En una reciente entrevista publicada en un diario de la capital, Diego García Sayán presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró entre otras cosas, que “No hay duda de que hay una campaña contra los derechos humanos y contra la corte. Es extraño porque se hace ciertas aseveraciones sobre sentencias dadas por la Corte hace mucho tiempo (…)”.
No sabemos si ponernos a llorar de lastima o reír a mandíbula batiente de satisfacción. Es que realmente algunos personajes quieren y pretende jugar con la memoria de los peruanos. Y lo peor de todo, es que ellos están convencidos, creen que es así y que el pueblo debe creer en su palabra.
A lo largo de esta entrevista, publicado por el diario que antes de la ejecución de la operación “Chavín de Huantar”, denunció la construcción de túneles y casi hace fracasar la operación en sí. El presidente de la CIDH, no dudó en echarle la responsabilidad al Estado peruano. Entre otras cosas porque no contradijo el planteamiento de las reparaciones presentadas, enfatizó que las personas encargadas de su defensa necesitaban aprender y no fueron las más experimentadas, o que hubo reticencia para pagar buenos abogados. Pueden creer esto, es realmente una burla.
En otras palabras, lo que nos dice García Sayán es que como ya pasó mucho tiempo y los abogados del Estado eran pésimos y necesitaban aprender para tener más experiencia, debemos aceptar como un dogma y pagar nomás. Porque según él, ya no hay apelación. La pregunta es, de dónde saldrá el dinero para pagar las reparaciones a los verdaderos violadores de los derechos humanos de los 28 millones de peruanos.
Como diría Andrés de Bedoya Ugarteche en su columna “La Ortiga”-por las ánimas del purgatorio-, de qué color es el cielo de Lima en invierno, para no saber que es gris como la conciencia de muchos malos ciudadanos, que crucificaron al Estado peruano.
No dudamos que habrá quienes prenden una vela al santo de su devoción y habrán colocado copia de estas sentencias en un cuadro de pan de oro, para que dure siglos de siglos en sus casas y estarán frotándose las manos para recibir un cheque que les asegure el resto de sus días.
Mientras tanto, este Estado famélico que no tiene dinero para aumentar a sus policías y soldados, los verdaderos artífices de este estado de tranquilidad y paz, tendrá que sacar de donde no hay, porque está obligado, lo ha dicho el señor García Sayán, para pagar cantidades industriales por concepto de reparaciones ordenados por la CIDH que preside. Precisamente el ex ministro de Paniagua y Toledo.
Nada más para recordar a la opinión pública nacional, que aquellos personajes que le hicieron la camita a los terroristas, solo porque les animaba en esos años –inferimos-un odio enfermizo hacia Fujimori , actualmente están en vitrina y presentes en la campaña municipal y calentando motores para la presidenciable.
El lunes, 28 de junio de 2010, en su columna “El mundo al Revés”, Luis García Miró Elguera director del diario Expreso, expresa el sentir de la gran mayoría de peruanos respecto a este espinoso tema, que se ha convertido en referente del día a día.
Ante la pregunta que plantea en su bien leída columna ¿Y aquí no pasa nada?, Luis García Miró dice “No nos cansaremos de repetirlo para que quede cincelado en la opinión pública: Alejandro Toledo, Diego García Sayán, Salomón Lerner Febres, Beatriz Alva Hart, Rolando Ames Cobián, Luis Arias Grazziani, Enrique Bernales Ballesteros, Carlos Iván Debregori, Humberto Lay, Gastón Garatea, Sofía Macher Batanero, Alberto Morote Sánchez, Carlos Taía García y Luis Bambarén Gastelumendi son artífices del resurgimiento del terrorismo”.
Continua expresando “Toledo –fatuo e irresponsable ex presidente– y García Sayán –presuntuoso y sesgado ex ministro del toledato– manejaron el poder con animus jodendi para aniquilar todo rezago del régimen de Fujimori, sin interesarle un ápice que su soberbia los llevaría –como en efecto sucedió– a desguarnecer por completo a la sociedad, dejándola nuevamente a merced del senderismo”.
Ricardo Uztarroz es periodista, investigador y escritor, profundo conocedor de nuestra realidad, el 7 de abril de 2009 a raíz de la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori publicó un artículo, en el que analiza y critica la sentencia condenatoria a Alberto Fujimori.
Hacía una comparación entre el comportamiento de los avestruces frente al peligro y lo que hacían por esos años las autoridades judiciales, gobernantes, empresarios en el país cuando Sendero Luminoso, como bien sabemos entre los años 1990-1993, mataba sumariamente a quienes se resistían. Se dice que SL estaba a punto de lograr su objetivo, tomar el poder.
Pues estos señores tenían la testa enterrada en el suelo y esperaban que alguien asumiera esa responsabilidad. Después de la debacle de Alan en su primer gobierno, llegó Fujimori para hacer el trabajo que los anteriores gobiernos dejaron de hacer.¿Por temor o decidia?
Según Ricardo Uztarroz existía “Una apatía casi institucional ¿Y si por desgracia el “Chino” fallaba, acaso ellos ya estaban listos para dialogar con Sendero y a proponerle sus servicios?” Hubo rumores, hoy imposible comprobar que permiten pensar, que estos personajes anticipaban una victoria de SL y buscaron entrar en contacto con esa banda terrorista. Si esto es verdad, se debe investigar para establecer quiénes fueron esos cobardes. Como dice Uztarroz “hoy se presentan, “como heraldos universales de los derechos humanos. ¡Pobres derechos humanos!”
Señor García Sayán no hay una campaña en contra de los derechos humanos, lo que hay es, un sentimiento total de rechazo, que viene expresando la opinión pública nacional en contra de las resoluciones de la CIDH, que obligan al Estado peruano a resarcir económicamente a los terroristas.
Hay voces que plantean el retiro de nuestro país de la competencia contenciosa de la CIDH. Existe un antecedente, el 9 de julio de 1999 el Gobierno peruano retiró el reconocimiento de la competencia contenciosa de la CIDH. Una resolución de esta corte, disponía un nuevo juicio al terrorista del MRTA Castillo Petruzzi y cuatro chilenos sentenciados por traición a la patria y que según el ex CSJM y la Corte Suprema de la República, no podían ejecutarse. Lamentablemente durante el gobierno transitorio de Paniagua retornamos a la férula de esta corte.
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