miércoles, 2 de junio de 2010

Las injusticias del Poder Judicial.

El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la "Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional". Entró en vigor el 1 de julio del 2002.

El Estatuto de Roma indica en su Artículo 24 (Irretroactividad ratione personae) “1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”.

La memoria es frágil, muy pocos recuerdan los hechos demenciales de los terroristas, la forma como asolaban a nuestro país con sus huestes sedientas de sangre. Los coches bomba eran pan de cada día, el derribo de torres de alta tensión una hecho cotidiano. Los asesinatos selectivos de autoridades y dirigentes sindicales se sucedían como una noria. Los secuestros y las cárceles del pueblo horrorizaban a la población.

La mayoría de tiendas tenían un motor eléctrico como parte del panorama comercial. Los ciudadanos salían a sus trabajos sin la seguridad de regresar en la noche a reunirse con su familia. Mientras en la zona andina, columnas de terroristas ingresaban a poblados y realizaban juicios populares, asesinando a humildes campesinos y autoridades.

Así vivía el país entero, en ascuas, con el temor serpenteando la espalda desde la nuca al coxis. Mientras en el poder se sucedían Belaúnde, Alan García, luego Fujimori quien tomó la decisión política de acabar con este flagelo demencial. Posteriormente el encargado de gobierno Paniagua creador de la ex CV organismo que con Toledo devino en CVR. Ambos retrocedieron en la lucha contrasubversiva y son responsables, que los remanentes de SL hayan solidificado el matrimonio con el TID en el VRAE:

Los jueces y fiscales no podían cumplir con sus funciones y altas responsabilidades por temor a las amenazas o ser objeto de algún atentado, junto a sus familiares. Innumerables veces liberaron a terroristas apelando a la “falta de pruebas”. Hoy con toda la tranquilidad del mundo, disparan decisiones judiciales contra los miembros de las FFAA que enervan y avergüenzan a propios y extraños.

Los empresarios e industriales pedían al gobierno mano dura. Algunos empresarios fueron secuestrados, chantajeados y pagaron cupos a las organizaciones terroristas. Los que no pagaban, eran asesinados vilmente después de permanecer en las cárceles del pueblo, viles mazmorras que hacían recordar a los campos de exterminio nazi, verdadero genocidio. ¡Ya se olvidaron!

El año 1992 el ex presidente Alberto Fujimori emitió la legislación antiterrorista en ese marco legal, promulgó el Decreto No. 25659 que tipificaba el delito de traición a la patria y determinaba la pena de cadena perpetua y juicio en fuero militar a quienes eran sentenciados bajo este decreto y el decreto No. 25475 tipifica el delito de terrorismo y determina la pena mínima de 20 años y máxima de cadena perpetua a quienes sean sentenciados por este delito.

Sin embargo, pasada la violencia y el caos, y de vuelta a la calma social en el país, en enero del 2003 el Tribunal Constitucional del Perú emitió una sentencia por la cual reforma la Ley antiterrorista. Estas reformas derogan el decreto 25659 y por ende los juicios por terrorismo en fuero militar. Puesto que desde el año 1997 no se utilizaba a los jueces sin rostro.

Así, los presos por terrorismo y que fueron juzgados bajo la legislación anterior es decir por el decreto 25659, tuvieron que ser nuevamente juzgados con el decreto 25475. Con penas más benignas no acorde con el daño económico, moral y la destrucción de bienes que ocasionaron a los peruanos. ¿Quién paga todo el daño económico que le hicieron al país?

La Corte Interamericana sentenció en mayo de 1999 que los decretos Nos. 25475 y 25659 son incompatibles con la Convención Americana. Y ordenó al Perú: "Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías."

