Incertidumbre y prevención frente a la movilización del personal en retiro de las FFAA y PNP.

Hasta la fecha los integrantes de las FFAA, PNP, sus viudas y discapacitados, unidos e integrados, han participado en tres grandes movilizaciones, cuya finalidad es obtener una respuesta oficial, al pedido de reivindicación de sus derechos económicos, injustamente postergados por los gobiernos de turno desde hace veinte años. Y no se ha logrado nada.

Tres movilizaciones inéditas, que nunca antes se habían realizado en nuestro país con participación de personal en retiro, viudas y discapacitados. La primera en el mes de julio, luego el 14 de agosto de 2008 se realizó la gran parada cívica en el Campo de Marte y el 29 de agosto la movilización hasta el Congreso, la que fue violentamente repelida por la policía.

La característica fundamental de estas tres convocatorias, es que se han realizado con absoluto respeto a la propiedad privada. A diferencia de las marchas y movilizaciones de los gremios sindicalistas, como el de la CGTP y el gremio de la construcción, que se han distinguido desde antaño, por el empleo de la violencia y provocación a la fuerza pública.

Las movilizaciones del personal en retiro, viudas y discapacitados, han sido pacíficas, carentes de violencia, provocación y agresividad, en las que ha primado la cordura y la libre exposición de su discurso reivindicativo, con eslóganes y lemas alusivos a sus reclamaciones. Jamás se ha provocado a la policía, no se ha realizado ningún atentado a la propiedad ajena, ni a vehículos de transporte público y particular.

La ciudadanía es testigo que, ningún acto de intimidación se produjo durante las marchas, por tanto mal podrían se tildadas de golpistas o gestoras de desborde popular, ya que lo único que buscan y reclaman, amparados en la actual Constitución, es la pronta solución a sus demandas, que son de larga data. Pero, hasta la fecha solo han recibido promesas y más promesas.

¿Y cómo reacciona el gobierno ante estas y otras movilizaciones futuras?

Pues como siempre, incapaz de buscar una solución justa, sino más bien con una medida que ha sido calificada como represalia, un chantaje contra al personal en retiro de las FFAA.

Así, llama mucho la atención que con el oficio N° 220-2008-PR, de 20 de setiembre de 2008, el Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo someta a consideración del Congreso de la República, un proyecto de Ley que establece que el personal militar que pase a la situación de retiro por participar en la ruptura del orden constitucional no tendrá derecho a pensión, compensación, indemnización ni beneficio alguno”.

Por qué la urgencia en la aprobación de este proyecto. Quién está detrás de este propósito. La opinión pública nacional debe conocer que no solo agravios, desconsideración e indiferencia cosecha el personal en retiro, sino que además está presente la persecución judicial contra algunos de sus integrantes. O es qué hay preocupación en el gobierno por estas movilizaciones pacíficas y ordenadas.

El Proyecto de marras busca modificar los artículos 56° y 59° de la Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. Tengamos en cuenta que esta nueva Ley no serviría para aplicarla a la PNP, solo a las FFAA. Esto significaría la segmentación, la separación del personal en retiro, rompiendo la unidad y visaría neutralizar las futuras movilizaciones.

Los mencionados artículos quedarían redactados así:
“Artículo 56°.- Pensión, compensaciones, indemnizaciones y beneficios.
“El oficial que pase a la situación de retiro tiene derecho a la pensión, compensaciones, indemnizaciones y beneficios que establezca la legislación sobre la materia, salvo la causal contemplada en el literal L) del artículo 44° de la presente Ley. Los referidos derechos tienen carácter vitalicio. Únicamente pueden ser suspendidos o retirados, una vez concedidos, por resolución judicial (…).

Artículo 59°.- Pérdida de la condición militar.
“El retiro del grado militar, honores, remuneración o pensión, en atención a las previsiones constitucionales en la materia, incluyendo la participación en la ruptura del orden constitucional, comporta la perdida de la condición militar y de todos los derechos y beneficios derivados del mismo, y, determina la prohibición definitiva del desempeño de cargo, empleo o servicio alguno en las instituciones del sector”.
“La pérdida de la condición de militar se hace pública en la respectiva ceremonia de degradación, en atención a los procedimientos previstos (…).

