Las ONG´s y representantes de la izquierda caviar diseminados en los diferentes estamentos del aparato estatal, interesados en continuar desacreditando y poniendo límites al accionar de las FFAA y PNP frente a las amenazas, como son el narcotráfico y el terrorismo, no han tenido mejor decisión que asesorar en la presentación de un proyecto al Congreso que atenta contra la vida de los integrantes de nuestras FFAA y PNP, felizmente rechazada por todas las bancadas y la gran mayoría de la opinión pública.
Si el marco legal no es claro, sobretodo cuando del empleo y uso de de las armas se trata, entonces los integrantes de las FFAA y PNP, corren el peligro de enfrentar a las acciones del terrorismo demencial y el narcotráfico, completamente desvalidos, desprotegidos y en situación de indefensión. ¿Eso es lo que quieren los enemigos de la patria?
Recordemos que en abril de 1991, el presidente Fujimori aprobó los nuevos códigos penal y procesal penal mediante el Decreto Legislativo 635 y el Decreto Ley 638 respectivamente. Ambos códigos fueron el resultado del trabajo de comisiones integradas por expertos penalistas y parlamentarios.
El 17 de junio de 1991, el Congreso de la República accedió a una solicitud del Poder Judicial y mediante Ley 25327 delegó en éste la facultad de legislar por 150 días , a través de decretos legislativos en tres materias: promoción de inversiones, fomento del empleo y particularmente en lo referente a pacificación nacional.
Con respecto a la pacificación nacional la ley del congreso estableció que el Poder Ejecutivo debía legislar dentro de ciertos parámetros que eran a su vez, orientaciones teleológicas:
1. Desarrollar una estrategia integral para erradicar la subversión terrorista y el tráfico ilícito de drogas con la participación de la población, en las tareas de pacificación y autodefensa y el reforzamiento de la autoridad civil en todo el territorio.
2. Reestructurar el Sistema de Defensa Nacional estableciendo un Comando Unificado y un Comando Operativo que permitan mejorar las acciones que en materia militar y policial correspondan respectivamente a los ministerios de defensa y del interior.
Todo ello permitió a las FFAA y PNP, hacer frente a la lucha contrasubversiva y a las acciones contra el narcotráfico, desarticulando el nexo entre SL-narcotráfico y lograr finalmente la victoria frente a las fuerzas de SL, así como una disminución de la siembra de coca en los valles de la selva, por las labores de interdicción y por ende la disminución de la producción de la droga. No reconocer esto, sería una inocultable falta de objetividad y una indiferencia audaz.
Recordemos también, que por falta de un marco legal adecuado, muchos de los integrantes de las FFAA y PNP, que participaron valientemente en la lucha contrasubversiva, actualmente enfrentan juicios que afectan su carrera y a sus familiares por la inseguridad que ello conlleva y por falta de apoyo legal de ese mismo Estado al que defendieron y defienden.
Nuestra autoridades del ejecutivo, legislativo y judicial no deben volver a cometer los mismos errores, recordemos que durante el gobierno de transición de Paniagua, se dinamitó la legislación antiterrorista por presión de organismos internacionales de derechos humanos y ONG´s, cambiando por otras leyes que facilitaron posteriormente el juzgamiento y libertad de un sinnúmero de terroristas, que se presume se han integrado a los remanentes existentes en el Huallaga y el VRAE, así como a la labor política en las universidades y organzizaciones laborales.
Luego, la creación de la ex CVR durante el gobierno de Toledo, cuyo informe final fue presentado el 17 de Junio del 2003 en la sede de la ONU-New York, ante los Organismos de DDHH y políticos de ese país, vulnerando nuestra soberanía, y en el que responsabilizó al Gobierno, FFAA, PNP y Comités de Autodefensa de la comisión de “delitos de lesa humanidad”.
Este informe en lugar de propender a la unión, cerrar heridas y buscar la reconciliación entre los actores, por el contrario sus conclusiones abrieron la brecha entre civiles y militares a quienes hicieron responsables de aplicar un metódico procedimiento de lucha interna, basado en la violación sistemática de los DDHH.
Después como una retahíla de acciones para crear el caos y la incertidumbre dentro de las FFAA y PNP, se desató con toda la maquinaria mediática un ataque artero y furibundo contra los integrantes de la Operación Chavín de Huantar a quienes se acusó de ejecuciones extrajudiciales. En el colmo de la audacia erigieron el monumento "el ojo que llora", un homenaje a los terroristas en pleno corazón de la ciudad, una afrenta para quienes enfrentaron al terrorismo demencial.
Posteriormente, se publicó en el diario el peruano, el 09 de Noviembre del presente mes, la Ley Nº 29131, sobre el régimen disciplinario en nuestras Fuerzas Armadas, dicha norma legal si bien es cierto, por un lado permite al personal militar no acatar las órdenes que impliquen la comisión de un delito, desconozcan la Constitución o violen los derechos humanos, por otro lado, cuestiona seriamente la disciplina militar y puede poner en peligro a una organización de la naturaleza de las FFAA.
Para completar esta gran labor de excavación contra la moral y preparación de las FFAA y PNP, en el que están interesadas las ONG´s, los caviares y los organismos de derechos humanos, así como ex oficiales desafectos con sus instituciones, al intentar valiéndose de camaradas de ruta, que se apruebe el famoso proyecto de ley sobre el empleo y uso de las armas en el Congreso.
Frente a la actaul discusión sobre la conveniencia o no, de la modificación de este proyecto, se dilata el tiempo, así los remanentes del terrorismo demencial junto a los narcotraficantes, aprovechan para seguir segando vidas de valerosos policías y soldados, y enlutando familias, por las que, esos mismos organismos de DDHH nunca se pronuncian a favor de sus viudas y familiares en abandono.
Finalmente, mientras continúa esta guerra sicológica desatada por las ONG´s, la izquierda y los organismos de derechos humanos contra las Instituciones involucradas en la lucha contrasubversiva y el narcotráfico, cuya finalidad superior es socavar los valores, tradiciones e historia que mantienen la integración de las FFAA y PNP, éstas continúan firmes cumpliendo con su finalidad constitucional, la de defender la integridad, soberanía y con ello democracia y el deseo de vivir en seguridad y libertad.
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