Un pacto de No Agresión o una desmilitarización unilateral e imprudente.

El gran estratega chino Sun Tzu en su gran obra el Arte de la Guerra, escrita hace 25 siglos advertía una verdad que continúa vigente: “El arte de la guerra es de vital importancia para el Estado. Es un asunto de vida o muerte; un camino u otro conducen a la salvación o a la ruina. Por consiguiente, trátese de un asunto en el que no podemos demorarnos inútilmente”

Actualmente América del Sur ha ingresado nuevamente al túnel de la incertidumbre a causa del armamentismo. Esa es la triste realidad; desconfianza, apetitos geoestratégicos, necesidad de agua y energía para su desarrollo, falta de conciencia de seguridad o liderazgo geopolítico. Mil razones y la fuerza disponible.

Los gobiernos de nuestros vecinos, niegan estar en una carrera armamentista, porque esta situación exacerba algunas veces una situación política en tensión y saben que es causa de una guerra. Tenemos una denuncia ante la Corte Internacional de la Haya, por la delimitación marítima con Chile aún pendiente de solución.

En estos últimos años, los países que más han adquirido armas son: Chile, Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Aunque todos tratan de negar lo evidente, esgrimen muchas justificaciones, entre ellas, la de preservar la integridad y seguridad de sus países y proteger sus inversiones en países vecinos. Nuestro país se ha quedado detenido en la historia de la década de los setenta. Falta de visión de nuestros gobernantes.

Para muchos, una carrera armamentista es injustificable cuando el hambre oprime el estómago, los bolsillos están vacíos, el analfabetismo es insuperable y la salud es un bien suntuario; para otros está plenamente justificado porque tienen bien claro que, no hay desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo.

Mayor razón aún, si son países que no tienen los recursos naturales que otros, como el nuestro tienen. Países en que existen limitaciones en cuanto a la disponibilidad de agua, hidrocarburos y otros recursos que apetecen para impulsar su desarrollo. Siempre a expensas de los más ingenuos o irresponsables.

La crisis de integración que vive esta parte del Continente americano, no es del presente siglo, tiene muchos años sobre sus hombros. Lamentablemente no existe una fórmula mágica, que permita una integración completa, porque los intereses de los países no son uniformes y porque los grupos de poder económico, tienen otro enfoque en y de sus respectivos países e intereses.

La política internacional contraria al armamentismo que propugna el gobierno de Alan García, no se diferencia en nada del planteamiento que hiciera en su primer gobierno. En este contexto, el Plan NUBE solo es un paliativo, un mero formulismo, para cubrir un gran déficit en este rubro, que el país arrastra desde el siglo pasado.
En nuestra consideración no soluciona el problema de fondo, la indefensión de nuestras FFAA y el peligro de nuestro país frente a las amenazas, que ponen en riesgo su existencia como Estado.

El 28 de julio de 1985 al asumir la presidencia de la república en uno de los pasajes de su discurso Ala García expresó: “anuncio a los pueblos del mundo nuestra decisión de reducir sustancialmente las compras de material bélico, comenzando por el recorte del número de aviones Mirage, cuya compra actualmente está en trámite”.

Concordante con este anuncio a inicios de 1986, el Gobierno de Alan García redujo una compra de aviones franceses Mirage 2000, de 26 a 12 aparatos. Además, las Naciones Unidas establecieron en Lima un Centro Regional para la Paz, Desarme y Desarrollo.

De tal manera que, respecto a armamentismo, limitación de gastos, medidas de confianza, reuniones de 2+2 y desarme unilateral, nada nuevo hay bajo el sol. En noviembre de 1985, el Gobierno de García presentó una propuesta de desarme regional.

Esta propuesta fue bien recibida por varios países, entre los cuales se encontraron Bolivia, Chile y Ecuador. Sin embargo, Chile siguió su propia política armamentista, Ecuador de igual manera y ya sabemos que pasó el año 1995. Actualmente Chile se está armando más allá de sus necesidades y no sabemos para qué y eso crea una gran incertidumbre en esta parte del subcontinente.

¿Puede un país decidir desarmarse unilateralmente cuando sus vecinos adquieren armamento de última generación? ¿Pueden los gobernantes decidir en nombre del pueblo un desarme poniendo en peligro la seguridad de 28 millones de peruanos?

La propuesta del gobierno de un Pacto de No Agresión entre los países sudamericanos, puede que en el fondo coincida con una política internacional contraria al armamentismo. La ceguera o miopía no hace ver ni mirar el bosque. Los estados se arman para preservar la integridad de la nación, asegurar la supervivencia del Estado y preservar su desarrollo.

