La última encuesta de la Compañía Peruana de
Estudios de Mercados y Opinión Pública SAC (CPI) revela datos muy interesantes
que nos presentan, un escenario marcado por la desaprobación del presidente
Pedro Pablo Kuczynski(PPK) en febrero cayó a 14.8 %. Es el nivel más bajo en 18
meses de gobierno. El presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, obtiene
una aprobación de 25.7%, una desaprobación de 56.5%, y un 17.8% no sabe o no
opina.
Para variar, un hecho político que ha causado
profunda desazón. El país observa con sorpresa una nueva resolución de la Corte
Internacional de Derechos Humanos(CIDH) que afecta la soberanía nacional. Este organismo
supranacional ha emitido una resolución que afecta el funcionamiento libre de
los poderes del Estado peruano. Como es el caso del Congreso de la República.
La resolución de la Corte Internacional de
Derechos Humanos (Corte IDH) respecto del caso el Frontón, ha causado molestia
en un gran sector de la población, que ve con ojos críticos, la actuación cada
vez más parcializada de esta Corte. Las redes sociales se encendieron con
posiciones extremas como el retiro del Perú de esta Corte. No les falta razón.
El Congreso ha expresado un gran malestar, su
presidente ha enviado una carta al presidente PPK. La mayoría de los
congresistas han mostrado su malestar y “han
acordado exigir a Corte-IDH aclarar fallo”, porque consideran una
injerencia en las funciones del parlamento. La Corte se ha pronunciado por un
caso que aún está en proceso. Clara injerencia en asuntos internos del país.
A lo largo de estos días y los próximos, con
seguridad los constitucionalistas y los que fungen como tal, caseritos de
algunos programas de política televisiva, están y seguirán dando su opinión. Nuestro
insigne historiador Jorge Basadre en “Promesa de una vida peruana” decía “Los
Podridos quieren que este País sea una chacra, los congelados un páramo y los
incendiarios una gigantesca fogata”.
En el escenario nacional hay personajes que
creen interpretar el sentir de nuestra población. Nada más lejos de la realidad
y del sentimiento nacional. Hemos podido distinguir a tres tipos: los sumisos, los
convenidos y los que están a favor del retiro del Perú de esta Corte IDH.
Los sumisos, porque agachan la cabeza, aceptan sin
reclamar porque no les interesa la soberanía nacional, menos el sentido de
patria, ni la intromisión de este ente supranacional; los convenidos, esos que
quieren y ansían ocupar cargos en esa Corte y hacen los méritos suficientes, culminación
de una “brillante” carrera judicial y finalmente los que están a favor de
retirarse de esta Corte, porque se ha declarado enemiga del Perú.
Roberto Pereira, abogado de los cuatro
magistrados del TC, interpretando el sentir de la Corte-IDH, afirmaba que “La
corte señala que el solo hecho de haber abierto el proceso genera un problema
de amedrentamiento, en perjuicio a la imparcialidad de los jueces”.
¿Son intocables los jueces del TC? ¿Jerárquicamente son superiores a la
Constitución?
Indicó además que, “No se puede someter a un
magistrado porque se discrepa del contenido de su fallo”. Qué se debe
hacer si existen discrepancias, es la palabra del TC la última, una especie de
dogma que hay que cumplir sin “dudas ni murmuraciones”, Qué sucede si el TC en
uso de sus facultades se excede en su fallos o sentencias, los ciudadanos
estarían desarmados e indefensos, a quién o quiénes acudirían a reclamar, a la
CIDH.
El año 2015, un fallo de la CIDH obligó al
estado peruano al pago de US$105 mil de indemnización a la terrorista Gladys
Espinoza. “En 1993, Gladys Espinoza fue arrestada por la Dirección contra el
Terrorismo de la Policía. En su poder se encontraron varios objetos que la
relacionaban con el MRTA, como cartas para extorsionar empresarios, sobres
membretados y una granada de guerra”.
La comprobada terrorista fue condenada a 25
años de prisión por la Corte Suprema, de Justicia; pero apoyada por las ONG´s
de dd. hh, llevó su caso ante la Corte-IDH, asegurando sin pruebas y tan solo
con su manifestación, que “fue víctima de violación y abuso sexual
mientras era interrogada por la Policía”.
En esa oportunidad, como en el presente, se han
levantado voces que cuestionan la permanencia de nuestro país en esta Corte que,
hasta la fecha solo ha servido, según sus críticos, para defender derechos de
terroristas, a los que encima, se tuvo que indemnizar, después del inmenso daño
en pérdida de vidas humanas y miles de millones de dólares en infraestructura,
lo que explica el atraso de nuestro país los últimos 20 años del siglo pasado.
El Constitucionalista Carlos Chipoco en reciente
entrevista en P-21(12-1-2018) indica “La Corte ha cometido una falta grave, a
pesar de ser sus jueces demócratas conocidos y brillantes, ha cometido el error
de ignorar a los ciudadanos peruanos. Esto quiere decir, atacar la fuente de
legitimidad del poder político del Perú. La fuerza de la Corte IDH está en que
se cumplan sus mandatos, en su poder moral; si sus mandatos no se cumplen, se
convertirá en un adorno del sistema interamericano.
El periodista Aldo Mariátegui en su columna en
(P21) califica a esta sentencia como una majadería de la Corte IDH y que esta
se ha zurrado en el Congreso autónomo y que “ha fabricado una sentencia en
base a una sentencia con fórceps usando un caso ajeno. Lean los dos votos en
minoría: esos sí son jueces de verdad”.
Agrega, para preocupación de millones de
fujimoristas, que el “indulto a Fujimori ya fue”, dando a
entender que esta Corte fallará en contra del indulto humanitario. Esta sería
la verdadera justificación de la sentencia contra el caso el Frontón. Así, la
Corte IDH mata dos pájaros con un tiro, para alegría de los enemigos del ex
presidente.