Este proyecto ha sido percibido por los integrantes de los institutos castrenses, como una seria amenaza a su seguridad económica y la de sus familiares. Son conscientes que la única finalidad del mismo, es lograr desintegrar la unidad y consenso existente, entre el personal militar en actividad y sus familiares, quienes perciben el maltrato que recibe el personal en retiro. En el plazo corto ellos pasarán a esta situación inexorablemente y serán objeto de este mismo o peor agravio.

Lo más preocupante es que, no existe parangón con medidas similares que se hayan aplicado a otras organizaciones, entre ellas a los sindicatos como el Sutep. El proyecto deja de lado a la PNP, no sabemos con qué intenciones, pero, podemos presumir, que el gobierno está buscando dar un trato preferencial a la policía, presumiblemente viendo que en el corto plazo pueda necesitar de esta fuerza, en caso se agrave la situación social del país.

El gobierno nuevamente se equivoca, no solo busca desinformar a la opinión pública, al considerar las movilizaciones como parte de un plan que busca la ruptura constitucional, sino que, ha optado por blindarse frente a las movilizaciones pacíficas y ordenadas, en lugar de buscar una solución a las justas demandas de viudas, discapacitados, militares y policías.

Los integrantes de las FFAA en actividad, retiro, viudas y discapacitados, están realmente preocupados porque de aprobarse esta Ley, se cierne sobre ellos y sus familiares una nueva amenaza, que como una espada de Damocles tendrían sobre sus cabezas. Pero a la vez generará un gran descontento al interior, por la falta de decisión política para dar solución a las justas demandas del personal militar, viudas y discapacitados.

La impaciencia y desazón de las FFAA y PNP.

En su manifiesto a la República el 12 de noviembre de 1933, el líder y fundador del Apra Víctor Raúl Haya de la Torre al referirse a nuestras FFAA dijo “Con el aumento de los efectivos de la Fuerza Pública para el mejor desempeño del cometido que le corresponde, el partido Aprista reconoce que el material bélico de tierra, mar y aire debe mejorarse e incrementarse dentro de la capacidad de los recursos destinados con este fin, teniendo en cuenta las necesidades de la defensa nacional y las peculiaridades del país(…)” , el subrayado es mío.

El fundador del Apra con esa particularidad de visionar el futuro, no solo tenía muy claro el rol fundamental que cumplen las FFAA para la Defensa de la Soberanía e Integridad de la Nación, sino que, mostraba honda preocupación por solucionar las necesidades fundamentales referidas al equipamiento, preparación, capacitación y su entrenamiento permanente, para hacer frente a cualquier amenaza.

Posteriormente en 1938 desde Valparaíso, expresó: (…) “El aprismo reconoce la patriótica misión de la fuerza pública, su indiscutible trascendencia en la obra de la educación de nuestras masas indígenas y anhela colocar a los Institutos Armados en un grado de desarrollo hasta ahora conocido en el país, realizando, además, el ideal nacionalista de que ellos sean considerados por el pueblo peruano como el digno exponente de su poderío, de su capacidad defensiva y de su resguardo democrático”.

No dudamos que el discurso del fundador del Apra, en diferentes circunstancias, cobra actualidad frente al diferendo marítimo con Chile y lo conoce tanto el presidente Alan García como los demás líderes del partido del pueblo. Sin embargo los hechos demuestran lo contrario. No solo un aparente desconocimiento, sino lo peor, una gran indiferencia por solucionar la grave situación operativa, remunerativa y económica de las FFAA.

Durante la campaña pre-electoral realizada por el partido aprista, estableció como el uno de sus objetivos de su Plan de Gobierno: En defensa de nuestro territorio, Fortalecer la Defensa Nacional y el Orden Interno asegurando la integridad territorial y el patrimonio nacional, dar seguridad a toda la sociedad peruana y a las inversiones nacionales y extranjeras para contribuir al desarrollo nacional.

No es difícil interpretar, qué se entiende por fortalecer la Defensa Nacional y el Orden Interno. Todos estaremos de cuerdo en que se refiere al deseo y propósito de modernizar a las FFAA y PNP, dotarlas de un mejor equipamiento, así como una preparación y entrenamiento de su fuerza, acorde con los adelantos tecnológicos. Con el objeto de que cumplan con su misión y hacer frente a las amenazas internas y externas en las mejores condiciones.

