viernes, 23 de diciembre de 2011

La “Flexibilización” del Poder Judicial.

El 19 de febrero de 2003 siendo Ministro de Justicia Fausto Alvarado Dodero y presidente Alejandro Toledo, se refrendó el Decreto Legislativo N° 927 que regula los beneficios y los procedimientos en materia de ejecución penal relativos a los condenados por delito de terrorismo. Gran triunfo de las organizaciones terroristas que asolaron al país, beneficiados por un gobierno que quiso reivindicar a estos “luchadores sociales”, equivocadamente.

El artículo 4° es muy claro y contundente al respecto, habla sobre la liberación condicional de los terroristas “Los condenados a pena temporal por delito de terrorismo podrán acogerse al beneficio penitenciario de liberación condicional cuando hayan cumplido efectivamente los tres cuartos de la pena impuesta (…)”.

Diego García Sayán Larraburre fue Ministro de Justicia del gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Durante este gobierno se flexibilizó el trato a los terroristas que purgaban condena en las cárceles del país y se creó la ex Comisión de la Verdad, a la que Toledo le agregó Reconciliación. ¿Reconciliación después de 10 años?

Es muy probable que debido al apoyo que recibieron los terroristas, de los gobiernos de Paniagua y Toledo, García Sayán fuera designado desde el 2004 a la fecha, inicialmente como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente como presidente de esta Corte con sede en Costa Rica. Una trayectoria envidiable para cualquier abogado de tendencia izquierdista o caviar.

¿Qué busca el Juez san Martín? Al parecer no ha sido suficiente en su CV el hecho de haber juzgado al ex presidente Alberto Fujimori. Pareciera que quiere seguir los pasos de García Sayán. Ya serían dos, porque el ex ministro de justicia Francisco Eguiguren, quien opinó analizar la propuesta del sicario del terrorismo Artemio y aseguró que los comandos que participaron en el operativo “Chavín de Huantar” no serían procesados, habría estado en la misma ruta. Al parecer hay una embajada que se interpone, como una maldita pared.

De un tiempo a esta parte el Poder Judicial es visto como aquel poder que permite una gran flexibilización cuando se trata de hacer cumplir las sentencias que se imparten a los terroristas. Las últimas autorizaciones que este poder ha realizado a tres terroristas emerretistas, que gozaban del beneficio de liberación condicional, según propia declaración del presidente de la Corte Suprema. “Los reos con liberación condicional cumplieron con regresar al Perú y continuar sometiéndose a las reglas de conducta impuestas por la autoridad judicial”.

Parece que, el retornó al país de los reos que se beneficiaron con autorizaciones del poder judicial, para el presidente del Poder Judicial es justificación, para que esta regla se aplique a todos los reos por terrorismo.

Cuando se trata de justificar lo injustificable, los jueces siempre recurren al San Benito de “la independencia de cada juez que es una autoridad pública”. La opinión pública nacional, esta harta y desconfía, precisamente de esa “independencia”.

Muchos jueces tienen la conciencia retorcida por un puñado de dólares o por unos dólares más. La prensa ha denunciado innumerables veces que algunos jueces han sido detenidos recibiendo coimas. ¿Esa es la conciencia independiente a la que alude el Presidente del Poder Judicial? ¿Qué hay detrás de esta flexibilización?

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