Mientras los cámaras y flashes iluminan
los sucesos del hasta hora frustrado proyecto minero Tía María, las primeras planas de la prensa escrita,
televisiva y radial se ocupan de esta protesta violenta, con muertos y heridos,
el caso de presunta corrupción en el que está involucrado Martín Belaunde, y sus
relaciones con el poder, quedan bajo un manto de camanchaca, en espera de lo
que decida Bolivia para la extradición.
Lo que sucede en tía María, ese
gran proyecto minero que debió iniciarse hace un año, es el remake de lo
sucedido en Conga. Es la violación del principio de autoridad y la falta de
firmeza del gobierno que ha hipotecado su poder coercitivo, al no imponer
todos los mecanismos legales y constitucionales y poner orden en la zona
convulsionada.
En este pandemónium social,
organizado y liderado por fuerzas oscuras y radicales del país, que van en
contra del desarrollo, crecimiento y han perdido la brújula, al poner en riesgo
el bienestar de la población arequipeña, la población arequipeña es la que se
verá afectada, porque estos grupetes de radicales ideologizados solo buscan el atraso
de los pueblos y azuzan a la población en contra de las autoridades.
Los grupos radicales, conformados
por los mal llamados ambientalistas debidamente organizados, grupos de honderos
contratados y traídos desde Puno, infiltrados del MOVADEF, a los que se suman
los reservistas siguiendo directivas de Antauro Humala, el hermano preso del
gobernante, buscan quebrar el estado de derecho imperante en nuestro país.
Inicialmente el gobierno buscó agotar
su último esfuerzo en el dialogo sin presiones, para ello exigió que se
levantara el paro y no hubiera violencia,
los representantes de los grupos rebeldes, la población y los ministros
se enfrascaron en un diálogo de sordos. Los dirigentes antimineros abandonaron
la mesa de conversaciones abruptamente desairando dos veces a la comisión
ministerial.
Eso significa que no quieren
dialogar y que subestiman a las autoridades. El
gobierno debe declarar el Estado de Emergencia y disponer el ingreso de las
FFAA para controlar el orden destruido por ellos, proteger los Servicios
públicos esenciales y que la PNP se dedique a detener a todas las personas que
han violado las libertades de movilización de la población.
Cuando el temor se incrusta en las actitudes de las personas y
organizaciones, cuando invade la mente hasta hacerla desfallecer y obnubilarla,
la toma de decisiones se hace difícil, y afecta la estabilidad emocional que es
vital mantener siempre en sus parámetros, especialmente cuando se lidera una
familia, una empresa y especialmente un país.
Cuando se detenta el poder y se
gobierna un país, y se ha sido elegido por los ciudadanos de una nación en
elecciones libres, entonces, mayor es la responsabilidad para conducir a la
gran familia hacia mejores espacios de vida, superar los temores y buscar
nuevas oportunidades de desarrollo y lograr el bien común para la nación
peruana.
Se ha criticado hasta el cansancio
al Presidente Ollanta Humala, se afirma de él que le falta firmeza, liderazgo y
que ha abdicado de sus responsabilidades como presidente y que quien gobierna
no es él sino su cónyuge. Humala debería hacer lo que no hizo en Conga, ir al
lugar de los hechos y solucionar este problema.
La libertad se basa en la
legitimidad y esta descansa en la elección popular, cuando los ciudadanos
acuden a las urnas para depositar su voto, precisamente en ese instante se
materializa la legitimidad del poder que se le entrega a los gobernantes para
ejercer el poder. Humala detenta el poder hasta el 28 de julio de 2016.
La legitimidad se pierde cuando se
gobierna de espaldas al pueblo, cuando no se cumplen los compromisos adquiridos
con la población. Cuando no se toman decisiones adecuadas y se asumen
responsabilidades por temor u omisión, como en el caso del proyecto Tía María
que desde hace meses elementos antisociales y en contra del desarrollo,
gestaban su paralización y la movilización de elementos ajenos a los intereses
de Yslay se realizó con la tranquilidad de todo el mundo.
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