viernes, 12 de marzo de 2010

El régimen de remuneraciones, pensiones y compensaciones en las FFAA y PNP en la picota.

Actualmente según el INEI los peruanos sumamos aproximadamente 28 millones. En este total, también están incluidos -queremos creer- los integrantes de las FFAA, PNP, viudas, discapacitados y familiares de soldados y policías, que en total representan el 1% de la población total. Sumando los de actividad y en situación de retiro, aproximadamente 280,000 personas.

El 20 de agosto de 1931 Víctor Raúl Haya de la Torre líder y fundador del APRA, en su discurso ante el Primer Congreso Nacional del Partido Aprista, en el Teatro Lima. Expresó (…) Más aún, nosotros nos reafirmamos en nuestro punto de vista democrático, al remarcar que la gran mayoría de los miembros de los Institutos Armados está formada por hombres que provienen de las clases medias y de la de las clases trabajadoras. Por tanto, que desde un punto de vista social pertenecemos a los mismos niveles, a las mismas clases o estamentos por cuyo bienestar y justicia está luchando nuestro partido”.

La discriminación que hace el gobierno con los integrantes de las FFAA y PNP con respecto sus remuneraciones, es grave. Esto puede ser interpretado como una manera de socavar la disciplina castrense y todo lo que conlleva en la vida profesional de estas instituciones, cuya organización vertical, subordinación y disciplina debería el gobierno tratar de mantener incólume.

Para la mayoría de nuestros connacionales, sin lugar a dudas la vida militar y policial no es de su interés y mucho menos su preocupación. Será porque el personal subalterno que integran los diferentes instituciones son voluntarias y pertenecen a las clase D y E de nuestra población. La población más pauperizada y empobrecida del país. Esto lo saben nuestros gobernantes.

Por décadas, uniformados y civiles han vivido, y aun viven “vidas paralelas”, comparten un túnel oscuro, caminando juntos y ni siquiera se miran. La pregunta es ¿por qué sus senderos nunca se unieron? Quiénes son los interesados en mantener esta brecha que cada día se hace más grande. Ni siquiera para ponerse de acuerdo, en temas tan importante como la Seguridad y Defensa Nacional. Un desconocimiento total corroe las fibras internas de los poderes del Estado y ni que se diga del poder mediático y empresarial.

Podemos percibir, que existe una gran indiferencia y desinterés por conocer la forma de vida que se lleva en los cuarteles y comisarías. No sabemos si por decisión propia o por influencia política. Por tanto, consideramos que no existe un verdadero sentimiento a favor de nuestras fuerzas de seguridad. Hay una gran ignorancia por las actividades, roles y funciones tan importante que cumplen los uniformados.

Lo cierto es que, a través de los años, las relaciones civil-militares se han convertido en una relación de desconfianza y susceptibilidad. Porque esa es la única explicación que encontramos a la indiferencia, maltrato y falta de equidad que ha mostrado el poder ejecutivo, para con los soldados y policías que diariamente se juegan el pellejo en calles y zonas de emergencia.

Ni que decir del maltrato que son objeto, los jubilados, aquellos hombres que entregaron su mejor esfuerzo y abnegación durante su permanencia en filas y que hoy son los grandes olvidados, los convidados de piedra de este escenario. Hombres en retiro, a quienes no se les reconoce el valor desplegado, durante las décadas pasadas frente a la subversión y que permitieron que este país al borde del abismo, tuviera halitos de vida, para poder levantarse de sus escombros y ser lo que hoy es. ¿O ya se olvidaron?

Por ello, tenemos la obligación de que nuestra nación, el país entero, conozca detalles del régimen excepcional que cumplen nuestros soldados y policías, diariamente para proteger a nuestra sociedad en cumplimiento a su finalidad constitucional.

“En el verano de 1982, el Teniente GC Gustavo Adolfo Duffaut Takata (promoción 1976), viajaba de Lucanas (sierra de Ayacucho - Ica) hacia la costa. En ese mismo ómnibus viajaban: un empleado del banco minero, dos profesores y un auxiliar de enfermería del ministerio de salud”.

El viaje se desarrollaba de manera normal, cuando de pronto, una columna de SL, obstaculizando el camino, con disparos y amenazas detuvo el bus, identificaron a las personas, se llevaron enseres de los pasajeros y la columna senderista asesino al Teniente Duffaut frente a todos para atemorizarlos, así actúan los senderistas.