Una cosa es que, los estados promuevan la paz, que haya menos armamentismo y que estén en la misma dirección de promover la armonía y la seguridad internacional y otra, que se propicie el desarme, un Pacto de No Agresión y no se tomen las medidas de urgencia para protegerse de las amenazas, cuando aún persisten asuntos pendientes de solución y sea además entre vecinos.

Algunos analistas, aseguran que un pacto de no agresión comprometería a toda la región, para que resuelvan de manera pacífica las controversias y sin el uso de la fuerza. En esta parte del Continente no existen intereses comunes entre nuestros países. Cómo podríamos solucionar nuestras controversias.

La supervivencia de un Estado, amenaza la supervivencia de los otros. Esa es una realidad que nuestros gobernantes no quieren ver. La mejor política no es la del avestruz.

En este contexto, el ministro de economía Luis Carranza, según dicen, hijo de un coronel del Ejército, quien por su conocimiento de la realidad castrense, debería ser un buen asesor y mejor testigo en pro de la seguridad y defensa de nuestro país, sin embargo se erige como el principal obstáculo.

Ha puesto siete candados, amarra las alforjas financieras y se niega a entregar un presupuesto adicional a nuestras FFAA. Mientras presa de un sopor etéreo, semejante a la aplicación de cloroformo, la comisión de economía del Congreso, jugando en pared con este ministro no quiere aprobar un presupuesto adicional.

Bien sabemos, que la OEA cuyo Secretario General es chileno, tiene su corazoncito, pero, no tiene poder ni siquiera para solucionar la situación de Honduras y la ONU no pudo hacer nada frente a la invasión de EEUU a Irak y al guerra en Afganistán.

¿Creen ustedes que estos organismos internacionales intervendrían en un supuesto conflicto en esta parte del subcontinente? La pregunta es, a favor de quién y pasados cuántos días de iniciadas las acciones. No seamos ingenuos. Tengamos presente la frase de Vegecio “Si vis pacem, para bellum. ¡Si quieres la paz, prepárate para la guerra”.

Un Plan de Comunicación Nacional para enfrentar amenazas y crisis.

El Estado desde un punto de vista jurídico es la sociedad jurídicamente organizada. Pero, desde una perspectiva geopolítica, es un ser orgánico que nace, crece y puede extinguirse, como tantos estados que se han extinguido. Por lo que, gobernantes y autoridades tienen la responsabilidad de preservar la seguridad e integridad de la nación.

Desde hace varias décadas los países desarrollados, entre ellos EE.UU, Israel, Inglaterra, Francia y España, han emprendido la creación y consolidación de un Plan de Comunicación Nacional que, les ha permitido reducir los niveles de incertidumbre de sus sociedades, mediante el empleo de procedimientos y estrategias comunicacionales, para mantenerlos convenientemente informados.

Los países Latinoamericanos entre ellos Brasil, Ecuador que ya disponen y Chile que viene implementando la enseñanza de esta materia en Universidades, no están ajenos a estas necesidades. Además, el desarrollo tecnológico está brindando nuevas herramientas, para el empleo masivo de la Comunicación, destacando las redes sociales en internet, pese a que están consideradas incontrolables.

En Chile la Universidad de las Comunicaciones (UNIACC), viene promoviendo este conocimiento a través de cursos de extensión. Para ello vienen diseñando un “Plan de Comunicación Pública del Gobierno de Chile para afrontar una guerra externa”. Concordante con lo que su Constitución considera como estado de “Asamblea”, léase emergencia.

Para algunos autores, principalmente chilenos el estado de Asamblea es considerado como: "una situación de guerra"; otros la consideran "estado de guerra"; "estado de emergencia"; "tiempo de guerra"; "derecho de necesidad"; "declaración de peligro de guerra", casi todos conceptos análogos o similares.

Sin embargo en este país adoptaron la denominación "Estado de Asamblea", porque consideraron inconveniente desde el punto de vista psicológico, que su país aparezca declarando el Estado de Guerra, cuando muchas veces esta no se ha producido todavía. Aún cuando los preparativos se realizan con mucha antelación desde tiempo de paz.

Esta decisión con seguridad obedece a las hipótesis de conflicto y las amenazas externas e internas que todo Estado tiene y analiza permanentemente, para asegurar su supervivencia.