En ese mismo Plan respecto a la reestructuración del sistema de Defensa Nacional, entre otras cosas se planteó: Diseñar y aplicar una política de Defensa Nacional, elaborar proyectos de ley que mejoren el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional, culminar la reestructuración de las FF.AA. y del SIN y propiciar la participación de los sectores no militares y Gobiernos Regionales en la Defensa Nacional.

Pero, además se consideró la necesidad de propiciar que la ley del servicio militar, incentive la participación de los jóvenes peruanos y contribuya a la formación de la conciencia nacional, finalmente la homologación de los sueldos de las FFAA y PNP a través de una Ley de Haberes.

Hoy somos testigos, que el gobierno aprista no solo ha incumplido su promesa al país, sino que, continúan aplicando una campaña de austeridad para la mayoría de peruanos, entre ellos médicos, enfermeras, policías y soldados, mientras por otro lado se da un festín de sueldos en la alta burocracia estatal, como lo ha denunciado este diario.

La parte más ancha para los funcionarios de alto nivel, ellos no están en austeridad, son los burócratas dorados de siempre; la parte más delgada para el resto del país, a ellos sí se les aplica la austeridad a rajatabla. Cobra actualidad el famoso dicho “a mis amigos todo, a mis enemigos la ley”.

No solo se ha dejado de cumplir gran parte de este plan aprista, sino que habiéndose comprometido con solucionar el problema de remuneraciones, compensaciones y pensiones, mediante una ley de haberes, esto no se ha realizado y no se tiene la seguridad que se cumpla en el futuro. Ya lo ha manifestado muy diáfanamente el señor Del Castillo, quien pide más paciencia.

La situación es que, todo lo tramitado hasta la fecha respecto a las justas demandas de las FFAA y PNP, viudas, discapacitados y empleados civiles, ha caído en saco roto. Los militares y policías han cargado sobre sus hombros durante estos años, la paciencia como una costra dura, con estoicismo y sacrificio. Con plena seguridad no tienen piel de cocodrilo, son 20 años de espera, hasta Job se hubiera aburrido.

Para nadie es un secreto que existe una gran diferencia entre las funciones que cumplen los integrantes de las FFAA y PNP con los funcionarios de la dorada burocracia y empleados públicos. Esa diferencia está marcada por una serie de funciones que deben realizar para cumplir con la finalidad constitucional.

Así, vemos que en su sacrificada labor las FFAA y PNP deben cumplir con una serie de actividades como: trabajar a dedicación exclusiva, estar a disposición del servicio las 24 horas del día todo el año. No pueden conformar sindicatos ni hacer huelgas ni marchas. Pueden ser cambiados de colocación en cualquier momento. Están expuestos a riesgos de conflictos internos y guerra exterior.

Pero no solo eso, sino que además para cumplir con su misión muchas veces fuerzan a su familia a trasladarse a lugares inaccesibles, insalubres y de menor desarrollo, poniendo en riesgo la integridad física, educación y salud de sus familiares. No reciben ningún pago adicional por horas extras. Sus hijos no pueden estudiar de manera permanente en una escuela, colegio o instituto. Nada de estos sacrificios viven los funcionarios y empleados de la burocracia estatal.

Los integrantes de las FFAA y PNP gracias a la labor de zapa que desarrollan las organizaciones de derechos humanos, la izquierda caviar y las ONG´s de izquierda, están sumamente expuestos a ser sometidos a la justicia, en caso de cometer algún error durante el cumplimiento de su misión, en defensa de la Democracia y los valores cristianos que nos han inculcado.

Prueba de ello, son los más de 800 oficiales, suboficiales y tropa enjuiciados por cumplir órdenes durante la década del 90 del siglo pasado, que enfrentaron a las organizaciones terroristas de SL y el MRTA. Hoy son perseguidos por organizaciones que solo buscan réditos para sus organismos de derechos humanos y defienden a los terroristas.

Estamos lamentablemente ante un doble discurso del gobierno, por un lado, nos han asegurado que estamos en crecimiento, que nuestras reservas son altas, que está llegando inversiones extranjeras; por otro lado, nos dicen que estamos en austeridad, que no hay aumento de sueldos para nadie, que nos ajustemos los cinturones y que tengamos mucha paciencia. Sobretodo hoy, que suben los precios de los alimentos de primera necesidad y nos amenaza nuevamente la inflación.

Pero, la solución al problema salarial de militares y policías está en manos del presidente García, porque durante su primer gobierno mediante el DS. 213-90-EF del 19 de julio de 1990, se aprobó el Sistema de Remuneraciones, Bonificaciones, Beneficios y Pensiones del personal militar y policial.

