Gobernantes del Perú se encargan de mantener debilitadas y famélicas a sus fuerzas de seguridad.

La Constitución del Perú dispone en su artículo 167 que, “El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”. Como bien sabemos, el rol de Jefe Supremo impele el cumplimiento de funciones y responsabilidades para el logro del bienestar general y la seguridad integral de la nación peruana.

Consideramos que, este rol no se está cumpliendo con la responsabilidad que amerita y de conformidad a la Constitución vigente. No solo se está dejando desprotegida a la nación con la unilateral política de desarme, sino que, trayendo sentimientos antimilitaristas pretéritos del Apra visceral de los años 30, se quiere, pretende y exige la muerte por inanición de las fuerzas de seguridad del país, al enviar al degolladero el régimen de cedula viva.

El presidente Alan García Pérez personifica a la nación y en su calidad de Jefe Supremo de las FFAA y PNP, muestra su particular forma de agradecer, contrario a su mensaje de 28 de julio último, en que –de la boca para afuera- destacó el reconocimiento a las FFAA y a la PNP por su sacrificada lucha contra las fuerzas oscuras del mal, manifestando su interés y decisión para reestructurar y mejorar las remuneraciones y pensiones del personal militar y policial, en la situación de actividad y retiro.

Con la presentación del proyecto de presupuesto del Ejecutivo al Parlamento, se consumó una mayúscula ingratitud del gobierno a las Fuerzas Armadas y PNP de la Nación. Atrás quedaron sus promesas electorales, su mensaje a la nación de este 28 de julio, esperamos sea el último de su existencia política. Lejos, muy lejos se estancaron en una ciénaga los proyectos de la Comisión del PCM Velásquez Quesquén, las diferentes organizaciones de militares y policías en retiro. Ni el proyecto de su amigo y tocayo Alan Wagner fue considerado.

En el mencionado proyecto de presupuesto para el año 2011 ha planteado primero la desaparición de la cédula viva para soldados y policías, luego la anulación de ingreso a las escuelas de formación de estas fuerzas, lo que creará una brecha generacional muy difícil de recomponer en el horizonte inmediato y la congelación de remuneraciones de personal retirado.

¿No es esta la demostración más palpable de una actitud mezquina, prepotente y negligente contra la familia militar-policial? ¿Dónde quedó la política de integración de todos los peruanos? ¿Por qué en su calidad de Jefe Supremo busca la exclusión de militares y policías de la gran familia peruana? ¿Qué intereses bajo la mesa existen, teniendo en cuenta que faltan pocos años para la decisión de la Corte Internacional de la Haya respecto al diferendo marítimo?

Si hacemos un retroceso histórico en el tiempo, recordamos que en 1879 el General Mariano Ignacio Prado gobernaba el Perú, héroe del 2 de mayo de 1866. Ostentaba el grado de General de División que le había conferido Chile. Era compadre de Aníbal Pinto presidente chileno. Mariano Prado confió en él, creyó que por ese compadrazgo Chile no le declararía la guerra, su estupor y sorpresa fue inmensa cuando Pinto le declaró la guerra el 5 de abril de ese año. Lo demás es historia conocida.

Regresando al presente, el presidente García tenía entre manos una sorpresa para la familia militar-policial, contrario a su discurso expresado en el Congreso. ¡Aumento sí; pero, desaparición de la cédula viva, cierre de las escuelas de formación y disminución del presupuesto! Y envió a su ministra de economía, para dar la cara y enfrentar un duro vendaval, un huracán de desacuerdos, un peñón de oposiciones y un avinagrado desdén que se ha ganado de los familiares de soldados y policías.

Todo fue una gran mecida, una gran mentira, una gran maniobra de distracción que estaría sirviendo para otros fines. Los afectados por esta decisión polémica se preguntan ¿Cómo se deben estar carcajeando en el país del sur? Con seguridad burlonamente. No necesitan ningún conflicto, porque los mal llamados gobernantes del Perú se encargan de mantener debilitadas y famélicas a sus fuerzas de seguridad.

Y así, con ese gran cuajo acorde con su volumen, cada día en ascenso, pretende llegar por tercera vez a la casa de Pizarro el 2016. ¿Qué les parece?

