El escenario estaba pintado, el momento psicológico era mágico y había que aprovecharlo. El presidente García fiel a su estilo y sentimiento antimilitarista, aprovechando que la ciudadanía del país se movilizaba, para cumplir su deber cívico, desde tempranas horas del domingo 10, promulgó el Decreto de Urgencia (DU) N° 13-2011.
Según uno de los considerandos de este decreto, indica que asegurará el libre acceso a la prestación de pensiones, de conformidad con el Art., 11 de la Constitución Política del Perú (CPP). Sin embargo, este artículo aparece mutilado. El Art. 11 dice “El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento”.
Los efectos que está causando en los militares y policías pensionistas de la CPM-P, se asemejan a los efectos del terremoto en Japón y su secuela del Tsunami. Así lo siente la familia militar-policial porque pone en peligro las pensiones, bien ganadas después de un largo tiempo de servicios. Peor aún, que esto haya sido propiciado por el Jefe Supremo de las FFAA y PNP. García sigue siendo para los uniformados y sus familiares, una gran decepción.
Otro desengaño, que se suma a la retahíla de medidas disparatadas y absurdas emitidas durante este gobierno, que afectan a las fuerzas de seguridad y que tiene sus efectos contra la seguridad nacional y bienestar de la nación. Las viudas y discapacitados, recordarán el maltrato e indiferencia que Alan García y su ministro de economía, le han propinado a los maltratados uniformados del país, las viudas y discapacitados.
Y la razón no es otra que la promulgación del Decreto de Urgencia (DU) N° 13-2011 por el Ejecutivo el día de las elecciones, lo que ha causado honda preocupación en la familia militar-policial. Sin duda este DU traerá protestas, reclamos encendidos frente a un hecho que linda con la traición. Los integrantes de las FFAA y PNP, pensionistas de la Caja de Pensiones Militar-Policial (CPM-P) están preocupados, consternados e indignados, por esta medida adoptada por Alan García y el ministro Ismael Benavides.
Es cierto el Art. 118 de la CPP a la letra dice “Corresponde al Presidente de la República” (…) 19. “Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia (…)”.
Cómo es posible entonces, que el gobierno conociendo desde hace mucho tiempo, al detalle, la real situación financiera de la CPM-P, se ha demorado en tomar medidas, para solucionar y supervisar el eficaz funcionamiento de la CPM-P, como corresponde a su alta responsabilidad.
Cuál es el grado de responsabilidad que le compete a García y Benavides en este entuerto. Podemos inferir que la demora obedecería a buscar que el tiempo se acorte, que cumpla con el requisito de considerarse de interés nacional, evitando que el Congreso ejerza su labor de fiscalización. Por esta razón, echa mano del mecanismo del DU y de esta manera, y de conformidad con el Art. 125 de la CPP, buscó la aprobación del Consejo de Ministros.
“El gobierno del presidente Alan García, en su afán de imponer que la Caja de Pensiones Militar-Policial (CPMP) entregue en garantía su patrimonio inmobiliario a cambio de la entrega de una partida de 125 millones, ha nombrado como nuevo integrante del directorio de esta entidad a un funcionario del MEF que se encuentra incurso en un grave conflicto de intereses, porque es el mismo que meses antes, en representación del titular del MEF, Ismael Benavides, pretendió obligar a la caja a aceptar la citada imposición, sostuvo el mayor general FAP (r) Luis Egúsquiza Jiménez, vicepresidente de la CPMP. (Diario La Razón. 14-04-2011). Se refiere al funcionario Andrés Villena Petrocino representante del ministro de Defensa.
Como podemos apreciar, algo se está cocinando al interior del gobierno con respecto al futuro de la CPM-P. Uno de los activos significativas y más preciados es el Banco de Comercio que últimamente ha obtenido una calificación importante en el ámbito financiero. Las indicaciones que estamos observando, en base a las medidas que este gobierno viene tomando, permiten establecer que la CPM-P no tendría futuro.
Debemos hacer notar que la Agencia Regional de Riesgo Crediticio Pacific Credit Rating (PCR) confirmó las calificaciones de dos bancos peruanos. El Banco Interamericano de Finanzas (BIF) que logró una calificación A de fortaleza financiera. Y el Banco de Comercio que logró la calificación de fortaleza financiera B+. Esta calificación refleja que el Banco de Comercio, tiene una creciente cartera crediticia, buena calidad de sus activos y la diversificación de sus fuentes de financiamiento. Todo un logro, muy apetitoso por cierto.
Por otro lado, los pensionistas de las FFAA y PNP pertenecientes a la CPM-P, tienen el camino allanado para acudir al Congreso de la República y solicitar la derogación de este Decreto de Urgencia, que ha nacido de las entrañas negras de este gobierno, tan solo para crear más confusión, caos y desazón en sus pensionistas y familiares.
Mientras tanto, sabemos que el Estado le debe a la CPM-P, una suma muy grande por conceptos que no ha pagado como contraparte desde hace varios años. El actual directorio no ha aceptado la aplicación del D.U. 013-2011. El gobierno debe entregar el monto de dinero que se ha comprometido en entregar y está considerado en el presupuesto.
Lo que si asegura el General Egúsquiza es que “la presión del gobierno es fuerte para que se ejecute es malhadado DU”. Los directores no deberían renunciar porque esa sería darle en la yema del gusto al gobierno, que intervendría y las cosas se le facilitarían, porque tranquilamente nombraría a nuevos directores de su entera confianza y estos aceptarían a rajatabla el mencionado DU. Los miembros del Directorio leales a su compromiso con los pensionistas han expresado que no renunciarán.
La Constitución en la segunda Disposición Final y Transitoria indica que “El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que este destine para tales efectos, y a las posibilidades de la economía nacional”. ¿Se ha cumplido esta disposición? La respuesta es No y al paso que vamos, no se cumplirá, por lo menos en este gobierno antimilitarista.
Cuántas veces el presidente García nos ha vendido el San Benito, con el perdón del santo, que el Perú está creciendo, que el Perú avanza, que se han realizado más de cien mil obras en su gobierno. Cuántos faenones, honorarios de éxito y aceitadas se han repartido. Quiénes son los que realmente crecen y avanzan en el país de las maravillas que nos pinta García y su corte.
Si todo en nuestro país es tan bonito, bello e inmaculado, y la pobreza retrocedió en diez puntos respecto al gobierno de Toledo, por qué el Apra ha obtenido una votación ínfima en las elecciones y no más de cuatro curules. Es cierto, el pueblo no se deja engañar y castiga la soberbia y la corrupción como ha quedado demostrado en estas las elecciones.
Recuerde la militancia aprista, Alan García Pérez destrozó el Apra, al viejo partido de Víctor Raúl Haya de la Torre su fundador, así como lo hizo con el país en su primer quinquenio (85-90). Muy bien la renuncia de Mauricio Mulder y muy mal los apetitos políticos de Del Castillo, Cabanillas, Pastor, Quezada y etc. El pueblo aprista les dio una bofetada en pleno rostro.
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