Así, el percibo total de un general de división y sus equivalentes, sería el 75% de la remuneración total de un congresista y que el percibo total de un Técnico Jefe Superior sea la semisuma del percibo total del Mayor y Capitán. Lo cual no se ha cumplido hasta la fecha.

Los integrantes del Comité Coordinador de las FFAA, PNP, Viudas y Discapacitados, se ha reuniendo desde el año 2007 con el Ministro de Defensa, para plantear la necesidad de implantar una nueva escala de remuneraciones, teniendo como base el DS 213-90-EF.

Se logró consenso y se firmó una Acta de Acuerdo, comprometiéndose que la Ley de pensiones 19846 de las FFAA y PNP no se vería alterada ni modificada y la aprobación del proyecto para ser considerado a partir del 2009. Ejecutándose en cinco etapas, que se iniciaría con un incremento del 30% en la primera, 20% durante las tres etapas siguientes y finalizando con el 10% en la quinta etapa.

En cuanto a la solución de la problemática de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP). Su actual situación de inminente quiebra, podría solucionarse con un reconocimiento del Estado de las importantes deudas que mantiene con la CPMP, el traslado de cinco promociones al sistema de Montepío, que se produzca el incremento de aportes de acuerdo a la nueva escala y que esta se implemente a partir del inicio del año fiscal 2009.

Estando a puertas de la reunión de la APEC, no esperemos que esta situación se agrave y sea inmanejable, existen antecedentes recientes Moquegua y la Selva, y además en un hecho sin precedentes, este año en tres oportunidades el personal en retiro de las FFAA y PNP, junto a las viudas y discapacitados ha expresado su malestar.

En la última movilización al llegar cerca al Congreso y sin causa justificada, fueron repelidos por la PNP violentamente con gases y varazos contra mujeres y discapacitados. Con seguridad por órdenes superiores. Un hecho que no se debe repetir, porque bien podría dar lugar a una respuesta. Recordemos la marcha de los cuatro suyos de Toledo.

Consideramos que el gobierno debe realmente hacer un esfuerzo, buscar una solución justa, inteligente y equitativa para este grave problema remunerativo de militares y policías, no pueden ser ciegos y sordos a sus justas demandas. El ambiente se está enrareciendo, la paciencia tiene un límite, lo han manifestado los diferentes miembros de las organizaciones de retirados, viudas y discapacitados.

Publicado en el diario La Razón de Lima -Perú el 18 de setiembre de 2008, bajo el título de "Festín de sueldos para la burocracia dorada, indiferencia para las Fuerzas Armadas y PNP"

Expedición Lynch, 46 días de destrucción y muerte

Hace 128 años dirigió saqueos de los pueblos más prósperos del norte del país

Han transcurrido 128 años desde el 4 de setiembre de 1880, cuando nuestros principales puertos y haciendas del norte fueron destruidos por la expedición Lynch. El 6 de noviembre de 1881 Francisco García Calderón es tomado preso y enviado a una cárcel en Chile.

En una entrevista realizada 7 de septiembre de 1883, por un reportero del periódico New York Herald, al almirante chileno Patricio Lynch, jefe de las fuerzas de ocupación en Lima, declaró acerca del general Miguel Iglesias lo siguiente:

“Al fin un valiente militar y un patriota bien intencionado, el general Iglesias, se ha presentado para redimir su país. Le damos toda clase de auxilios, le damos dinero y armas, derrotamos a sus enemigos y le damos prestigio. ¿Con qué objeto? Para que pueda venir la paz”.

“Hemos evacuado el norte del Perú, hemos dado al gobierno de Iglesias la valiosa Aduana de Salaverry (puerto de Trujillo) y solo por razones de humanidad no sacamos a nuestras tropas de otros muchos lugares porque las poblaciones quedarían saqueadas sin piedad por merodeadores peruanos si las evacuáramos”.
“Ahora o nunca tiene que establecer el Perú un gobierno moderado y honrado y es de esperar que lo que ha sobrevenido podrá ser una lección útil a los peruanos para saber disciplinarse”.

