo de paz, no solo económicas sino también territoriales. Para ello utilizaron el arte del engaño diplomático, las negociaciones paralelas, las amenazas y la presión psicológica sobre la población peruana y sus hijos más preclaros a quienes confinaron en ciudades-cárceles chilenas. A los colaboracionistas los trataron bien y nunca fueron molestados.

En setiembre de 1882, Francisco García-Calderón vivía en Santiago bajo el control de las autoridades chilenas. En una entrevista que tuvo con el señor Cornelius A. Logan, Ministro norteamericano mediador entre Perú y Chile, discutieron sobre las bases que se debían abordar para dar término a la guerra. A propuesta de Logan viajaron hacia la prisión de Angol, para consultar con los prisioneros peruanos y estos dieran su opinión al respecto.

El viaje en tren desde Santiago a Angol duró aproximadamente 12 horas. Cuando llegaron a esta localidad y se desplazaron a la casa en el que estaban confinados los numerosos prisioneros peruanos, se sorprendieron por la forma cruel en que vivían, no tenían camas, ni bancos donde sentarse o apoyarse, el gobierno chileno les había asignado 20 pesos para la manutención de cada uno de los presos.

Entre los prisioneros, quienes vivían hacinados y depositados en condiciones infrahumanas, por el “solo delito de no querer prestarse a que el Perú fuera despojado de una parte de su territorio en beneficio de Chile, estaban José María Quimper, José Antonio García y García, Pedro García y Santiago, Ramón Ribeyro, general La Cotera, Dionisio Derteano y varios oficiales entre generales y coroneles” (2)

La mayoría de prisioneros peruanos fueron tratados como criminales, sin menaje, menos vivienda digna, la mayor parte del tiempo que les cupo estar presos, sufragando sus propios gastos, porque rechazaron la pensión que les ofrecieron, en una casa-prisión expuesta a mil peligros provenientes del odio de la población que no miraba con buenos ojos y la falta de paredes y cerco perimétrico.

Cuando García-Calderón midió la real dimensión en que eran tratados nuestros compatriotas, se le hizo un nudo en la garganta, él relata este episodio así “me parece imposible que los autores de todas estas vejaciones no se avergüencen de haberlas inferido. Se puede perseguir al enemigo y desarmarlo y aprisionarlo, porque ese es el terrible derecho de la guerra; pero humillar y vejar al prisionero indefenso y negarle lo que todos los hombres se deben mutuamente, cualquier que sea el motivo que los divida, es algo que pugna con la moderna civilización y que solo se ha visto en la guerra de los pueblos incultos”. (3)

La historia se debe recordar para no volver a repetir los mismos errores. Francisco García Calderón nunca se dejó doblegar, fue un verdadero mártir, pagó caro su posición principista por mantener la integridad de nuestra patria y marchó encadenado por defender un ideal que muchos actualmente no quieren tener presente. No aceptó las imposiciones chilenas y por eso lo mantuvieron preso más allá de la firma del Tratado de Ancón que con tanto servilismo aceptó Miguel Iglesias.

No es el propósito mantener latente un sentimiento de animadversión en contra de Chile. Ellos no ignoran que violaron las leyes de la guerra por imponer su voluntad. Es más bien, tocar las fibras del sentimiento patriótico de los nacidos en estas tierras, si aún queda un poquito. Ellos son y serán siempre nuestros vecinos y adversarios; pero, nuestros enemigos son: la inacción, la indiferencia, la falta de petriotismo. la desconfianza ancestral entre civiles y militares, la venganza política y la corrupción que todo lo invade y carcome.

Apelamos a los sentimientos patrióticos de los gobernantes, empresarios, industriales y la opinión nacional, para que despierten del sopor inconsciente en que viven, para que destierren el ambicioso interés por el mercantilismo y hagan a un lado el marcado desinterés que diariamente muestran por la seguridad, defensa y el bienestar de nuestra nación.
Notas:
(1), (2) y (3): García Calderón, Francisco. Memorias del cauitiverio. Librería Internacinal del Perú S.A. 1949.

sábado, 13 de junio de 2009

El antimilitarismo, ese viejo rencor subliminal.

Recientemente en Valparaíso-Chile se han reunido senadores bolivianos y chilenos para participar en “IV Encuentro de las comisiones de Relaciones Exteriores”, en el que se abordó el reclamo boliviano de salida al mar, no sabemos los resultados, pero podemos presumir que, las promesas chilenas para una salida al mar de este país, siguen en pié.