El 04 de octubre de 1988, un ómnibus de la empresa Lobato se dirigía de Lima hacia Satipo, entre las 43 personas que iban a bordo estaba el capitán PG Juan Barbaran Hurtado. Se reuniría en Mazamari con su esposa Kelly y sus hijos (John, Giovanni y Selene su adorada bebita). En ese mismo bus viajaba un Suboficial del EP no identificado. Al llegar a la curva y quebrada de Uviriky (Pichanaki) los senderistas detuvieron tres buses, luego de saquear a los pasajeros ubicaron al Capitán PNP y al Suboficial del EP. A ambos los asesinaron con armas de fuego y machete. Posteriormente sus cuerpos fueron quemados.

Estos dos hechos nos demuestran que no todos los empleados al servicio del Estado son iguales, en sus horarios de trabajo, en las responsabilidades, en los riesgos y se pretende igualarlos ante la comunidad. Desde que los oficiales inician su servicio a la patria en defensa y seguridad de nuestros valores, han vivido en un régimen excepcional.

Es que la explicación, podría estar precisamente en el desconocimiento, de esa pequeña gran diferencia que existe entre el rol que desempeña un empleado público y un integrante de las FFAA y PNP. Por ello, hoy desde el Ejecutivo se pretende aplanar sueldos, ponerlos al mismo nivel, eliminar la cédula viva. Estamos seguros que no es ignorancia lo que se pretende demostrar, sino abuso de poder. Peor aún, indolencia.

No es posible que pleno siglo XXI se pretenda que el régimen excepcional bajo el cual trabajan los uniformados y que conlleva riego y peligro para su integridad se quiera borrar de un plumazo, buscando justificaciones que atentan contra la dignidad y seguridad que el Estado debería asegurar a sus fuerzas del orden.

Demagógicamente se pretende desinformar a la población nacional, asegurando que todos los empleados públicos son iguales y como se ha derogado la Ley 20530(cédula viva), no debe haber privilegios para otros servidores públicos. Se dice que se dará prioridad a la meritocracia.

Para quienes ignoran, los miembros de las FFAA y PNP durante toda su carrera, hacen los meritos profesionales suficientes, no solo estudian durante todos los grados, sino que, la mayoría optan por realizar estudios de post grado en diferentes universidades. Además de servir en diferentes guarniciones del país, sujeto a zonas de menor desarrollo y en lugares adonde el Estado no llega.

Eliminar la cedula viva, equivaldría a excluir muchas de las características propias del trabajo de militares y policías y que se puede resumir en: trabajo a dedicación exclusiva, es decir las 24 horas del día y los 365 días del año. Ser trasladados a cualquier guarnición sin previo aviso, combatir al matrimonio TID-SL, con riesgo de su vida, participar en las maniobras terrestres, marítimas, aéreas y servicios en guarnición. Así como las “órdenes de inamovilidad”.

De persistir la intención ilegal del gobierno para anular la cedula viva, ningún gobierno estaría en condiciones de asumir los gastos, para tener sus fuerzas de seguridad, trabajando 8 horas diarias igual que los empleados públicos, derecho a la sindicalización, huelga, pago de horas extras. Pago del seguro de vida para los titulares por riesgo de su integridad en ejercicios, maniobras y operaciones en tiempo de paz, como parte de su preparación.

Amén del pago de seguro, viáticos, pasajes al titular y familiares y otros al ser cambiados de colocación o nombrados en comisión del servicio. Y las operaciones en el VRAE y el Huallaga cómo se afrontarían. Qué sucedería si un miembro de estas instituciones en su legítimo derecho, no desea ser trasladado a provincias, o combatir en las zonas de emergencia, porque nadie puede ser obligado a trabajar en lugares no deseados.

Sin embargo, la situación laboral de los miembros de las FFAA y PNP por estar bajo un “régimen excepcional”, tienen la obligación de asistir sin ningún reparo al lugar donde son asignados, para prestar servicio dispuesto por la superioridad, dejando a su familia muchas veces en la orfandad. No tendríamos fuerzas de seguridad, sino mercenarios.

Consideramos que, el gobierno debe realizar un análisis real y objetivo de las condiciones laborales de los integrantes de las FFAA y PNP.

¿Qué es más factible para el Estado? Eliminar la cedula viva y el régimen de excepción, o mejorar las actuales condiciones económicas de sus fuerzas de seguridad. Tienen que poner en la balanza no la demagogia, sino la situación real. Señores, tengan en cuenta que su decisión no debe poner en riesgo la finalidad principal de las fuerzas de seguridad. Porque ustedes saben perfectamente, que ello conlleva al cumplimiento de su misión principal de velar por la Integridad, Seguridad y Soberanía del Perú.

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