Pirata

¿Y quién es Patricio Lynch?
La piratería es una actividad tan antigua como la navegación misma. Una embarcación privada o estatal amotinada atacaba a otra en aguas internacionales o lugares sometidos a la jurisdicción o no de un Estado con el propósito de robar su carga, exigir rescate por los pasajeros, convertirlos en esclavos y muchas veces apoderarse de la nave. Quienes realizaban esta práctica se denominaban piratas y robaban por cuenta propia.

Los corsarios eran marinos contratados y servían en naves privadas con “patente de corso”, es decir tenían permiso de la autoridad para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas. La distinción entre pirata y corsario es parcial, porque corsarios como Francis Drake o la flota francesa en la Batalla de la Isla Terceira fueron considerados vulgares piratas por las autoridades españolas.

El Callao desde tiempos del virreinato fue “visitado” por piratas y corsarios de toda laya. El más célebre ataque pirata contra el primer puerto del virreinato del Perú fue realizado por el legendario Sir Francis Drake, socio de aventuras del pirata negrero John Hawkins, en tiempos del virrey Francisco de Toledo (1569-1581), cuando reinaba en España, Felipe II (1556-1598).

Drake salió de Inglaterra en diciembre de 1577 con 5 naves rumbo a Brasil, penetró en el Río de La Plata, luego atravesó el estrecho de Magallanes en agosto de 1578. Aunque solo conservó su propia nave, tomó rumbo hacia el norte y realizó asaltos sorpresivos en Valparaíso, Coquimbo y Arica.

Protegido por las sombras de la noche, se apoderó en el Callao de las naves surtas en la bahía el 13 de febrero de 1579, transbordó a la suya toda la carga que juzgó útil y luego las hundió o soltó a merced de la corriente. Inmediatamente prosiguió hacia el norte para eludir los preparativos de defensa en el puerto.

En los días del ataque de Drake al Callao, el virrey Toledo tenía en prisión a un pirata inglés capturado en Panamá mientras intentaba robar esclavos en tierra firme: John Oxenham, quien concluyó sus días en una prisión de Lima. En 1587, en tiempo del virrey Fernando Torres y Portugal (1585-1589), Conde del Villar Dampardo, fue traído un grupo de piratas ingleses capturados en el estuario del Plata.

El Callao rechazó con éxito otras incursiones, hasta que en 1624, en tiempos del virrey Marqués de Guadalcázar, el Callao fue sitiado por el holandés Jacob Clerk, apodado Jackes L’Hermite, el “Ermitaño”. Durante la batalla en defensa del puerto los piratas tomaron como base la isla San Lorenzo, donde sepultaron a sus camaradas caídos, entre ellos, el propio L’Hermite, víctima posiblemente del cólera.

El más sanguinario
Pero el más sanguinario no había llegado sino hasta setiembre de 1880, cuando asoló puertos y haciendas. Patricio Lynch, quien se comportó como un vulgar bucanero, los bucaneros eran matarifes de reses y se convirtieron en carniceros de hombres. Fue propio del Caribe y el segundo cuarto del siglo XVII. Pero, además, Lynch por su comportamiento durante el ataque artero, traicionero y a mansalva a los puertos y haciendas de nuestro litoral, desprotegidos, abandonados por la inercia de Nicolás de Piérola, recibió el calificativo de filibustero, “el que captura el botín libremente”.

Con seguridad se preguntarán por qué el calificativo de “pirata-corsario-bucanero-filibustero” que se le endilgó a Patricio Lynch, el gran almirante chileno que recorrió nuestra costa desde Arica hasta Paita, dejando a su paso destrucción, desolación, impunidad, muerte, robo, imponiendo cupos a las poblaciones indefensas, destruyendo la infraestructura de las haciendas, etc.

Después de la caída de Arica en manos chilenas y la muerte de Bolognesi, la flota chilena tenía nuestro océano libre para desplazarse sin temor y transportar sus vituallas, personal y proseguir las operaciones militares hacia nuestra capital, tal como era el interés del ministro de guerra chileno Manuel Vergara, quien contaba con el apoyo del Ejército en poder de Baquedano.

La opinión pública estaba azuzada por los diarios chilenos que deseaban la continuación de la guerra, como El Independiente de Santiago del 23 de agosto de 1880, que expresaba: “A Lima! para dar el golpe de muerte a esa serpiente, para firmar en el palacio de los virreyes el tratado de paz que nos dé, como reparación e indemnización de guerra, la costa del Pacífico hasta el grado 19; a Lima, en fin, para satisfacer el anhelo vehemente de nuestros soldados”.