Los medios de comunicación han dado a conocer que Chile sigue en su carrera armamentista en solitario, sin competidores a la vista, invirtiendo millones de dólares, que bien podrían servir para aliviar la pobreza de su país y mejorar la salud, bajo el pretexto de renovación de su armamento. Así, la prensa informa sobre sus últimas adquisiciones, misiles Exocet, aviones y helicópteros antisubmarinos.

Pero, nuestro vecino del sur no las tiene todas consigo, actualmente atraviesa por una grave crisis de energía para su consumo interno, lo que ha obligado a adquirir gas natural de Trinidad y Tobago, que será transportado, para variar, por una nave británica del consorcio British Gas group.

Mientras esto sucede en el sur, en nuestro país el gobierno no le ha dado la real dimensión a la amenaza externa en que se ha convertido Chile, por causa de su armamentismo. Frente a ello, sorprende la parsimonia y lentitud con que se abordan aquí, los temas relacionados a nuestra Defensa Nacional.

Si hacemos un retroceso en el tiempo, recordaremos que nuestro país ha tenido a lo largo de su historia innumerables oportunidades para salir de la situación de estancamiento, pobreza, atraso y encaminarse hacia el desarrollo y la modernidad.

Una oportunidad perdida fue la que provino de una fuente inesperada, el guano de la isla, que en época de los Incas fue utilizado para fertilizar las tierras agrícolas. Luego de la Conquista española este fertilizante fue prácticamente olvidado, no se aprovechó sus extraordinarias características para fertilizar y enriquecer las tierras.

Según Peter F. Klarén “En el transcurso de las cuatro décadas siguientes, de 1840 a 1880, once millones de toneladas de guano fueron extraídos, transportados y vendidos en los mercados europeos y estadounidenses, por un estimado de setecientos cincuenta millones de dólares”

En 1834 en el seno de una familia aristocrática nació Manuel Pardo y Lavalle, en 1870 era un conocido millonario capitalista que se hiciera así mismo durante el apogeo de la era del guano, como consignatario. Educado en el Colegio San Carlos de Lima y posteriormente en el Collégue de Francia, donde estudió economía.

Durante el gobierno de Balta (1868-1872) el escenario nacional estuvo marcado por dos acontecimientos políticos que marcarían hondas huellas en la historia de nuestro país: el final del predominio militar y el nacimiento del partido civilista fundado por Manuel Pardo. Apareció en la escena nacional Nicolás de Piérola, uno de los personajes más controvertidos de la historia.

Nicolás de Piérola fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Balta. Realizó un contrato con la casa Dreyfus para comercializar dos millones de TN de guano dejando de lado a los consignatarios, quienes protestaron y presentaron el caso al Poder Judicial que falló a su favor. El gobierno no estuvo de acuerdo con el fallo judicial y dejó en manos del Congreso, en 1870 el contrato fue aprobado por el Congreso. Luego de su aprobación, 33 miembros de la bancada oficialista se pasaron al partido de los liberales, fueron nuestros primeros “tránsfugas” de la política.
El 24 de abril de 871 una junta de notables presentó a Manuel Pardo como candidato a la Presidencia de la República. El 29 de abril de 1871 se fundó el partido civilista. Apoyaron la candidatura de Pardo, los antiguos consignatarios, los dueños de los bancos, el comercio, con lo que se aseguraban los fondos para la campaña.
La formación del partido civilista no obedeció como muchos creen al deseo de cerrar el paso a los militares, quienes habían tenido mucho protagonismo después de la guerra libertaria. Más bien esto fue un pretexto de los grupos de poder económico que ansiaban o aspiraban su consolidación como actores políticos y grupos dominantes en la sociedad peruana, quienes ya no estaban involucrados en el manejo económico del guano.
Manuel Pardo fue un importante consignatario, importador y financista. En 1862 fundó el Banco del Perú y fue presidente de la Compañía Nacional del Guano. Entre 1869 y 1872 se convirtió en la figura dominante de la política peruana, elegido en 1872 como primer presidente civil gobernó hasta 1876 y fue asesinado en 1878.
La depresión mundial de 1873 afectó al Perú, causó un fuerte descenso en sus exportaciones, la producción de algodón disminuyó a la tercera parte. Los ingresos provenientes por el guano, cuyas reservas estaban casi agotadas, cayeron en 35%, de 4 millones de libras esterlinas en 1869, descendieron a 2,6 millones en 1875.
Manuel Pardo hizo frente a la crisis aplicando un programa de austeridad, que no incluyó a su proyecto ferrocarrilero. Dispuso la disminución del personal de las fuerzas armadas, demostrando una actitud antimilitarismo, el mismo que derivó en la aplicación de políticas concretas y decisivas de su gobierno contra el Ejército. Además se redujo la burocracia y se implantaron más impuestos, que a la larga disminuyó la popularidad del presidente.
Pardo se preocupó por explicar su fuerte actitud antimilitarista a su manera, como en la carta publicada en esa época, “No son menos gratuitas… las suposiciones relativas a mi antagonismo con el Ejército. El orden público y el honor nacional, son dos necesidades demasiado fundamentales en toda sociedad para echar a un lado como un estorbo lo que es uno de los principales baluartes. Pero el ejército no es el militarismo, como la institución no es el cáncer que lo gangrena. El militarismo es el enemigo más formidable del verdadero Ejército, es lo que lo corrompe, lo que lo desacredita, lo que lo vulgariza, lo que ahoga todos los elementos nobles, dignos y abnegados que se encuentren bajo el uniforme”.(1)

