martes, 23 de enero de 2018

Publicidad estatal, el indulto en peligro y visita del papa Francisco



1.   1.   Publicidad estatal en medios privados
El Congresista Mauricio Mulder ha presentado una propuesta de ley en el Congreso, que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Los defensores de las empresas periodísticas, cuyo consejo está conformado por personas que representan a los dueños de los medios, han pegado el grito en el cielo. No es para menos. La torta publicitaria del gobierno es grande y muy apetitosa.

Las empresas periodísticas bajo el manto de la libertad de expresión, prensa, tratan de justificar su posición, una libertad que en muchos casos ellos no respetan, ni consideran; pero, justifican que el gobierno invierta en publicidad. Esa inversión en muchos de los casos salva las ganancias de los empresarios y permiten sobrevivir a empresas deficitarias que, si no fuera así, con seguridad estarían en la quiebra.

Por otro lado, esta inversión estatal, en la mayoría parte ha sido utilizado por el gobierno para hacer propaganda de sus obras, a malos funcionarios para hacerse destacar, llenar titulares, y otras corruptelas. Está comprobado, que algunos medios, sobreviven gracias a estas inversiones "caritativas" interesadas del gobierno, “El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó un documento al presidente del Congreso, Luis Galarreta, donde solicita que se archive la referida ley propuesta”.

El CPP para justificar su solicitud, habla de acciones dudosas llevadas a cabo en el Congreso, lo que los llevó a la conclusión de que se quiere presionar a los medios privados. Al contrario, se presiona a los medios cuando se invierte en publicidad y a cambio la prensa se muestra muy flexible, dúctil y pierde su esencia de fiscalización, en el sagrado deber de  informar adecuadamente a la población.

“CPP advierte que, pese a que el proyecto aparenta perseguir objetivos loables, exoneración del debate en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, llevan a concluir que se trata de un mecanismo de presión contra medios privados”.

2.      Indulto. Caso perdido en San José

Por otro lado, el abogado Ronald Gamarra acusador del exmandatario Alberto Fujimori, está más dolido que sus defendidos los familiares de los casos Cantuta y Barrios Altos. Ha escrito en un semanario “Indulto: caso perdido en San José”, refiriéndose al indulto otorgado por el presidente PPK al ex presidente Alberto Fujimori. Una medida constitucional, una atribución del presidente.

Gamarra, ha sido abogado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (COMISEDH). Su carta de presentación en todo foro, suponemos del que hace gala, es haberse desempeñado como defensor de los familiares de las víctimas en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Hoy se conoce, que los estudiantes de la Cantuta eran terroristas, responsables del atentado de la calle Tarata.

No sabemos cuál es su interés para oponerse tajantemente al indulto y gracia presidencial otorgada al ex presidente Alberto Fujimori. Para muchos es realmente insólito lo que sostiene Gamarra, asegura que históricamente el Perú ha perdido sus casos ante la Corte Internacional de derechos humanos(CIDDHH).

Criticando y atacando a los poderes Ejecutivo y Judicial, indica, “En primer lugar, porque el Estado tiene numerosos casos que implican violaciones reales, palpitantes, serias de derechos humanos, que no se ha sabido afrontar con transparencia, verdad, apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

Otro personaje que apela a los estándares internacionales, ¿No sabemos a qué estándares internacionales se refiere? Que sepamos no existen parámetros para impartir justicia, solo los jueces y sus conciencias o intereses. Eso es lo que siempre han sostenido y sostienen. Dice “En San José solo hemos conocido del desastre y el descalabro”.

Luego dando rienda suelta a su verdadero sentir, critica y sataniza a sus hermanos de leyes, abogados como él que defienden los intereses del Estado frente a organismos supranacionales. Porque quienes defendieron al Estado peruano en la CIDDHH, fueron y son abogados como él. Qué profesional se burla y mofa del fracaso de sus colegas.

Dice “En san José, nuestra representación ha insistido, una y otra vez, en una defensa absurda, contradictoria, errática. Cantinflesca. Siempre más de los mismo”. ¿Los abogados peruanos son o se parecen a Cantinflas? Si Gamarra tiene, ese concepto de sus colegas, estamos fritos. Solo él se erige como el portaestandarte de los defensores. Solo él tiene la solución o la estrategia adecuada para ganar los casos. Debería ofrecer sus servicios al gobierno.  

Salvo que, su sentimiento de animadversión, su enfermizo odio, dominen su espíritu al punto que, asegura como si formara parte de la Corte de San José, o tener amigos que le habría facilitado la decisión que se debe tomar el 2 de febrero, respecto del indulto concedido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en uso de sus facultades constitucionales. Si no es así, entonces, estamos ante un oráculo moderno.

3.      Visita del papa Francisco

En su último día de visita a nuestra patria, el papa Francisco metió el dedo en la llaga, bien al fondo y removió la tranquilidad de conciencia de muchos y preocupó a los corruptos. En reunión con obispos después de bendecir en la catedral a los cinco santos peruanos, ante una pregunta de uno de los obispos, respondió con una pregunta que quedó para la posteridad.

“¿Qué le pasa a Perú que cada vez que sale un presidente lo meten preso? Humala está preso, Toledo está preso [en realidad está fugado en EE.UU.], Fujimori estuvo preso, Alan García está que entra que no entra; y presos con rabia, ¿no? El sistema llama la atención”.

Esa, es una pregunta que quedará flotando en el ambiente, mientras no se decida una lucha frontal contra la corrupción. Cómo hacerlo, si el presidente es sospecho de haber trajinado con la corrupción, las últimas denuncias lo están llevando contra la pared y no le dejan espacio de maniobra para defenderse.

Quién puede liderar esa lucha, si quien encarna la personificación de la nación está cuestionado por sus relaciones con la empresa brasileña corrupta Odebrecht. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, ha perdido credibilidad, la aceptación popular viene disminuyendo, lo poco que le queda de aprobación terminará abandonándolo muy pronto.

El Poder Judicial y el Ministerio público no se pueden sacudir de la responsabilidad que pesa sobre sus hombros, respecto de la demora en los juicios por corrupción. Los integrantes del club de la construcción, que fueron intervenidos, están pidiendo que la OCMA investigue a los jueces que liberaron a los grandes constructores del país, consorciados de Odebrecht.

Recordemos que, los exrepresentantes de las constructoras JJ Camet Contratistas Generales S.A. e ICCSA, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós, abandonaron hace poco el penal Piedras Gordas de Ancón, donde cumplían prisión preventiva, luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones revocó la orden de prisión preventiva.

El congresista Yhony Lescano de AP, de inmediato ha hecho eco el pedido del club de constructores y ha expresado que, “Ellos han sido acusados directamente (…) y el Poder Judicial dice que no se han cumplido los requisitos para la prisión preventiva (…) me pregunto cuáles son esos requisitos que no se han cumplido”.

Está solicitando que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) tome cartas en el asunto, inicien una investigación contra jueces que revocaron la medida de prisión preventiva dictada por el juez Concepción Carhuancho. Se sospecha de aceitadas y honorarios de éxito. Por eso, la solicitud de investigación a la OCMA, se justifica.


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