Durante el gobierno de Alejandro Toledo se adoptó la actual regionalización del país. Con tal de satisfacer el apetito de las organizaciones regionales, que lo apoyaron en las elecciones del 2001, se creó una regionalización sobre la base departamental. En la práctica está demostrando que fue una mala decisión política.
Esta regionalización, fue construida sobre los cimientos y zanjas de los departamentos. Son su calco y copia; anverso y reverso de una decisión apresurada, que en su momento fue duramente criticada. Lo único que aumentó fue el poder de los pequeños caciques elegidos como “Presidentes”, devaluando el sustantivo, una burocracia regional retrógrada y el mal empleo de los ingentes recursos del estado, provenientes del canon.
Si debemos buscar a los responsables de la situación caótica por la que atraviesan las actuales regiones, debemos mirar el pasado y expresar que, lo que nació mal, crece mal y termina mal. Es urgente reformar la regionalización del país, para evitar los estallidos de violencia, que con seguridad se darán en el futuro.
Por ello, es válido preguntarse, hasta cuándo durará la luna de miel entre Perú Posible y Gana Perú. El ex presidente Toledo nos sorprende cada vez que viene al país de visita. Utiliza un doble discurso frente a las decisiones del gobierno. Critica la coyuntura político social del país, luego la apoya. Ser y no parecer.
¿Es una forma de presionar al gobierno y hacer indispensable su apoyo, o la búsqueda de mayores ventajas para su partido? La política es dinámica y en función a intereses se plasman las negociaciones. El gobierno para preservar, la tranquilidad, paz social y gobernabilidad, tiene que negociar hasta con el diablo.
El pacto Apra-Uno (Haya de la Torre- Manuel Odria), durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde, es el mejor ejemplo de una negociación política histórica contra natura. Las izquierdas y derechas juntas, poniendo piedras y troncos a las acciones del gobierno de Belaúnde.
Por eso, caminando hacia un nuevo escenario en el cortísimo plazo, vale bien plantearse esta interrogante ¿qué otro partido estará en condiciones de ayudar a la gobernabilidad, en el largo trecho que le queda al gobierno? Humala debe estar analizando la situación y sus asesores trabajando en ello.
En el Congreso con el apoyo de Perú Posible y Fuerza 2011, se logró un acuerdo importante para, sancionar al segundo vicepresidente, el resultado casi unánime a favor de la suspensión temporal, es una demostración palpable que funcionó.
Hay amores que se rompen en un día, otros que duran un mediano plazo y los hay aquellos que duran toda una vida. Cuál es el espacio temporal que caracterizan a Perú Posible y la izquierda liderada por Javier Diez Canseco. Este grupo, al paso que va el gobierno, en cualquier momento abandonará el barco.
En qué momento se romperá ese acuerdo de cogobierno con Perú posible. No lo sabemos. Lo que si podemos inferir es que de todas maneras llegará ese momento. Toledo tiene sus pretensiones para el 2016, sueña con reeditar su primera vez. Y qué hará Humala el día que Toledo le diga ¡hasta aquí nomás!
Sin el apoyo de Perú Posible, probablemente no se hubiera podido sancionar éticamente a Omar Chehade con la suspensión de 120 días. Está pendiente la sanción que interpondrá el pleno del Congreso por recomendación de la comisión de Acusaciones Constitucionales.
¿Se logrará el mismo consenso? A la luz de las indicaciones, declaraciones y opiniones de algunos congresistas de Gana Perú, parece que, todo se encamina a no aprobar la recomendación de suspender a Omar Chehade. Allá ellos. Más tarde que nunca se arrepentirán. Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico.
El país y especialmente la población de Cajamarca, poco a poco se recupera del paro violento anti minero, que causaron pérdidas del orden de US $ 100 millones de dólares a Cajamarca. El presidente Ollanta Humala tomando el toro por las astas, decretó el estado de emergencia. ¡Bien!
La paz social, el estado de seguridad que debe existir en el ámbito nacional, son condiciones indispensables para atraer inversiones, por tanto, estas garantías son responsabilidad del gobierno. El presidente Humala tiene y dispone de los mecanismos constitucionales, para imponer su autoridad, preservando el respeto a los derechos humanos de la población y la fuerza pública.
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