sábado, 27 de diciembre de 2008

Acusación “contundente” o colaborando para demostrar la inocencia de Fujimori.


Los jueces están prohibidos de adelantar opinión sobre sus decisiones. A los médicos, sacerdotes y abogados no les está permitido hablar sobre sus pacientes, los casos que se ventilan en la justicia, o los pecados de las personas en una confesión. Existe un código de ética al que innumerables veces se apela y se debe respetar. La relación médico-paciente, abogado-acusado y la relación entre los actores en una sala de juzgamiento, es sagrada e inviolable.


Una sala de juzgamiento, no es un partido de futbol; ni el fiscal, juez o defensor son entrenadores de un equipo de Vóley. Por un mínimo sentido común, lógico y ético no se debe adelantar opinión, ni hablar de los deseos personales, ni de las ansiedades de tal o cual grupo. Porque simplemente ponen en peligro su propia actividad y rol en el entramado judicial, y pierden credibilidad ante la opinión pública.


Pero, qué razones puede mover un fiscal para declarar a los medios de comunicación respecto a su estrategia de acusación frente al caso Fujimori. Podemos presumir que, su posición jurídica respecto a la acusación en los hechos motivo del juicio, son muy endebles y con seguridad teme un revés. Lo lógico es recurrir a los medios para afianzar su posición y de esta manera ganar la guerra mediática para su causa, dejando flotar en el ambiente un consenso de culpabilidad de Fujimori.


En ese escenario es muy importante reforzar la presencia de fiscales y abogados de la parte civil y no desconectarse de los medios de comunicación aprovechando el interés y la trascendencia del caso. Para ello les es vital aprovechar entrevistas, hacer declaraciones, reportajes y utilizar cámaras tanto como sea posible.
Así, recientemente en declaraciones a la prensa el fiscal supremo adjunto Avelino Guillén, nuevamente hizo traslucir su deseo personal, más que el deseo de impartir justicia. Aseguró que la acusación contra el ex presidente Alberto Fujimori “será contundente”, porque se basan en “importantes variaciones” que corroborarán la imputación hecha contra el ex jefe del Estado.


Ha expresado que “Habrá importantes variaciones porque han concurrido muchos testigos; entonces, se tiene nueva información que hay que sopesar y evaluar porque permitirá a la Fiscalía presentar la requisitoria más completa, contundente y concluyente sobre lo que ocurrido entre 1991-1992”. Agregó además que “Se tendrá como base la acusación inicial que es inamovible, pero vamos a reforzarla a fin de desarrollar ampliamente en qué consiste la culpabilidad del ex presidente Fujimori”.


Para ello, recordó que en el juzgamiento a Fujimori se han presentado 83 testigos que declararon en el proceso y se han entregado 500 documentos que servirán como prueba incriminatoria, sobre lo ocurrido entre 1991 y 1992, años en los cuales se perpetraron las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta, así como los presuntos secuestros tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.


Por su parte el fiscal supremo José Antonio Peláez, indicó que con lo actuado “se ha demostrado que Alberto Fujimori fue el artífice de todo. Artífice de una política de doble estrategia, una formal y otra informal”. Ambos fiscales, presumen haber demostrado la fortaleza de su acusación, para ello recurren a los medios de comunicación, frente al silencio de la defensa.


Nos hemos preguntado si la actitud de ambos fiscales, se podría considerar como una primicia periodística, un adelanto de opinión o parte de su estrategia de acusación. Lo que podemos establecer o colegir de todo esto es que, hasta la fecha no se ha podido demostrar que el ex presidente sea el autor mediato de los asesinatos de la Cantuta y Barrios Altos. Faltan argumentos legales y se recurre a la presión de algunos medios.

Nuevamente, habiendo llegado a estas alturas del juzgamiento del ex presidente Fujimori, debemos recordar a la opinión pública que, Chile aceptó la extradición de Fujimori en el presunto delito: Barrios Altos y La Cantuta, por homicidio calificado y lesiones graves. En ningún momento se ha considerado a los presuntos secuestros tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, como el fiscal Guillén aseguró a un medio local.
No desinformemos a la opinión pública nacional.
Publicado por el diario La Razón de LIma-Perú. 29 de diciembre de 2008, bajo el título "Fiscales del megajuicio rercurren a la presión mediática para imponer cargios contra Fujimori.

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