¿Las FFAA y PNP son esenciales para la vida de la República?

Trataremos de responder esta pregunta de la manera más objetiva posible. Actualmente las amenazas a nuestra seguridad no están circunscritas a peligros solo provenientes del interior. Quién pudiera dudar que el empeño en una carrera armamentista y la preparación de las fuerzas armadas de un país vecino, sean parte de las amenazas que se ciernen sobre una nación como la nuestra, que lucha por salir del subdesarrollo. Considerando además que está pendiente la fijación de nuestros límites marítimos.

Pero existen además otras amenazas como: facciones gubernamentales, instituciones democráticas débiles, corrupción oficial, defectuosos servicios de salud y educación, deterior del medio ambiente, pobreza, sida, piratería, falsificación de monedas, ciberterrorismo, narcoterrorismo, etc; que significan en conjunto hoy, las nuevas plagas que se ciernen sobre sociedades débiles como la nuestra y a las cuales debemos hacer frente.

Las FFAA y la PNP durante el régimen de Toledo han sido sometidas a sendas reestructuraciones, promocionadas hasta el hartazgo y que a la postre no han mejorado en nada la condición de pauperización logística, material, económica y profesional de los integrantes de estas instituciones fundamentales de la nación y cuya finalidad constitucional en el caso de las FFAA es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial, y en el de la PNP garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Cómo cumplir con el precepto constitucional en las actuales condiciones.

La estructura, moral y disciplina de estas instituciones está actualmente en riesgo, muchos de sus miembros no solo deben enfrentar, por su misión la lucha contra los remanentes de las organizaciones subversivas, sino que tienen que hacer frente a las persecuciones judiciales, por presión de organismos de derechos humanos y ONG´s de izquierda. Es decir, librar dos batallas, el dilema de cumplir la orden y ser enjuiciado por derechos humanos, o el de no cumplir la orden y también ser enjuiciado por el CSJM, en ambas situaciones el militar o policía sale afectado en sus legítimas aspiraciones de continuar su carrera y lo más grave aun, la zozobra e inseguridad del futuro de su familia.

Por otro lado, en la judicialización de los casos a los que han sido sometidos muchos miembros de nuestras FFAA y PNP, que participaron exitosa y valientemente en la lucha contrasubversiva, se han cometido una serie de arbitrariedades, así, no se ha respetado el principio de legalidad “Nadie será condenado por un acto u omisión que al tiempo de cometerse no estuvieren calificados en la ley de manera expresa e inequívoca como infracciones punibles”. Sin tomar en cuenta que en el periodo de 19890-1990 estuvo vigente el Código Penal de 1924, que no estatuía los delitos de Lesa Humanidad por los que se les está juzgando.

Pero no solo eso, sino que además de lo anterior, se ha vulnerado el principio de la garantía de irretroactividad de la ley, se incumple lo establecido en la Constitución vigente, Art 2° letra”d” y Art 103. Porque los nuevos tipos penales de Lesa Humanidad, en sus modalidades de Genocidio y Tortura, se han incorporado a nuestra legislación nacional mediante la Ley 26926 y son vigentes a partir del 21 de febrero de 1998 y las Leyes 27378 y 27379 sobre Desaparición Forzada, tienen vigencia partir del año 2001 fecha en que fue ratificado por el Congreso.

Lo mismo sucede con los otros principios que se han vulnerado: Prescripción de la acción penal; del debido proceso, de la Tutela procesal efectiva, de la Tutela jurisdiccional, de la presunción de inocencia (no culpabilidad), así como la aplicación de la teoría del dominio del hecho y de la teoría de la autoría inmediata. Además de todo lo anterior, tenemos el informe presentado por la ex CVR, cuyas conclusiones no son vinculantes para el poder judicial, pero que sin ninguna duda en las denuncias penales se está tomando como base sustancial de la acusación penal.

Pese a todo esto, recordemos que nuestras FFAA tienen un régimen de trabajo absolutamente distinto y opuesto al de los empleados públicos, quienes trabajan ocho horas diarias de acuerdo a las leyes laborales, mientras que los miembros de las FFAA trabajan a dedicación exclusiva. Entendemos entonces que no pueden dedicarse a otra actividad extra-laboral, que les permita buscar recursos adicionales para mantener su hogar, su familia y sus hijos, quienes no entienden por qué se les da un trato injusto y discriminatorio frente a funcionarios de otros estamentos del Estado, como el poder judicial y ni hablar del BCR, donde los sueldos vuelan por las nubes.

En el mensaje del ministro de defensa Allan Wagner por el día de la Marina de Guerra, ha invocado a buscar consenso de la población y las fuerzas vivas, para mejorar la situación de operatividad de las FFAA, en pro de la implementación de un núcleo básico realmente eficaz, las palabras suenan bonitas y se las lleva el viento, pero la realidad es distinta. El ejecutivo debe tomar decisiones muy importantes con relación a la situación de indefensión en el plano operativo y económico, que viven las FFAA, PNP y sus integrantes incluyendo a los discapacitados y viudas.

Actualmente viene dándose un debate sobre el proyecto que modificará al actual DS 213-90EF sobre remuneraciones para las FFAA y PNP, que sí bien aumenta los salarios, por otro lado desconoce importantes incrementos por servicio en zonas de menor desarrollo, selva, altura y frontera, o de la especialidad como: submarinistas, pilotos, blindados, comandos paracaidistas y artillería coheteril, que requieren de una preparación especializada, tiempo y esfuerzo personal, muchas veces aplicada en el extranjero.

Además y esto es lo más preocupante, que se eliminaría la cedula viva con lo que dentro de algunos años, las pensiones que pueden estar consideradas como justas y correctas para el presente, en el futuro estarían sujetas a los vaivenes de la economía, lo cual es una incertidumbre y podrían disminuir su poder adquisitivo, con lo que, los pensionistas de las FFAA y PNP estarían en la condición de mayor pobreza.

Siempre invocamos a los ideólogos y pensadores que con su mente clara y prístina, supieron guiar al pueblo en la consecución de sus ideales y objetivos políticos, ellos nos dejaron sus pensamientos y sus ideas respecto a la realidad de nuestro país y sus instituciones; así, hace unos años, Víctor Raúl Haya de la Torre fundador del partido aprista, al referirse a nuestras FFAA decía “Con el aumento de los efectivos de la fuerza Pública para el mejor desempeño del cometido que le corresponde, el partido Aprista reconoce que el material bélico de tierra, mar y aire debe mejorarse e incrementarse dentro de la capacidad de los recursos destinados con este fin, teniendo en cuenta las necesidades de la defensa nacional y las peculiaridades del país” , el subrayado es mío.

El gobierno de Alan García debe ser consecuente con el pensamiento del maestro, guía y fundador de su partido, tiene la difícil tarea de buscar lo mecanismos que le facilita la ley, para decidir la forma inmediata de elevar el nivel operativo y remunerativo de las FFAA y PNP, tan venido a menos en los últimos años y que afecta a la familia de sus integrantes.

Si nuestras FFAA y PNP son esenciales para la existencia de la república y todos los peruanos somos conscientes de ello, entonces debemos exigir que se cumpla con el sagrado deber de mejorar los actuales niveles de operatividad para hacer frente a las amenazasy las injustas condiciones remunerativas de sus integrantes.

Tengamos presente que las FFAA y PNP no son del gobierno de turno, son de la nación, se deben a todos los peruanos y el Poder político tiene la obligación de satisfacer sus necesidades fundamentales, para seguridad de toda la población.