Este Plan de Comunicaciones es considerado vital, porque la comunicación en un conflicto se considera de altísima prioridad, dado que facilitan a los países la difusión de sus planteamientos políticos estratégicos, operativos y tácticos, que deben ser tratados en concordancia con los objetivos superiores del Estado.

Debemos considerar además, que los organismos internacionales pueden influir de manera negativa en caso se consideren desinformados o la información recibida no esté pegado a la realidad. Todo esto se basa en la experiencia de países que se han visto involucrados en guerras en el siglo pasado y en el presente.

Sin embargo, una gran limitación que se presenta para hacer realidad este plan, es la necesidad de confrontar lo estipulado en las normas legales, respecto a la libertad de informar y de opinar, con la necesidad de difundir favorablemente la evolución del conflicto.

A fin de reducir la incertidumbre en la población se ha previsto la difusión o transmisión de información cuyo contenido sea muy confiable y oficial. Para que este plan de comunicación en un estado de asamblea o emergencia, se cumpla, la información será entregada a los medios de comunicación social, estableciendo desde tiempo de paz los procedimientos a ser aplicados.

Debemos recordar que la guerra es “el enfrentamiento organizado de grupos humanos, con el propósito de controlar recursos naturales y/o humanos o el desarme, sometimiento y en su caso la destrucción del enemigo, que se produce por múltiples causas, entre ellas: el mantenimiento o cambios de relaciones de poder y el dirimir disputas económicas o territoriales”:

Pero, nada de esto sería real y tangible si no fuera por la globalización o mundialización en que estamos inmersos. Situación en la que los medios de comunicación juegan un rol muy importante. Así, en caso de un conflicto tres son las funciones que cumplen los medios de comunicación: la de observadores críticos, publicidad direccionada y como parte del campo de batalla acompañando a las tropas.

En nuestro país poco o nada se ha hecho al respecto, es más no se conoce que alguna institución educativa, tenga dentro de su programa de estudios este materia de enseñanza, menos aún que las propias autoridades encargadas de velar por la seguridad hayan realizado este tipo de proyectos. ¿Cuándo lo harán?

Como podrán apreciar, casi todos los países toman sus previsiones en el campo de las Estrategias de Comunicación en provecho de la Seguridad e Integridad de sus países. Un ejemplo más es Chile que, no solo está preparando a sus fuerzas militares para un eventual conflicto bélico, realizando maniobras militares conjuntas, sino que prepara las herramientas comunicacionales conjugadas en un plan, para realizar sus actividades de guerra psicológica, en previsión a un conflicto.

¿El Tribunal Supremo Militar Policial de la Santa Inquisición?

Hace unos días visitamos el Museo de la Inquisición ubicada en la Plaza Bolívar, en un local contiguo al Congreso de la República, y precisamente a un costado del monumento ecuestre que perenniza la memoria de Simón Bolívar libertador. La libertad frente a la opresión en un mismo plano.

Las imágenes que se muestran en el interior de ese recinto, con toda su crudeza a los visitantes del Siglo XXI, los transportan en un flash back a un pasado lejano que se prefiere olvidar. Los seres humanos fueron maltratados, sometidos a crueldades y suplicios por diversas razones. La Iglesia tuvo mucho que ver en esta etapa de crueldad.

En el Museo, se han recreado con gran realismo, todas las formas de abusos más innobles y aplicados con gran violencia contra aquellas personas que cometían faltas contra la Iglesia y el Estado. Fue utilizado más como una policía política por las autoridades, quienes encontraron en las acusaciones que no incluían sentencia una fuente de enriquecimiento.

En esa época no se hablaba ni conocía el concepto de derechos humanos. A los hombres y mujeres los sometían a juicios sumarios y luego brutalmente a torturas físicas y psicológicas, la mayoría de ellas terminaban con la muerte del torturado, sin que se hubiera logrado su arrepentimiento.

“Justicia que se demora, no es justicia”, dice un antiguo adagio. En la actualidad casi nada ha cambiado, vivimos en pleno siglo XXI denominada la era de la información, pero, a diario nos topamos con casos que nos regresan a las etapas más inhumanas, por las que atravesó el hombre.

No son las crueldades físicas las que se practican hoy, las torturas son más sutiles, más solapadas, toman nombre de procesos sumarios que demoran años, vienen detrás de una cédula de notificación judicial, luego el afectado ingresa a una vorágine, a un suplicio mental y físico del que difícilmente saldrá bien librado.

