martes, 11 de noviembre de 2008

Los crímenes olvidados de SL y las ONG´s de derechos humanos

Las organizaciones de derechos humanos, ONG´s y su prensa mediática han utilizado como caballitos de batalla, los asesinatos de Barrios Altos, la Cantuta, Accomarca y otros, para oponerse a todo tipo de iniciativa, que busque la plena reconciliación de todos los peruanos, sin distinción de ningún tipo. Son más de veinte años que SL inició su mal llamada “guerra popular” y aún estamos separados, civiles y militares.

Debemos recordar además, que existen en el poder judicial 618 integrantes del ejército enjuiciados que hasta ayer se defendían como podían, pues el Estado los había olvidado. Además faltan judicializar aproximadamente 40 casos más, con lo que fácilmente se superarán los 1,000 efectivos comprometidos por la ex_CVR. Cuál fue su pecado, pues defender el sistema democrático, cumplir con su finalidad constitucional y librar a nuestro pueblo de la plaga del terrorismo demencial.

Queremos citar algunos asesinatos ejecutados por SL y que no han merecido la atención de la ex_CVR, porque ninguno de sus comisionados se tomó la molestia de visitar estas localidades para investigar y entrevistarse con los sobrevivientes. El 13 de setiembre de 1985 murió un niño de 13 años al intentar colocar ocho cartuchos de dinamita en la delegación policial de Huamanga. El 30 de enero de 1986, fueron asesinados 14 ronderos en Cochas a 120 kms de Huamanga. El 27 de marzo de 1986, senderistas asaltaron el fundo Vista Alegre en La Mar, torturaron y cortaron las piernas con machete a seis campesinos, uno logró sobrevivir. (1)

El 19 de setiembre de 1986, en la provincia de La Mar, al caserío Cochas ingresó una columna de 50 senderistas hirieron indiscriminadamente e incineraron a 18 personas. Huamanguilla se ubica entre Huanta y Huamanga, el 18 de setiembre de 1986 incursionó SL y secuestró a cuatro trabajadores de la corporación de fomento de Ayacucho y luego fueron degollados. Entre el 12 y 15 de junio de 1987, SL asesinó a 23 colonos del Alto Apurímac, en la zona Oreja de perro. (2)

La Comunidad Ashaninka Cutivirine organizada a la vera del río Ene, fue objeto de innumerables incursiones de SL, la primera se produjo el 12 de junio de 1987, los terroristas asesinaron a cinco personas, dinamitaron la capilla, volaron el motor eléctrico e incendiaron cincuenta casas; luego en noviembre mataron a 10 ashaninkas y asesinaron a tres profesores, a quienes antes torturaron.

El 10 de enero de 1988 una columna de SL incursionó en CCanchicasa, fueron asesinados 27 ronderos. Entre el 6 y 11 de setiembre de 1987 una columna senderista asesinó a 29 campesinos en Vera Conchán; 18 en San José de Secce y a 15 en Ayarhuaco. (3)

Luego de este apretado recuento de los crímenes de SL; hasta la fecha, no hemos percibido que las organizaciones de derechos humanos, las ONG´s y la ex CVR, se hayan preocupado por solicitar los resultados de las investigaciones, si las hay, y sobre todo determinar quiénes son los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Pero, cuando se trata de las FFAA, de inmediato reaccionan proactivamente y demandan investigaciones de todo tipo.

Nuevamente la maquinaria mediática a disposición de las ONG´s defensoras –dicen de los derechos humanos de todos los peruanos- iniciaron una campaña de guerra sicológica, cuyo objetivo es lograr consenso en la población, para que cambie su actitud frente a dos proyectos que han presentado los congresistas Mercedes Cabanillas y Edgard Núñez.

Ambos proyectos presentados por representantes del partido de gobierno, visan el fin de la persecución judicial del que son objeto, cientos de miembros de las FFAA y PNP, cuyo pecado fue cumplir la decisión política de enfrentar a las organizaciones subversivas y proteger a millones de peruanos de la barbarie terrorista y homicida.

La Congresista Mercedes Cabanillas ha presentado un proyecto de indulto, en el que propone la creación de una comisión ad hoc para plantear al Presidente la concesión de indulto, conmutación de pena y derecho de gracia a militares y policías que lucharon contra la subversión. Por su parte el Congresista Edgard Núñez presentó un proyecto de Amnistía, para los Comandos Chavín de Huantar y crear una comisión ad hoc para evaluar y proponer ante el Congreso una amnistía al personal militar y policial.