El detonante
A partir del 10 de abril de 1880, el Callao fue bloqueado, el almirante Galvarino Riveros dio un plazo de diez días para poner a buen recaudo los bienes neutrales y privados, al término del cual bombardearía el puerto. Vencido el plazo, el 22 de abril se ejecutó el primer bombardeo, sin muchos efectos en las propiedades y población. El 10 de mayo se realizó el segundo bombardeo, hizo 418 disparos, no alcanzó a causar perjuicios, fracasando en su cometido.

Un hecho que precipitó la autorización a Lynch para sus correrías en nuestro litoral, a no dudarlo, fue el hundimiento del Loa, por una acción arriesgada de nuestros antepasados. Quienes colocaron una trampa explosiva en una embarcación, utilizada como señuelo y tentando la angurria de los “rotos”. La nave pequeña contenía frutas, verduras y animales de crianza. Cuando izaban la carga a su nave, explotó una bomba que sacudió al Loa, matando a cerca de 130 hombres de su tripulación.

Este hecho, singular, realizado por defensores anónimos del Callao, con valor, ingenio y creatividad, causó una grave crisis en el gobierno mapochino. Chile a esta acción valerosa de un grupo de peruanos respondió azuzado por su prensa, parametrada, patriotera y al borde del paroxismo, para que Pinto autorizara la expedición Lynch.

La expedición
El 26 de julio de 1880 el Mercurio de Valparaíso traducía su odio contra nuestro país al expresar: “Venganza, venganza clama hoy el infante y el viejo, el guerrero y el sacerdote; venganza pronta, rápida, enérgica, eficaz, sangriento, es lo que nos grita en cada uno de sus rayos el sol que nos alumbra, el mar que nos baña, el aire que nos vivifica. A estas horas no hay en Chile otro sentimiento, otra expresión, otro deseo que este: venganza y se repite con renovado furor el grito de a Lima, a Lima”.

Patricio Lynch recibió la autorización de Aníbal Pinto a su plan de acción en estos términos: “Junio 22. La idea de una expedición me parece muy bien. Organízala tú. Dime qué buques y tropas necesitas. Envíanos un plan bien detallado indicándonos lo que necesitas llevar…”; durante 46 días asoló nuestra costa, llevando muerte y desgracia a los principales puertos y haciendas azucareras del norte.

La fuerza expedicionaria al mando de Lynch debía sujetarse, entre otras cosas, a que contaría con dos buques, la corbeta Chacabuco y el vapor Abtao, y un total de 2,200 hombres. Podía tomar los acopios de víveres u otros artículos de utilidad, destruir el material rodante de los ferrocarriles. También perseguir remesas de armas, recoger ganado, imponer contribuciones de guerra, exigir pago en metálico o especies, como azúcar, algodón, arroz, alcoholes. La cuota de contribución lo hará efectiva con todo rigor, apelando si es necesario, a la destrucción de la propiedad. Destruir la economía del país. Tal como lo hizo.

Lynch al llegar a Chimbote impuso cupos a lugares y personas seleccionadas, entre ellas a los dueños de la hacienda Palo Seco, la maquinaria de esta hacienda, una verdadera ciudad, estaba valorizada en 100,000 libras esterlinas. Contaba con la casa principal semejante al Palacio de la Exposición de Santiago. Colocaron dinamita para destruir el trapiche, los calderos, el alambique, el edificio, el ingenio de arroz, las casas destruidas completamente. Muerte y destrucción dejó Lynch en Palo Seco.

En el norte

Seguidamente, Lynch se desplazó a la hacienda San Nicolás, donde, al igual que en Palo Seco, destruyeron la maquinaria, los edificios, casas, bodegas y almacenes, se llevaron todo el algodón que encontraron y que estaba en fardos en el almacén.

Posteriormente se trasladaron a Paita para interceptar una nave extranjera que traía en sus bodegas 28 cajones consignados al gobierno peruano con dinero para circular en el país, en total 7’290,000 en billetes y 375,000 en estampillas de franqueo común.

El país sufrió un fuerte golpe por la utilidad que el enemigo le pudo dar ulteriormente. A Paita le impusieron como contribución de guerra la cantidad de diez mil pesos de plata, pero como no pudieron pagar, incendiaron y redujeron a cenizas las instalaciones.

