sábado, 21 de enero de 2012

La Injusticia de la justicia militar-policial.

La Constitución vigente estipula dos aspectos fundamentales sobre la persona. Por un lado, indica que, el fin supremo del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad; por otro lado, pone énfasis al expresar que, toda persona tiene derecho a la vida y a su integridad moral, psíquica y física.

La intervención del general César Jordán Brignole al mando del operativo en Moquegua el 16 de junio de 2008, desde este enfoque constitucional, cumplió su cometido, con responsabilidad y priorizando el respeto a los derechos humanos de los intervinientes. Jordán decidió por la vida de policías y revoltosos. ¿Por eso lo condenan?

Muy fácil hubiera sido cumplir la orden de desalojo, sin medir las consecuencias posteriores, como en el Baguazo. Siempre serán militares y policías los que paguen los platos rotos. Mientras los responsables políticos se lavan las manos, se alejan del cargo sin conciencia y se refugian en manos amigas de la justicia, que se encarga de lavarles la fachada.

Por ello, nos llama la atención la sentencia al general Jordán, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia Militar Policial (TSJ M-P) ¿Ha cambiado la justicia militar-policial respecto al pasado? Para muchos de los miembros de las FFAA y PNP, no pasa sino, de ser un cambio de nombres, solo eso. Muy rimbombante e inclusivo el actual, para estar a tono con el quinquenio político.

Apuntamos como antecedente, a partir de 2006 se aplicó el Código de Justicia Militar Policial (CJMP) aprobado por el D. L. 961, de manera retroactiva, para casos judicializados con anterioridad a esta fecha. Así, muchos miembros de las FFAA y PNP de todos los rangos, fueron perjudicados y sus casos derivados a la justicia común. El TSJMP hizo caso omiso a lo dispuesto en la 1ra disposición transitoria, que indica “los procesos judiciales que vienen tramitándose con el Código de 1980, concluirán con la expresada normatividad”.

El caso de Bagua es el mejor ejemplo en que la decisión del TSJ M-P no se ajusta a la gravedad de los hechos. Como se recuerda, en Bagua hubo un enfrentamiento entre nativos y policías. Una decisión política del presidente, una orden mal impartida por la Ministra del Interior Meche Cabanillas y peor cumplida por el general encargado de las operaciones.

Resultado 34 muertos entre nativos y policías, y un desaparecido. Responsables los policías y militares. ¿Y la ex ministra del interior? Es cierto los responsables del fallido operativo en Bagua que derivó en muertes, fueron sentenciados a penas entre 12 y 36 meses suspendidas y al pago de la reparación civil correspondiente.

Con este tipo de sentencias del TSJ M-P, qué confianza pueden tener los militares y policías, quienes cumplen misión operativa en el VRAE, Huallaga y como es el caso del general Alberto Jordán. La sentencia es un mal precedente para los integrantes de las FFA y PNP, a quienes se les ordena determinado operativo, sin agotar las negociaciones hasta lograr una solución política.

Este gobierno recién comienza a recibir los zarpazos de diversos conflictos sociales. Conga es el mejor ejemplo de cómo se debe buscar la solución, aunque incompleta debido a la obstinación del gobierno regional. Con seguridad a lo largo de este quinquenio se vivirán muchos momentos de violencia. Esperemos que no terminen como el Baguazo.

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