Porque valgan verdades, la justicia realmente no existe para la gran mayoría en nuestro país, sino miremos la cantidad de presos que tenemos en cárceles, hacinados y viviendo en un submundo, donde se dan la mano el hambre y la necesidad de justicia, la inmensa mayoría aún no han sido sentenciados.

Miles de presos en presidios, que hace mucho tiempo han perdido el nombre, ya no son más las instituciones, que sirven para rehabilitar a los hombres y mujeres que los pueblan.

Conforme el hombre es más civilizado y accede a una mejor preparación académica y el mundo vuela dentro de la globalización o mundialización a pasos agigantados, la justicia que imparten los hombres tarda demasiado, esa es la explicación para algunos seres humanos que pululan en nuestras cárceles, quienes están sometidos a un martirologio y, a un vía crucis que nadie les envidia.

Lo que sucede en la justicia ordinaria, no difiere mucho de lo que acontece en el fuero militar. Así, a partir del año 2000 la ingerencia política durante el gobierno transitorio de Paniagua y luego Toledo, hizo que la Justicia Militar retroceda frente al fuero civil y sus integrantes medrosos, se vean rebasados por la presión política, hasta hoy.

El fuero militar que en la década del 90 del siglo pasado tuvo destacada actuación como integrantes de los tribunales sin rostro y supieron enfrentar el grave problema que se presentó al momento de juzgar a los integrantes de SL y MRTA, ya no es el mismo. Recordemos que, la justicia ordinaria había claudicado por temor, a las amenazas de los aparatos de fachada de estas organizaciones.

El 13 de junio de 2006 se publica en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo Nº 861 y el nuevo Código de Justicia Militar Policial, que está en vigencia. Este nuevo código establece sanciones penales para los integrantes de las FFAA que delinquen en el ejercicio de sus funciones. SE entiende en actividad.

Como sabemos el Tribunal Supremo Militar Policial está conformado por magistrados, en su mayoría oficiales en retiro y que antes pertenecieron al servicio jurídico, quienes han sido nombrados por el poder ejecutivo y actualmente están cuestionados ante el TC por este nombramiento.

La justicia Militar en nuestro enfoque, se ha convertido en un moderno Tribunal de la Inquisición, porque está poniendo a disposición de la justicia ordinaria a personal militar y policial, que debería ser juzgado por este fuero de conformidad a lo dispuesto en nuestra Constitución y en acuerdo a sus atribuciones.

Observamos que este retroceso frente a la cada vez mayor influencia de la justicia ordinaria, le ha quitado confianza y seguridad al personal militar y policial en este fuero. Dado que, de muto propio y trasgrediendo normas constitucionales en varios casos, está renunciando a su legítimo derecho para impartir justicia, como es su deber y obligación.

Fuentes de este fuero, indican que son aproximadamente 70 procesos abiertos a igual número de integrantes de nuestras FFAA y PNP, cuando estaba en vigencia el Decreto Ley N° 23214 del 24 de julio de 1980. A quienes por una interpretación caprichosa, se les ha aplicado retroactivamente el Decreto Legislativo Nº 861 que entró en vigencia a partir del 13 de junio de 2006.

Los oficiales involucrados actualmente enfrentan procesos judiciales en la Justicia ordinaria. Esta situación puede agravarse por la falta de interés, desidia y hasta temor demostrado por los magistrados militares. Estas autoridades han decidido inhibirse de los procesos de su absoluta competencia, para optar por el facilismo de derivar estos procesos –presumimos- para disminuir su carga procesal.

Lo que ignoran muchos de los oficiales cuyos casos han sido derivados a la justicia ordinaria, es que el artículo 200 de nuestra Constitución, considera las Garantías Constitucionales y que a la letra dice “1) La Acción de Habeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales”. Se conoce el caso de tres oficiales del Ejército que han presentado sendos recursos de Habeas Corpus, ante los juzgados penales de Lima, Iquitos y Arequipa, los que han sido admitidos.

Los miembros de las FFAA y PNP involucrados en estos nuevos procesos abiertos en la justicia ordinaria, ven con mucha preocupación que se han violentado sus derechos constitucionales considerados en los artículos N° 1, N° 2, parágrafo 15 y 24, d); el artículo N° 103, párrafo segundo que a la letra dice “Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo”, así como el artículo N° 139, incisos 3) “La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional” e inciso 11) “La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales”.

Señores magistrados del Tribunal Supremo Militar Policial les solicitamos asuman sus responsabilidades valientemente e impartan justicia, respetando las normas constitucionales, de esta manera podrán recuperar el respeto, confianza y consideración de la sociedad y de los miembros de las instituciones militares.