Luego seguirían Eten y Ferreñafe, en Chiclayo, a los que impusieron un cupo de 150,000 pesos, que no pudieron pagar en las 48 horas de plazo, por lo que Lynch ordenó la destrucción, incendio y muerte. El cómplice de Lynch, Stuven, se desplazó hacia Ferreñafe, impuso cupos a las haciendas más importantes. La administración del ferrocarril de Eten, la hacienda Llape, la hacienda Cayaltí, entre otras, pagaron sus cupos.

En octubre las fuerzas expedicionarias llegaron a Trujillo e impusieron un cupo de 150,000 pesos que no pudieron pagar, por lo que Lynch ordenó destruir el puente sobre el río Chicama e incendiaron la estación ferrocarril de Ascope y Chocope. El 26 de octubre, Lynch, después de haber causado muerte y destrucción como una tormenta, abandonó Trujillo, con sus naves bien cargadas de oro, plata y especies que había robado a los pacíficos e indefensos habitantes.

Condena de Markham
Lynch fue obligado por su gobierno a declarar todo lo obtenido. Este hizo un inventario para cubrir las apariencias y a su conveniencia. Según el historiador chileno Barros Arana, parcializado con su paisano, dice que el increíble botín de este buitre llamado Lynch ascendió a, como producto de las contribuciones de guerra, 29,050.00 libras esterlinas, 11,428 pesos en dinero y 5,000 pesos en papel moneda, oro y plata en barras, un cargamento considerable de mercancías.

Respecto de las acciones de Lynch en nuestras costas, Sir Clements R. Markham expresó: “Así terminó esa expedición de pillaje y de criminal saqueo; perpetua infamia para sus autores y para el Gobierno que proyectó y aprobó su ejecución…”.
Por su parte, un senador chileno por Coquimbo elevó una protesta a su gobierno, indicando: “Ibamos a resucitar los días de los corsarios en nuestro propio territorio cuando el mundo entero de común acuerdo acababa de abolirlos...”.

Sin comentarios.

Publicado en el diario La Razón de Lima-Perú, el 11 de setiembre de 2008.

EL INFORME DE LA EX_CVR Y LA GUERRA PSICOLÓGICA.

“…Pero aquí estamos. Porque ganamos la guerra de las armas y perdimos la guerra psicológica…”
Almirante Massera.

Este 31 de agosto último se conmemoró el quinto aniversario de la presentación del Informe Final de la ex_CVR denominado Hatun Willakuy, que traducido al castellano significa “Gran Relato”. Pero, lo que no se recordó es que la mencionada comisión presentó el 17 de junio de 2003, en la sede de la ONU en New York-USA ante los organismos de derechos humanos y políticos de dicho país, los avances de su investigación.

El objetivo de esta presentación previa, fue conseguir respaldo político, económico e ideológico a su informe final, con lo cual estaban vulnerando la soberanía del Estado peruano, al contravenir lo expresamente dispuesto por los DS N° 065-2001-PCM y DS N° 063-2003-PCM, que señalaban la obligación de entregar el informe final de manera originaria al Presidente de la República y a los representantes de los otros poderes del Estado.

El presidente de la ex_CVR, en el prefacio del Informe abreviado, indica que “Se nos pidió investigar y hacer pública la verdad sobre los veinte años de violencia de origen político iniciados en el Perú en 1980. Al cabo de nuestra labor, podemos exponer esa verdad con un dato abrumador y al mismo tiempo insuficiente: la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha concluido que la cifra más probable de víctimas fatales en esas décadas supera los 69,000 peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de organizaciones subversivas o por obra de agentes del Estado”.

Continúa en el siguiente párrafo expresando que “Nos ha tocado rescatar y apilar uno sobre otro, año por año, los nombres de los peruanos que estuvieron y ya no están: La cifra es demasiado grande como para que nuestra Nación permita que se siga hablando de errores o excesos de parte de quienes intervinieron directamente en esos crímenes. Y es, también, demasiado estridente y rotunda como para que alguna autoridad o un ciudadano cualquiera. Este informe expone, pues, un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humana y no lo hicieron”.

Eduardo Galeano en su obra cumbre “Las venas abiertas de Américalatina”, nos conduce en su relato, por los caminos de las exacciones y latrocinios del que fue objeto Latinoamérica por los imperialismos europeos en el siglo XVI. Cuanta violación de derechos humanos de los naturales, genocidio, antipatía y usura se derrochó en contra de los indígenas y sus riquezas naturales, en esta parte del planeta.

