Han transcurrido 23 años del calificado
“autogolpe” o “contragolpe”, el pronunciamiento del ex presidente Alberto
Fujimori. A la luz de los años transcurridos (1990-2000) y viendo en perspectiva los resultados de las bases sentadas en esa
década, podemos constatar, sin ser mezquinos que nuestro país ha progresado.
Aun, pese a los obstáculos y
limitaciones de los gobiernos que lo han sucedido, en el caso de Toledo mantuvo
la economía en piloto automático, García el del quinquenio perdido cosechando
lo sembrado en los primeros años del 90 y Humala que ha retrocedido por falta
de autoridad y liderazgo, para mantener el crecimiento.
Podemos afirmar sin lugar a
equivocarnos, que la decisión de disolver el Congreso por los obstáculos que
ponía al gobierno del “Chino”, fue dolorosa y traumática para la Democracia
endeble; pero se tenía que tomar, porque no había otra solución para enfrentar
los graves problemas, que amenazaban su integridad como Estado-Nación.
La mayoría de los connacionales
mayores, sufren de un alzhéimer beneficioso, o amnesia colectiva conveniente y
los más jóvenes no vivieron el escenario apocalíptico en que quedó nuestro país
después del gobierno del Apra, cuya herencia solo es comparable con el desastre
económico en que quedó el Perú después de la guerra con Chile.
El gobierno aprista del 85-90 fue un
régimen que dejó al país sumido en la bancarrota. Hiperinflación, aislamiento
financiero mundial, corrupción galopante, crecimiento y consolidación de SL y
el MRTA, y otras plagas y enfermedades endémicas graves, que atacaron el
sistema inmunológico de nuestra patria, hasta casi destruirlo.
El escenario de nuestro
país en esos años fue, “Una prolongada recesión económica, una grave amenaza
de retornar a la hiperinflación, extrema pobreza estructural (60% de la
población), PBI per cápita al nivel de 1960, presión extrema de la deuda
externa, incapacidad del aparato productivo para generar trabajo (75% de
subempleo y 10% de desempleo), reducción de producción agropecuaria por graves
sequía, inseguridad terrorista y carencia de crédito, contracción del gasto
social por empobrecimiento del Estado” Asimismo, el terrorismo de Sendero
Luminoso y el MRTA dejó 22,000 muertos y 23,000 millones de dólares en
pérdidas, sin contar el narcotráfico y la corrupción en el país. Asimismo se
debe agregar la “epidemia del cólera” la cual afectó a 130,000 personas y dejó
casi un millar de muertos”.
Alan García se asiló en la embajada de
Colombia y de allí hizo un salto con pértiga cruzando el Atlántico, para
aterrizar en Paris, la ciudad luz, la ciudad más cara del planeta y vivir a sus
anchas, una vida muelle en un departamento costoso, con hijos estudiando en
escuelas y universidades parisinas, sin explicar nunca de dónde salía el dinero
para estas actividades y para la alimentación de toda su familia.
Solo sabemos que se demoró 10 años en
retornar al país, hizo un sinnúmero de triquiñuelas en el Poder Judicial y el
Ministerio Público copado de apristones, quienes se encargaron de limpiarle el
camino empedrado de denuncias, por las que nunca respondió, esperando la
prescripción de los delitos por los que se le acusaba.
Como toda acción y decisión política,
y especialmente la disolución del Congreso de 1992, por las razones expuestas
por diferentes analistas y periodistas renombrados a favor y en contra, el
pronunciamiento dispuesto y liderado por Fujimori, fue aprobado y apoyado por
el 85% de la población. Al pueblo
peruano solo le importó la solución a los graves problemas de violencia
senderista, hiperinflación y aislamiento financiero.
El fallecido ex Congresista Luis
Delgado-Aparicio Porta expresó lo siguiente “La situación de caos generalizado
por la que atravesaba el Perú en julio de 1990 no era producto de la
incapacidad de nuestra población para vivir en orden y estabilidad, y, mucho
menos, aquella realidad dramática tenía relación alguna con la falta de
recursos naturales del país. Simplemente ese momento de postración nacional se
debió al irresponsable manejo económico y político, que el imprimieron a la
conducción del Estado muchos miembros de la clase dirigente tradicional, de la
que formaba parte esa izquierda supuestamente responsable que hoy llamamos “los
cívicos”.
Sendero Luminoso, principal enemigo de
nuestra patria, mimetizado en organizaciones de todo tipo, jamás reconocerá su derrota y menos tener a sus
principales líderes presos, por quienes sus organizaciones de fachada siguen
luchando para lograr su libertad. Muchos integrantes de esta organización
terrorista han salido en libertad, gracias a Valentín Paniagua y Alejandro
Toledo en connivencia con García Sayán.
Por otro lado, la Coordinadora Contra
la Impunidad (CCI) ha convocado a diferentes Organizaciones sociales y
colectivos ciudadanos, para realizar una serie de actividades en rechazo al
autogolpe de Estado del expresidente Alberto Fujimori. Esta organización es un organismo
de fachada de SL como el MOVADEF, aglutina a senderistas que dicen ser
demócratas, fieles a la ideología senderista del denominado 4ta espada de la
revolución mundial.
¿Qué es la Coordinadora Contra la
Impunidad y cuál es la finalidad y función de la misma? “… es una organización
de carácter amplio que agrupa a familiares de víctimas de crímenes de Estado,
organizaciones juveniles y compañeros/as comprometidos con la defensa de los
derechos humanos, unidos en la lucha contra la impunidad de las violaciones a
los derechos humanos por parte del Estado durante el conflicto armado interno…”.
Ustedes sacarán sus propias conclusiones.
El 5 de abril de 1992 el entonces
presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República, intervino el
Poder Judicial y destituyó a los integrantes del Tribunal Constitucional y
estableció un gobierno de que denominó de Emergencia y Reconstrucción Nacional.
La Coordinadora Contra la Impunidad
(CCI) sostiene y afirma que “El régimen golpista se caracterizó por el crimen y
la corrupción por la que han sido condenados Fujimori y su principal asesor y
brazo derecho, Vladimiro Montesinos, quien le manejaba las Fuerzas Armadas y
los servicios de inteligencia”.
Esta aseveración, demuestra una
ignorancia supina y un desconocimiento respecto de lo que indica la
Constitución sobre la Organización y finalidad de nuestras FFAA y PNP,
claramente establecidas en la Constitución en vigencia.
Silvia Sánchez Gómez, miembro de esta
organización de fachada de SL, dijo que “no debemos olvidar las consecuencias
de ese golpe de Estado en el ámbito de los derechos laborales, en el ámbito de
los recortes que se hicieron a partir de la modificación de la Constitución del
año 93 en el régimen económico”.
La Pacificación Nacional fue la gran
obra de Alberto Fujimori, el fariseísmo existente en nuestra clase política, en
las organizaciones políticas, las ONG´s de DDHH, la izquierda cívica o caviar,
les nubla la visión y les atenaza el cerebro, no dejándoles reflexionar
respecto de los cambios profundos e irreversibles que se han sembrado durante
el gobierno de Alberto Fujimori y cuyos beneficios se están viendo en el
presente.
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