La nueva estrategia de Sendero Luminoso.

Gran conmoción social y política ha causado la presencia de militantes de la organización terrorista SL en diferentes centros de estudios y lugares como San Juan de Lurigancho, Chosica Huaycán y Villa el Salvador. Desafiando al gobierno a las autoridades y la policía y causando hondo temor en la población, que no olvida los graves daños sociales, políticos y sobre todo económicos, que causó esta agrupación terrorista.

Frente a la desafiante marcha realizada, pidiendo la liberación del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, así como el sistemático accionar subversivo en otras Universidades estatales a nivel nacional. No cabe duda que estamos frente a una gran escalada de infiltración de esta agrupación, lo que constituye una grave amenaza para la Democracia.

Los medios de comunicación llenaron sus primeras planas y los programas de radio y TV le dieron gran cobertura a este hecho inusual. La mayoría de analistas, congresistas, levantaron la voz para que nuevamente se endurezcan las leyes contra el terrorismo, que fueron desarticuladas durante el gobierno de Toledo, por disposición del Tribunal Constitucional.

Recordemos que, frente al escenario de violencia que amenazaba la capital en mayo de 1992, con coches bomba por doquier, caos social y temor de la población, el ex presidente Alberto Fujimori promulgó el Decreto Ley 25475, conocido como la nueva ley antiterrorista. A diferencia de las anteriores, esta no solo comprendía normas penales, sino también normas procesales, normas de organización judicial y normas de carácter penitenciario.

En materia penal no solo se tipificaba la figura básica del terrorismo, sino el denominado terrorismo agravado, los actos de colaboración, la asociación ilícita, la instigación y la apología del terrorismo; además, se volvió a instalar la figura penal de la reincidencia. En cuanto a las penas, estableció penas elevadas de 20 y 30 años como mínimo, reinstalando la cadena perpetua para los delitos más graves.

Con respecto a los procesos, otorgó poderes especiales a la policía para la etapa de investigación preliminar, además concedió a las FFAA facultades para detener a personas sospechosas de tener vínculos con actos de naturaleza terrorista. El DL 25475 estableció la creación de tribunales especiales o tribunales sin rostro, guardando la identidad de los magistrados.

El artículo 19 del DL 25475 textualmente señala “los procesados o condenados por delitos de terrorismo, no podrán acogerse a ninguno de los beneficios que establece el Código Penal o el Código de Ejecución Penal”, prohibiendo de esta manera los beneficios penitenciarios para los casos de delito de terrorismo.

Posteriormente el gobierno de Fujimori promulgó el Decreto Ley 25659 que tipificó el delito de traición a la patria y entregó a las FFAA su juzgamiento y sanción. Definiendo como traición a la patria algunas de las más graves figuras del delito de terrorismo, como la utilización de “coches bomba” u otros explosivos, la pertenencia al grupo dirigencial, entre otras.

Sin embargo, pasado el tiempo, en un escenario diferente de paz, tranquilidad logrado gracias a las FFAA y PNP, hoy olvidados y juzgados y, teniendo las aguas tranquilas, la legislación antiterrorista promulgada durante el gobierno de Fujimori y que toda la población aprobó, fue seriamente cuestionada internacionalmente por el aparato legal de SL.

Acudieron a instancias Supranacionales como la OEA y la Corte Interamericana de derechos Humanos, con la finalidad de buscar pronunciamientos a su favor y en contra del Estado peruano. De esta manera petardearon todo el andamiaje legal que había permitido juzgar a terroristas y había recuperado y fortalecido en su momento el estado de derecho frente a la subversión.

Respecto a la legislación antiterrorista emitida por el ex presidente Fujimori en 1992, la OEA en su informe anual de 1993 indicó “Esta nueva legislación transgrede principios de legalidad universalmente aceptados, de debido proceso, garantías judiciales y derecho de defensa (…)”.

Por otro lado, La Corte Interamericana de derechos Humanos, sentenció en mayo de 1999 que los decretos N°s 25474 y 25659 son incompatibles con la Convención Americana, ordenándole al Perú “Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías”.

La demanda de inconstitucionalidad de los decretos Ley N° 25475, 25659, 25708, y 25880, presentada por los abogados, familiares y amigos de los terroristas presos, quienes se basaron en los artículos N° 200, inciso 4; 201, 202, inciso 1; 203, inciso 5 y otros de la Constitución Política. Solicitaron al Tribunal Constitucional la revisión de los procesos judiciales realizados durante el gobierno de Fujimori.

En enero de 2003 el Tribunal Constitucional (TC) del Perú emitió una sentencia por la cual reforma la ley antiterrorista, derogando el DL 25659 por ende los juicios por terrorismo en el fuero militar y los procesos con jueces sin rostro; sin embargo el TC mantiene el DL 25475 y los demás decretos (con algunas reformas a sus artículos)

Aprovechando la debilidad del Estado peruano, sin una legislación antiterrorista que le permita maniobrar frente a futuras reclamaciones, incursiones, infiltraciones, fintas y demostraciones públicas, indudablemente la democracia se torna débil y de las instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público donde hay jueces y fiscales temerosos y confusos, qué puede esperar la población nacional.

El gobierno ante la severa y grave infiltración de SL en universidades nacionales, en organizaciones sociales, utilizando organismos de fachada y bajo el lema de libertad para su presidente Abimael Guzmán, debe de inmediato fortalecer las FFAA y la PNP porque son la única garantía para la existencia del Estado, protegen los valores éticos y morales que sustentan nuestra Democracia y son garantía de paz y seguridad para el desarrollo de nuestra nación.