Militares y Policías infieren que este proyecto de marras ya estaba cocinado, ¡Dios sabe desde cuándo! Todo lo demás, era lo de menos. En el Congreso, con seguridad no pasará nada. Será aprobado, pese a que hay voces apristas discordantes, que se alinearán de inmediato porque son disciplinados alanistas o apristas. ¡Qué tal bomba de tiempo que le dejará Alan al próximo gobierno!

Lo que más llama la atención es que los ministros de Defensa e Interior, aparecen como dos convidados de piedra, que aparentaron sorpresa ante tamaña y abusiva decisión presidencial. ¿Por qué ambos ministros, que se supone representan el sentir de las FFAA y PNP, de inmediato no presentaron su renuncia irrevocable? Del Ing. Rafael Rey lo podemos entender por su formación académica e ideológica, pero del general Octavio Salazar que vivió las perores épocas, no lo entendemos.

A los dos ministros les preguntamos ¿Por qué seguir esta comparsa como marionetas tapándole los huecos oscuros a este gobierno, que se ha ensañado con las fuerzas de seguridad de la nación?

En un diario de la capital ante la pregunta que le plantean a la Ministra de economía de este régimen “¿Y en verdad será capaz de convencer a congresistas que tienen una posición contraria a su proyecto? Por ejemplo, al almirante Giampietri”.

“Yo creo que sí. Si Giampietri tiene una real preocupación por el personal policial y militar en actividad debería escuchar esta propuesta. Ahora, esta no es idea mía. Hemos trabajado con el premier, con los ministros de Interior y Defensa, y con el presidente. Y él está convencido de que este es el momento adecuado para hacer esta reforma. Más claro ni el agua. Los titulares de Defensa e Interior si conocían de este nefasto proyecto.

En reciente Comunicado de la Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP del 3 de setiembre 2010 expresa lo siguiente “Lo establecido en las DÉCIMA OCTAVA y DÉCIMA NOVENA disposiciones finales de dejar sin efecto todas las disposiciones aplicables al régimen del Decreto Ley N° 19846 referidas a LA RENOVACIÓN, HOMOLOGACIÓN O NIVELACIÓN DE LAS PENSIONES CON LAS REMUNERACIONES, INCLUSO EN EL CASO DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ E INCAPACIDAD O DE SOBREVIVENCIA DE DICHO RÉGIMEN, no sólo desconoce lo establecido en los artículos 174º y 206º de la Constitución, si no que refleja una ignorancia total de carácter legal y pone en evidencia una actitud demencial de parte del Ejecutivo frente al estado de derecho en el país”.

“El presidente Alan García ha traicionado una vez más a las FFAA y la PNP, pues ha faltado a su compromiso de hacer justicia a los que cumplieron el encargo de pacificar el país y lograr el clima de tranquilidad que necesita el país, y lo único que ha hecho es sembrar vientos y tendrá que asumir las consecuencias de cosechar tempestades, porque los cuarteles rebosan de malestar en estos momentos”.

“En tal sentido, exigimos de parte de los Señores Ministros de Defensa y del Interior, del Presidente del CCFFAA y de los Comandantes Generales de las FFAA y Director General de la PNP, una respuesta inmediata y firme, frente a este pretendido atropello de parte del Jefe Supremo de las FFAA y PNP; de no ser así EXIGIMOS su inmediata renuncia al cargo, por falta de liderazgo y lealtad al personal bajo su comando”.

Invocamos al Ejecutivo a la cordura y al Legislativo a tener en cuenta, que la aprobación de este proyecto, solo polarizará la situación social entre civiles y uniformados, lo cual es contraproducente para la seguridad integral de la nación. El gobierno está agregando gasolina a la ya debilitada sensación de inseguridad que vive el país por efectos de la delincuencia común, narco-terrorismo, TID y delitos agravados. Es necesario un momento de reflexión en los decisores, para que nuevamente analicen, recapaciten y modifiquen este proyecto. Si no lo hacen, pasarán a la historia como los dos personajes responsables de la catástrofe que afectará a las FFAA y PNP, sus familiares y lo que es muy grave a la Seguridad Nacional.