Actualmente en nuestro país vivimos otro tipo de coacciones e imposiciones, de explotación del sentimiento de animadversión, hacia personas que siendo juzgadas, son objeto de una inmisericorde campaña mediática, para influenciar en la opinión pública nacional, jueces y hacer realidad ese sentimiento de venganza y persecución, contra las FFAA, PNP y algunos integrantes del gobierno de Fujimori, sometidos desde hace ocho años.

Sí, vemos con mucha preocupación, que las venas están abiertas aún, pero, son las venas del odio, la aversión y la avaricia, que domina a representantes de organizaciones de derechos humanos, que se han manifestado en toda su dimensión con ocasión del quinto aniversario de la entrega del famoso informe de la ex_CVR. Que como podemos apreciar, no ha reconciliado a nadie, más bien ha polarizado al pueblo peruano.

La opinión pública nacional ha percibido claramente, que existe una clara campaña de guerra psicológica sostenida y orquestada por estas organizaciones y algunos medios de comunicación, contra las FFAA y PNP, que vencieron a la subversión homicida y violenta. Cuya mejor demostración es el sinnúmero de entrevistas a sus representantes, ceremonias, reportajes escritos y televisados, buscando resaltar este quinto aniversario del Informe. Para qué. Con qué objeto.

Para nadie es un secreto que esta ex comisión, recibió más de diez millones de dólares como presupuesto y que finalmente dicho documento no ha servido para el fin que se habían propuesto. No ha reconciliado a nadie, ni lo logrará en el futuro, además contiene datos sobre víctimas que han sido considerados inverosímiles por especialistas. Sus conclusiones finalmente, constituyen su verdad y no la de todos los peruanos.

Lo que si percibe nuestro pueblo, es el odio, xenofobia, rencor y animadversión que traslucen esos reportajes, tanto escritos, televisivos y radiales contra las FFAA y PNP. Campaña dirigida y orquestada contra las fuerzas de seguridad de la nación, que nos salvaron del flagelo terrorista, a quienes estas organizaciones, con sus áulicos y adláteres defienden a capa y espada.

La intencionalidad de los mensajes de estos diarios y programas televisivos, tienen por objeto modificar las opiniones, sentimientos y conducta de nuestra población; ponerlos en contra de sus FFAA y PNP. Algunos de sus representantes, han pedido que nuestras fuerzas de seguridad pidan perdón. Mientras ellos acongojados rinden pleitesía en el “ojo que llora” a quienes iniciaron una guerra fratricida, que trajo violencia y destrucción a nuestra patria. La amnesia colectiva los ha capturado, el olvido machaca sus cerebros.

Se conoce que la estrategia contrasubversiva fue ganarse la adhesión de la población para romper el nexo con las organizaciones subversivas. Esa misma estrategia la vienen aplicando estas organizaciones de izquierda, para separar a la población de sus FFAA , PNP y estudiantes. Cómo se explica entonces, que se haya infiltrado en los textos de sociología para secundaria, conceptos que valorativamente ponen a los estudiantes contras las fuerzas de seguridad de nuestro país.

Esta gran campaña sicológica, emprendida desde hace ocho años, busca impregnar en la mente de la población peruana, que Fujimori es culpable, que nuestras FFAA y PNP son genocidas. Son las mismas conclusiones que ha venido sosteniendo el famoso informe. Esta campaña no escatima esfuerzo, tiempo, ni economía, hay una constante repetición de los mensajes y las apelaciones en artículos y caricaturas.

La campaña sicológica que han emprendido contra las FFAA y PNP tiene como fin supremo la destrucción de sus valores o virtudes, la unión, confianza y su moral para dominar sus actitudes y conducta. Para ello cuentan con el apoyo o ayuda de una gran cobertura mediática. Están aprovechando la oportunidad psicológica del aniversario del Informe y en ese gran escenario en que se ha convertido la parte final del megajuicio a Fujimori.

Así, mucho antes que el Dr. César San Martín y el colegiado, se pronuncien oficialmente. El juicio mediático ha sido lanzado como una bola de nieve. Está provocando un alud de inconmensurable tamaño y poder, que no solo barrerá en su camino con Fujimori, las FFAA y PNP, sino que pondrá al país de rodillas ante los organismos supranacionales. Entonces sí celebrarán con placer los enemigos de la patria.