¡Justicia,justicia,justicia, cuántos inocentes hay en las cárceles, en tu nombre!
Anónimo
Cuando hablamos que nuestro país es democrático, nos imaginamos que las instituciones funcionan como un mecanismo de relojería. Entre ellas, la más importante de todas, nuestro poder judicial. Sabemos que esta, constituye la piedra angular del ejercicio de la ley y el orden en un país como el nuestro. Por lo menos debería serlo.
En este contexto, podemos constatar con gran preocupación, que pese al gran interés por superar los bajos niveles de credibilidad que tiene el Poder Judicial, su Presidente Dr. Villa Stein, quien hace denodados esfuerzos por aplicar una reingeniería de procesos, para aligerar la carga procesal, choca contra la lentitud paquidérmica con que actúan las diferentes salas. Justicia que demora no es justicia, es injusticia.
Esta situación anómala, no es característica singular de la justicia ordinaria, sino también de la justicia militar-policial, que se demoró una eternidad para intervenir en el caso del espía Ariza. En el caso de la justicia ordinaria miles de casos que aún o tienen solución están permitiendo que nuestras cárceles estén pobladas con ciudadanos que no han sido juzgados.
Todos estaremos de acuerdo en considerar que una sociedad democrática y libre es aquella en la que se presume la Inocencia de los acusados, se protegen y resguardan las garantías individuales, y colectivas que nuestra Constitución, ley de leyes, sostiene, considera, avala y protege, para todos los ciudadanos del Perú, sin distingos de credo o raza.
La búsqueda de la justicia en nuestro país se viene tornando en un artículo suntuoso, suntuario, muy inaccesible para muchos peruanos que están en las cárceles, en detención domiciliaria o con mandato de comparecencia. Muchos aún no han sido juzgados, violando los plazos establecidos legalmente y alargados exprofesamente para perjudicar a los involucrados.
¿Es nuestra sociedad democrática y libre como muchos sostienen? Consideramos que no y los ejemplos sobran.
El caso del general Walter Chacón Málaga es un ejemplo de cómo no se debe llevar un proceso judicial, en un país que se considera justo, democrático y libre. El general Chacón y su familia vienen padeciendo desde hace más de 8 años, una persecución judicial inédita, nunca vista en los últimos cincuenta años de nuestra vida republicana.
Esta persecución se inicia con una denuncia periodística que por afán de protagonismo o siguiendo consignas de no sabemos quién, presentó la periodista Mónica Vecco, contra el general Chacón y otros 5 generales presuntamente por tener cuentas bancarias en el extranjero. La mencionada periodista nunca fue citada al poder judicial para presentar las pruebas de su denuncia.
Sin embargo esta persecución se convierte en infeliz una caza de brujas (perseguir a los oponentes políticos o no respetar los derechos civiles), emprendida durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo contra los funcionarios civiles y militares, que trabajaron con Fujimori y sin querer el Poder Judicial se convirtió en un instrumento de la venganza política del régimen toledista.
Recordemos que durante el toledato se modifican leyes que avalaban esta persecución. Cuando se cometió el presunto delito que le imputan al general Chacón estaba en vigencia el D.L. 25894 que establecía que la detención en los procesos ordinarios no podía exceder de 15 meses.
Posteriormente en el gobierno de Toledo se dicta la Ley 27553 que incrementa a 18 meses el plazo máximo y una excepcional a 36 meses. Aplicado con retroactividad lo que está prohibido por nuestra Constitución
Esta persecución inmisericorde a la que están sometidos no solo el general Chacón, sino otros oficiales del Ejército, nos recuerda al macartismo, ese episodio dramático sucedido en EE.UU entre 1950 y 1956, durante el cual el senador Joseph McCarthy desencadenó un extendido proceso de delaciones, denuncias, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas.
Este proceso fu denunciado en su momento como una caza de brujas por los métodos irregulares e indiscriminados que se utilizaron contra sus oponentes o enemigos políticos. Con este método artero no hubo justicia. Solo McCarthy se benefició al comprometer en estos actos a sus enemigos políticos.
Anónimo
Cuando hablamos que nuestro país es democrático, nos imaginamos que las instituciones funcionan como un mecanismo de relojería. Entre ellas, la más importante de todas, nuestro poder judicial. Sabemos que esta, constituye la piedra angular del ejercicio de la ley y el orden en un país como el nuestro. Por lo menos debería serlo.