El planteamiento de Manuel Pardo entre Ejército y militarismo era real y objetivo. Sin embargo, en la realidad las medidas que tomó no eran consecuentes con su expresado respeto por el Ejército. No supo mantener el equilibrio y se excedió en su intento de quitar toda oportunidad de intervención a los militares en la vida política del país. Su intención fue lograr la desaparición del Ejército y la formación de una fuerza paralela, la Guardia Nacional que le sirviera como contrapeso político ¿Les recuerda a alguna situación parecida o análoga en la actualidad?

Manuel Pardo justificó la disminución de efectivos en el Ejército amparándose en la supuesta necesidad de mantener una fuerza armada pequeña, convenientemente instruida, respetuosa de ciertos valores y que olvidara las prácticas militaristas, para lo cual iniciaría una reforma en el Ejército. Nunca llegó a hacerlo, más bien se dedicó a fortalecer a la Guardia Nacional, que lo ayudó a superar los levantamientos contra su gobierno como el protagonizado por Nicolás de Piérola.

Sus adversarios políticos y sus amigos le reprocharon su decisión de fortalecer la Guardia Nacional y utilizarla como contrapeso político del Ejército. Frente al fortalecimiento de esta, se dio el debilitamiento del Ejército. Además para la organización de la Guardia Nacional se cubrió los cuadros con miembros de su partido, lo que le quitó seriedad e imparcialidad a su decisión.

El 7 de noviembre de 1872, Manuel Pardo y Lavalle dio la ley de reorganización de la Guardia Nacional, “Según esta norma, debían organizarse los cuerpos cívicos que eran necesarios para completar el efectivo del Ejército. Para ello desactivo cuerpos de esta institución, sin autorización de ninguna ley, incrementó los cuerpos cívicos desmedidamente, reclutando mucho más de lo que la ley lo autorizaba” (2)

Solo para tener una idea de la magnitud de las reformas y lo negativas que resultaron estas medidas, “cuando Manuel Pardo asumió el poder en 1872 en el Ejército existían 8 Batallones de Infantería, 2 Brigadas de Marina, 3 Regimientos de Caballería y 2 Regimientos de Artillería”. (3)

Un año después el gobierno redujo los efectivos del Ejército, hasta dejarlo en 4 Batallones de Infantería, 2 regimientos de Caballería y 2 regimientos de Artillería. Al siguiente año en 1874, los Batallones de Infantería se redujeron a 3, los de Artillería a uno y se mantuvo en dos los Regimientos de Caballería.

Mediante Decretos Supremos del 11 y 18 de noviembre de 1872, se habían creado las siguientes unidades de la Guardia Nacional: 20 Batallones de Infantería en Lima y Callao y 7 Unidades de Caballería entre Regimientos y Escuadrones, este crecimiento exponencial de la Guardia Nacional, no guardaba relación con la extensión geográfica y responsabilidad que debía asumir esta fuerza. Era muy notable la diferencia entre ambas organizaciones.

El impacto en la reducción del Ejército fue grande para la opinión pública nacional; pero, como siempre ha sido el sino de nuestra historia, un sector mayoritario de la sociedad aprobó estas reformas, con lo que el futuro de la seguridad del país se hipotecó por una pésima decisión, carente de visión estratégica, frente a nuestro adversario del sur que venía preparándose y adquiriendo pertrechos militares en Europa.