Frente a estos hechos no podemos perder la brújula ni el rumbo, apreciamos en su real dimensión que el Estado peruano está perdiendo la “Lucha Política” contra los terroristas. Esta lucha estaría orientada a los siguientes objetivos: Lograr el cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao, la “amnistía general” para su líder Abimael Guzmán, la excarcelación de todos sus detenidos, la captación de nuevos adeptos y el evidente desprestigio de las fuerzas del orden.

La liberación anticipada de la emerretista estadounidense Lori Berenson, ha causado gran consternación en el pueblo peruano y un sabor amargo para soldados, policías y ronderos que lucharon contra el flagelo terrorista y hoy continúan entregando sus vidas y derramando su preciada sangre, por defender la democracia en la selva del VRAE enfrentando al narcoterrorismo.

El pueblo peruano, se pregunta por qué esa plasticidad y laxitud a favor de terroristas, mientras por otro lado se demuestra una inflexibilidad irracional, para denunciar y juzgar a soldados, policías y ronderos, quienes lucharon precisamente, para que estos señores hoy estén bien sentados en sus oficinas impartiendo justicia.

Prueba de ello son los innumerables casos judiciales abiertos contra miembros de las fuerzas del orden. Pareciera que esa vieja predica terrorista “persigue, enjuicia y encarcela a los que lucharon contra la revolución” sigue como una práctica sutil generalizada en el ámbito judicial y está siendo utilizada para intentar minar y debilitar el espíritu de lucha de los soldados que combaten en el VRAE.

Los datos son elocuentes actualmente son 748 los soldados involucrados en procesos judiciales interminables, por el pecado de haber luchado en zonas declaradas en emergencia, por el gobierno de turno. De los cuales 160 están en actividad y 588 en situación de retiro. Lo más delicado es que 127 oficiales en actividad, tienen serios aprietos para desempeñar sus funciones, debido a los procesos judiciales que se les sigue. En cuanto a los retirados esta cifra se triplica, son 364.

El caso denominado Pucará por la ex_CVR, estará llegando a su término. Los próximos días el colegiado integrado por los vocales David Loli Bonilla, Enma Benavides Vargas y Rosa Amaya Saldarriaga, dará su sentencia final. Son 41 oficiales y suboficiales del Ejército Peruano (EP) acusados de ejecutar extrajudicialmente a 8 pobladores en el distrito de Pucará, provincia de Huancayo (Junín). Entre los acusados hay 4 generales.

Al respecto podemos hacer notar lo que expresa el analista Víctor Robles Sosa al iniciarse el presente juicio el 2009, “Otra ominosa farsa política denominada “juicio oral por la matanza extrajudicial en el distrito de Pucará-Junín” ha comenzado en la llamada justicia especial de “derechos humanos”, la cual debería denominarse más bien “fiscalías, juzgados y tribunales de condena para ronderos, policías y militares”.

“Para llegar al juicio se ha seguido el mismo trámite de rutina: un fiscal “especial” tomó la versión acusadora del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), como si éste fuese vinculante para el Ministerio Público, la copió casi idéntica en su dictamen, sin verificarla, le dio categoría de “prueba” (¡!), y sobre esa base acusó a los inculpados”.

Nuestro sufrido pueblo peruano tiene la percepción, que algunas autoridades del poder judicial, no asumen realmente sus altas responsabilidades que conllevan a protegerlo de futuras acciones terroristas. Es más sufren de amnesia colectiva y deciden selectivamente, para aplicar todo el peso de la ley si se trata de militares, policías o ronderos o para beneficiar a los denominados “luchadores sociales”. Los soldados, policías y ronderos reclaman justicia y el respeto al debido proceso.

A este paso muy pronto tendremos en las calles nuevamente paseándose como Pedro por su casa a todos los “luchadores sociales” y en la cárcel a quienes lucharon por proteger al pueblo peruano de esta caracha social, que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo al país. El mundo al revés.

1 comentario:

fernando delgado dijo...

Es una publicación realista y que narra la grave corrupción judicial en el Perú, país que es considerado que tiene a los fiscales y jueces más corruptos del mundo.