Los medios de comunicación han dado a conocer a la opinión pública, que la Sala Penal Liquidadora Anticorrupción sentenció a 11 años de pena privativa de libertad (PPL) a funcionarios de Cofopri. Todos ellos, sentenciados por los delitos de cohecho, colusión y falsedad ideológica, involucrados en la venta irregular de un terreno de 30 hectáreas. Una hectárea tiene 10, 000 mts2.
En su oportunidad Alan García calificó este escándalo como “un acto de corrupción asqueroso” intentando zafarse de este hecho. En abril del año 2010, el director ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y amigo del ex presidente Omar Quesada, renunció en medio del escándalo.
Lo más espectacular e incomprensible del fallo judicial es la reparación civil, que los inculpados pagarán al Estado. ¡Increíble! 500, 000 nuevos soles. Una suma módica que no tiene relación con el delito por el que han sido condenados. ¿A quiénes beneficia este fallo?
¿Existe un criterio uniforme en los jueces para establecer la reparación civil? Depende quizás, de la condición del sentenciado, su procedencia, si es un funcionario civil o un militar en retiro. Vaya uno a saber. Esto está en la conciencia de los juzgadores. Algunas veces la conciencia está retorcida por otros intereses. Al parecer no han tomado en cuenta que estos predios, que en su momento costaron 5 mil nuevos soles, hoy valen 12 millones de dólares. ¿Qué buen negocio?
En este escenario que, sin lugar a dudas avergüenzan a un Poder Judicial que se esmera, lucha para superar y desechar sus falencias, como la corrupción que amenaza cubrir las buenas intenciones y acciones del Presidente del Poder Judicial, existen otros hechos que realmente son de Antología y con seguridad ocuparían buena cantidad de páginas del libro de record Guinness.
Nos referimos a casos en que no se han dictado sentencia, reos con más de 10 años presos, el caso del general Juan Rivero Lazo es muy elocuente y preocupante (10 años 9 meses). Otros se han sentenciado, sin haber evaluado y analizado todo lo actuado, dejando de lado los fundamentos de hecho y de derecho que oportunamente se han presentado.
Entre esos casos está el referido al general “R” Rigoberto Villena Peñares, quien ha sido sentenciado el 2 de febrero de 2011 a 4 años de pena privativa de la libertad efectiva, inhabilitación por 2 años y una reparación civil de 2 millones de nuevos soles, pese a la existencia de un voto discordante, por el colegiado de la 3ra Sala Liquidadora integrada por los magistrados Ramiro Salinas Sicche, Manuel Carranza Paniagua y Sonia Tellez Portugal.
A lo largo del proceso judicial se han presentado cuatro informes periciales:
a. De los peritos de
b. El Informe pericial de partes, concluye que no existe desbalance patrimonial.
c. El Informe Pericial Contable del CPC Jorge Paredes Bustamante, concluye que no existe desbalance patrimonial.
d. El Informe Pericial Contable de
e. El Informe Pericial Contable de los CCPPCC Carlos Otiniano Cabello y Clelia Doris Rojas Cuadrado, concluye en una duda.
Como se puede apreciar, de 5 peritajes contables, 4 son contundentes en señalar que no existe desbalance patrimonial y 1 es impreciso, de eso se valieron en la en el fiscal y la Sala para condenarlo. No se ha tomado en cuenta la Foja de Servicios, las Pericias Contables y se ha fijado una Reparación Civil por demás desproporcionada y abusiva.
El 5 de Octubre del presente año se realizó la “Vista la Causa” en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidido por el Dr. Javier Villa Stein e integrada por los magistrados Duberli Rodríguez Tineo, Josué Pariona Pastrana, José Neyra Flores y Jorge Calderón Castillo, quienes hasta la fecha no han emitido la resolución correspondiente, habiendo sobrepasado el plazo legal que es de 30 días útiles.
Casos como el que hacemos conocer a la opinión pública, permiten inferir que aún persiste el encono, la animadversión y el abuso cuando se trata de juicios en el que los protagonistas son militares en retiro, contra quienes se enfila todas las baterías para empequeñecer y desparecer legalmente a personas que siendo inocentes son motivo de venganzas y con seguridad de persecuciones por el simple hecho de ser militares. ¿Esto es justicia?
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