No se podía argumentar que el presidente y el Congreso desconocían lo que mandaba la constitución de 1860 vigente durante su gobierno, “En cuanto al rol de la Fuerza pública, la Constitución de 1860 aprobada solo cuatro años después de la de 1856 se ratifica en cuanto al rol de la Fuerza Pública, en el sentido de reconocerla como institución responsable de hacer cumplir las leyes del país” (4)
El entusiasmo de esta fobia contra los militares, se patentiza cuando en el cumpleaños de Pardo un joven civilista, levantando su copa hizo un brindis con las siguientes palabras “Por don Manuel Pardo que ha sabido gobernar bien, gobernar sin ejército y gobernar sin plata”

Respecto a la Marina de Guerra, Manuel Pardo tuvo otra actitud, el trato era más afable, mientras en el presupuesto de 1869-1870 el gasto se distribuía así: 63% pare el Ejército y 37% para la Marina, en el bienio 1873-1874 pasó a ser: 56% para el Ejército y 44% para la Marina cuyos efectivos eran menores. Este incremento en el presupuesto para la Marina nada significó en cuanto a elevar el nivel operativo naval, frente a la calidad y cantidad de adquisiciones navales por Chile.

Cuando se le decía al presidente que debía preocuparse por ese aspecto, Pardo contestaba que tenía dos poderoso blindados, "Argentina y Bolivia", se refería a los pactos defensivos que se negociaban con ambos países, se concretó con Bolivia, pero no con Argentina.

En 1872 la Marina de Guerra le presentó un informe sobre el desastroso estado en que se encontraba la escuadra, comparándola con un “museo de arquitectura naval”. “Posteriormente recibió un informe de dos oficiales que habían estado en Londres, donde construían pequeñas barcas para el servicio de guardacostas, la “Pilcomayo” y la “Chanchamayo”, mientras Chile había ordenado construir los acorazados chilenos “Blanco Encalada” y “Cochrane”, la puesta en servicio de la corbeta “Magallanes” y el vapor “Tolten”.(5)

De inmediato Pardo pidió autorización al Congreso para invertir 2 millones de soles y adquirir dos acorazados superiores a los chilenos, lo cual se le concedió y contrató la construcción de los barcos. “Posteriormente Pardo convocó a una junta de “expertos” para evaluar las potencias navales relativas de Perú y Chile, cuyas conclusiones fueron muy tranquilizadoras, el gobernante de manera irresponsable rescindió el contrato, no sin antes pagar una prima a los constructores por dicha anulación”(6)

En el S. XXI durante el quinquenio del ex presidente Toledo sucedió algo parecido, así el año 2001, decidió reducir drásticamente –en más del 20%– el presupuesto de Defensa del año 2002, sin aplicar ningún criterio técnico ni científico, y sin considerar el rol fundamental de las FF AA, ni tener en cuenta su estructura, capacidades futuras y amenazas externas. Rememoremos también que por esos tiempos Toledo tenía en Palacio de gobierno un asesor chileno.

En el Ejército fue calamitosa esta disminución. Se aplicó una reestructuración que no ha dado ningún resultado, solo sirvió para efectos inmediatistas, cálculo político y promoción mediática. Además, se desmantelaron importantes Bases Contrasubversivas, no se previó la adquisición de nuevo material bélico para las FFAA, pese a conocer que Chile se había embarcado en una carrera armamentista. El presupuesto no alcanzaba ni para pagar los servicios públicos esenciales (SSPPEE).
La falta de previsión, sumado a la carencia de una visión geoestrégica no nos permiten superar las debilidades del pasado, lo que se refleja en el presente en un sentimiento político antimilitarista, aunque de la boca para afuera se diga lo contrario.

Podemos percibir que ese soterrado sentimiento antimilitarista, aflora de inmediato y aflora, no solo en la persecución a los militares que participaron y participan en la lucha contrasubversiva, sino lo que es peor, en mantener una situación operativa aún disminuida para hacer frente a la amenaza externa y lo más grave, unas remuneraciones y pensiones ancladas en la década de los ochenta del siglo pasado. ¿Hasta cuándo?
Notas:
(1), (2), (3), (5) y (6): CPHE, Historia General del Ejército el Perú. Tomo V, El Ejército en la República S, XIX. Primera Edición. 2005
(4): Castro, Jaime Raúl. Aportes para una nueva visión de la Seguridad y Defensa Nacional. Primera Edición, Julio 2006. Ediciones Culturales e Impresiones Lecting S.A.C.

martes, 9 de junio de 2009

Reflexiones en torno a los sucesos de Bagua

El territorio condiciona la vida de los pueblos, así el ambiente natural tiene gran influencia en sus habitantes, en su particular cosmovisión de ver al mundo, de ubicarse con relación a él, a la vez que condiciona el desarrollo de su economía y su organización estructural como nación.

