La Carga de las 600 ONG´s.

Silenciosamente y sin aspavientos, aprovechando que el país entero está distraído por la espera de la decisión de extraditar a Fujimori, y mientras FORSUR viene ocupando posiciones en el lugar del siniestro del 15 de agosto, los representantes de las ONG´s vienen gestionando ante el Tribunal Constitucional (TC), la ilegalidad de la ley que dispone la fiscalización de los recursos que reciben del extranjero.

Una información a tener en cuenta en este proceso es que según la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), las ONG manejaron en 2005 un monto de 560,3 millones de dólares. De esa cantidad, el 86 por ciento proviene de gobiernos y agencias multilaterales y el resto de las fuentes privadas. No se tiene acceso a información en qué se invirtió casi 1,700 millones de nuevos soles.

El dispositivo legal fija además la obligatoriedad de que las ONG, antes de trabajar en el Perú, estén inscritas ante la APCI, y ante posibles infracciones cometidas establece incluso la cancelación del registro y la imposibilidad de seguir operando.
En el Perú hay 3.112 ONG registradas en la APCI, de las que sólo 283 brindan información sobre sus cuentas.

Javier Alva Orlandini es miembro del Tribunal Constitucional y junto a otros tribunos, se encargarán de dar su veredicto, definir con arreglo a ley quién tiene la razón respecto a la Ley de fiscalización de las ONG´s, sí es el estado o, quienes promueven que las ONG´s no sean fiscalizadas y continúen administrando los recursos que provienen del extranjero sin dar cuenta a nadie, es decir continuar siendo juez y parte.

El dr Alva Orlandini fue ministro de Gobierno y Policía (hoy del Interior) durante el primer mandato de Fernando Belaúnde y como tal sindicado responsable de la quema de libros de ideología izquierdista, de autores como Marx, Engels y otros en 1964, por este hecho execrable fue tildado como el Torquemada “criollo”; además debemos considerar que Alva Orlandini es dirigente muy importante de Acción Popular y está en espera para ser relevado del cargo por uno de los jueces elegido.

Con relación a los hechos dolorosos para la cultura nacional cuyo epilogo fue la quema de libros, diversos medios de comunicación impresos de la época se expresaron en contra del dispositivo legal; el diario La Prensa, informó así sobre la quema de libros: "Juan Mejía Baca reiteró ayer sus acusaciones al actual régimen (Belaunde) de actuar en forma inquisitorial procediendo a la quema de libros y a la sustracción de obras importadas. Estos hechos demuestran el mayor desprecio cultural de un régimen que creíamos democrático". (La Prensa, 25/07/1967).

En Agosto de 1967, Andrés Carbone de la Cámara Peruana del Libro reclamó por la quema de libros. El diario La Tribuna, señaló: "Por ordenes del Ministerio de Gobierno las aduanas retienen todos los días el despacho de revistas y libros importados para numerosas librerías y editoriales de la Capital". (La Tribuna, 25/08/1967).

El diario La Crónica, publicó una nota de la Universidad de San Marcos: "La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través del Consejo Universitario expresó su extrañeza por la censura impuesta a los libros, revistas que ingresan al país y su protesta por los actos de destrucción de los mismos". (La Crónica, 29/08/1967).

El gobierno de Acción Popular, se dio cuenta de su error y procedió a la aprobación de la Resolución Suprema N° 0191-68-GP/60, del 11 de mayo de 1968, que dejó sin efecto las Resoluciones Supremas de setiembre de 1960 referentes a la censura de libros. Ante este hecho, Juan Mejía Baca dijo: "Es el triunfo de un país maduro y que justifica el régimen de democracia en que vivimos. Ha sido una campaña de todos. Es un triunfo de todos.". (El Correo, 12/05/1968).

Debemos tener en consideración la experiencia de otros países como Rusia, en una entrevista reciente al embajador ruso en el Perú Mijail Troyanski, declaró que su gobierno tuvo que crear un marco jurídico para el ordenamiento de las ONG´s, porque intentaron intervenir en la política interna de su país “Recibían dinero del exterior, pero con esos fondos intentaban inmiscuirse en la labor interna de nuestro país”

Estos antecedentes servirían para esperar un fallo desfavorable para los representantes de las ONG´s, que buscan evadir la fiscalización del Estado a los ingentes ingresos recibidos por estas organizaciones de la cooperación financiera extranjera y que son la mayoría no reembolsables y de las que no se sabe en qué ni cómo son invertidas o empleadas, existiendo además, la presunta sospecha de malos manejos.

Sin embargo esta posición que debería ser la mas justa porque permitiría a la APCI, monitorear y fiscalizara los gastos de las ONG´s en el país y determinar a qué sectores de la población de menores recursos favorecen con su gestión, podría tener un final feliz para las ONG´s, porque finalmente se impondrán los intereses económicos, sociales, de presión y amicales de los integrantes del TC con la actual izquierda caviar, lo que pesará en el ánimo del tribunal al momento de decidir. Esperamos que el Tribunal Constitucional responda a la altura de las circunstancias denegando el pedido de los represeantes de las ONG.