En este contexto, podemos constatar con gran preocupación, que pese al gran interés por superar los bajos niveles de credibilidad que tiene el Poder Judicial, su Presidente Dr. Villa Stein, quien hace denodados esfuerzos por aplicar una reingeniería de procesos, para aligerar la carga procesal, choca contra la lentitud paquidérmica con que actúan las diferentes salas. Justicia que demora no es justicia, es injusticia.
Esta situación anómala, no es característica singular de la justicia ordinaria, sino también de la justicia militar-policial, que se demoró una eternidad para intervenir en el caso del espía Ariza. En el caso de la justicia ordinaria miles de casos que aún o tienen solución están permitiendo que nuestras cárceles estén pobladas con ciudadanos que no han sido juzgados.
Todos estaremos de acuerdo en considerar que una sociedad democrática y libre es aquella en la que se presume la Inocencia de los acusados, se protegen y resguardan las garantías individuales, y colectivas que nuestra Constitución, ley de leyes, sostiene, considera, avala y protege, para todos los ciudadanos del Perú, sin distingos de credo o raza.
La búsqueda de la justicia en nuestro país se viene tornando en un artículo suntuoso, suntuario, muy inaccesible para muchos peruanos que están en las cárceles, en detención domiciliaria o con mandato de comparecencia. Muchos aún no han sido juzgados, violando los plazos establecidos legalmente y alargados exprofesamente para perjudicar a los involucrados.
¿Es nuestra sociedad democrática y libre como muchos sostienen? Consideramos que no y los ejemplos sobran.
El caso del general Walter Chacón Málaga es un ejemplo de cómo no se debe llevar un proceso judicial, en un país que se considera justo, democrático y libre. El general Chacón y su familia vienen padeciendo desde hace más de 8 años, una persecución judicial inédita, nunca vista en los últimos cincuenta años de nuestra vida republicana.
Esta persecución se inicia con una denuncia periodística que por afán de protagonismo o siguiendo consignas de no sabemos quién, presentó la periodista Mónica Vecco, contra el general Chacón y otros 5 generales presuntamente por tener cuentas bancarias en el extranjero. La mencionada periodista nunca fue citada al poder judicial para presentar las pruebas de su denuncia.
Sin embargo esta persecución se convierte en infeliz una caza de brujas (perseguir a los oponentes políticos o no respetar los derechos civiles), emprendida durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo contra los funcionarios civiles y militares, que trabajaron con Fujimori y sin querer el Poder Judicial se convirtió en un instrumento de la venganza política del régimen toledista.
Recordemos que durante el toledato se modifican leyes que avalaban esta persecución. Cuando se cometió el presunto delito que le imputan al general Chacón estaba en vigencia el D.L. 25894 que establecía que la detención en los procesos ordinarios no podía exceder de 15 meses.
Posteriormente en el gobierno de Toledo se dicta la Ley 27553 que incrementa a 18 meses el plazo máximo y una excepcional a 36 meses. Aplicado con retroactividad lo que está prohibido por nuestra Constitución
Esta persecución inmisericorde a la que están sometidos no solo el general Chacón, sino otros oficiales del Ejército, nos recuerda al macartismo, ese episodio dramático sucedido en EE.UU entre 1950 y 1956, durante el cual el senador Joseph McCarthy desencadenó un extendido proceso de delaciones, denuncias, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas.
Este proceso fu denunciado en su momento como una caza de brujas por los métodos irregulares e indiscriminados que se utilizaron contra sus oponentes o enemigos políticos. Con este método artero no hubo justicia. Solo McCarthy se benefició al comprometer en estos actos a sus enemigos políticos.
Tenemos la percepción, que en este proceso se violado los elementales derechos del general Walter Chacón, consagrados en nuestra Constitución Política, como: el artículo N° 1, “La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; artículo N° 103, párrafo segundo que a la letra dice “Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo”, así como el artículo N° 139, incisos 3) “La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional” y 11) “La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales”. Además el de presunción de inocencia.
Esta caza de brujas debe acabar cuanto antes, no le hace ningún bien al poder judicial, si realmente quiere recuperar la credibilidad ante la opinión pública nacional.
El Tribunal Constitucional ha sentenciado a favor del general Walter Chacón, al considerar que se ha violado la presunción de inocencia y se ha violado el derecho a plazo razonable, lo que ha originado la prohibición para el que Estado continúe con la persecución penal.
Por tanto el colegiado conformado por las vocales Villa Bonilla, Tello de Ñecco y Ventura Cueva deben acatar el fallo del Tribunal Constitucional.
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