A inicios del Siglo XVI, hace aproximadamente 500 años los castellanos llegaron a estas tierras, sometieron a los naturales bajo el manto de la Cruz y la espada, es decir a sangre y fuego. Impusieron su lengua y religión, se adueñaron de las tierras y explotaron a los verdaderos dueños aplicando la mita, en tierras y minas.


Esta acción violenta y que por sus abusos causó la desestructuración del imperio incaico, fue tantas veces reclamada como la violación de los derechos humanos de los habitantes originarios de estas tierras, los legítimos dueños de estos territorios, cuyo resarcimiento no se ha realizado pese a los años transcurridos, no hubo petición de perdón, ni intensión, finalmente ni propósito de enmienda.

Pero, pasados los años quizás podría explicarse esa situación porque el Nuevo Mundo brindó a muchos campesinos, labradores, villanos (habitantes de las villas), artesanos y, en menor medida, nobles empobrecidos (hidalgos) la ilusión de superar su condición y acceder a privilegios que en Europa estaban reservados a la nobleza.

Pero, las motivaciones para salir de España no se limitaban únicamente a un afán de ascenso social. Poder y riquezas, honra y fama eran ingredientes fundamentales para enrolarse en las huestes y condicionaban el accionar de los españoles. Se aspiraba a ser reconocido y recordado, y regresar a las tierras de origen cargado de riquezas y títulos.

En los albores del Siglo XXI nuevamente se repite la historia, no son los castellanos los encargados de conquistar territorios a sangre y fuego, no, es el gobierno, que emplea todas las potestades de que dispone para imponer el orden en la selva de Bagua, sin medir las consecuencias.

El gobierno sabe que no ha dado cumplimiento al convenio 169 de la OIT el cual declara que los pueblos indígenas son propietarios de las tierras que habitan y por lo tanto, tenían que ser debidamente consultados en casos como éste. Pero, aplica todo el rigor de la ley, después de haber mecido a las representantes de los nativos, quienes desde el año pasado están en este empeño.

No avalamos los sucesos violentos que han acaecido en Bagua, es más los lamentamos y exigimos como sociedad civilizada priorizar la negociación alturada para llegar a una solución viable. Pero, tampoco podemos ser ciegos y no señalar que hubo y hay gruesos errores en la solución de esta grave crisis que atraviesa el gobierno de Alan García y nadie quiere asumirlos.

Una golondrina no hace verano, porque solo Carmen Vildoso ministra de la mujer presentó su renuncia, por serias discrepancias en la manera como el gobierno maneja esta crisis. Y la ministra de la mujer no estaba involucrada directamente en la responsabilidad de los sucesos violentos.

El gobierno planea la suspensión temporal del DL 1090 con la finalidad de reanudar las conversaciones entre los interlocutores en conflicto. Frente a un pésimo manejo político que le ha dado el gobierno a este tema, es impostergable que se asuman las responsabilidades por la muerte de tantos peruanos.

Ojo, no solo son nuestros policías muertos, también hay nativos, naturales cuyos ancestros han poblado esas tierras por años y todos son hijos de estas tierras peruanas. No excluyamos, no nos sentemos en la tribuna y miremos el panorama como si nosotros fuéramos ajenos al problema.

Los medios de comunicación haciendo eco de la campaña de desinformación del gobierno mediante la publicación de comunicados y spots televisivos, en los que hacen responsables solo al dirigente Pizango que se asiló en la embajada nicaragüense y por el lado del gobierno quiénes son los responsables.

Es lamentable observar diariamente cómo los medios de comunicación polarizan este enfrentamiento fratricida, es más en una acción de desinformación señalan directamente como responsables a los dirigentes indígenas, cuando lo real y tangible es que el gobierno no ha sabido manejar este problema desde el inicio y tiene una gran porcentaje de responsabilidad.

Al ex presidente Alberto Fujimori lo condenaron a 25 años de prisión por la autoría mediata en el caso de la Cantuta y Barrios Altos. Qué podemos esperar en el caso de los sucesos de Bagua, donde con seguridad se violaron los derechos humanos de policías y nativos. A quiénes condenar como autores mediatos de los sucesos graves de la curva del diablo.

¡Señores reflexionemos! Todos los involucrados en los graves sucesos de Bagua son peruanos, no son chilenos, ni el enfrentamiento podemos llevar a comparar con el sacrificio de Bolognesi en Arica, no confundamos los escenarios ni olvidemos la historia.