Como podemos apreciar, ambos proyectos buscan poner coto a esa brecha de separación que cada día se hace más grande. Todos somos conscientes que hay una gran herida abierta que aún no cicatriza, se trata de la famosa y tan mentada reconciliación, un buen deseo que fue la bandera de la ex CVR.

Las organizaciones encargados de defender los derechos humanos de todos los peruanos, cada día le ponen más sal y vinagre para que esa brecha siga en llaga viva y de esta manera no se logre la unión de todos los peruanos. Quiénes son los encargados de evitar que esta unidad se logre, pues ustedes amables lectores pueden adivinar claramente.

Ambos proyectos no incluyen a quienes están involucrados presuntos en actos de violación de derechos humanos, tal como estas organizaciones quieren hacer creer a la opinión pública nacional. Los argumentos de los que se valen para esta arremetida, no resisten el menor análisis, porque tratan de hacer creer que estos proyectos buscan el perdón y la impunidad.

En cuanto el congresista Edgard Núñez anunció la presentación de su proyecto, inmediatamente salieron a hacerle carga montón los representantes y operadores de las ONG´s, quienes valiéndose de los medios de comunicación afines a su servicio, vienen atacando el proyecto para hacerlo abortar antes de que nazca. Para este fin acuden a cuanto programa radial y televisivo le facilitan sus innumerables relaciones.

Las organizaciones de derechos humanos que funcionan en nuestro país, como es el caso de IDEELE, en nuestro modesto entender mantienen un doble discurso; por un lado expresan en su declaración de principios lo siguiente: que “Condena todo tipo de discriminación por condición social, posición económica, origen de género, opción sexual, raza, cultura, edad, religión o cualquier otro motivo”. Lo que no se condice dado su permanente posición antimilitarista, como se puede deducir de sus continuas campañas, para oponerse a cualquier iniciativa que busque la reconciliación entre peruanos, como es el caso de los proyectos.

Según los voceros de las organizaciones de IDEELE y APRODEH, integrantes de la CNDDHH, han pegado el grito en el cielo, aduciendo que los mencionados proyectos para amnistiar a militares procesados por violaciones de derechos humanos cubriría con un manto de impunidad al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, al general Nicolás Hermoza Ríos y a los coroneles Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio, responsables de acciones encubiertas posteriores a la operación Chavín de Huántar.

Para agregar más pimienta el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía ha expresado su posición indicando que la Amnistía no procedía, aludiendo a la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a los casos Barrios Altos y La Cantuta. Esto fue descartado de inmediato por el congresista Edgar Núñez, quien aseguró que “La amnistía propuesta no es para gente que haya aniquilado personas de manera masiva y sistemática. Es una amnistía para quienes lucharon contra el terrorismo y para aquellos que se encuentran injustamente encarcelados, es una propuesta que tiene carácter humanitario”.

Si realizamos una encuesta en nuestra población, tenemos la seguridad plena que un 90% de los peruanos estará de acuerdo, que en el Congreso se apruebe uno de los dos proyectos que se van a presentar. La opinión pública se pregunta hasta cuándo debemos seguir con esta persecución judicial contra los integrantes de las FFAAS y PNP que nos libraron del terrorismo demencial.

Por qué las organizaciones de derechos humanos, ONG´s, izquierda caviar y sus bustos parlantes, buscan que la brecha nunca se cierre y que las heridas permanezcan abiertas. Para quién juegan estas organizaciones, en que lado se ubican, consideramos que no son consecuentes con lo que pregonan.

Dicen defender los DDHH de todos los peruanos, sin embargo en lo real y concreto solo lo hacen de los subversivos, prueba de ello es que el congresista Edgard Núñez ha denunciado que el personal militar herido gravemente e internado en el Hospital Militar y que fue atacado en la última emboscada narcoterrorista en Huancavelica, todos han sido denunciados ante el fuero civil. De esta manera infunden temor en las fuerzas de seguridad que actualmente ponen el pecho en el VRAE.

Publicado por el Diario La Razón de Lima-Perú- 12 de noviembre de 2008.
Notas (1,2 3): Libro “Complot contra los militares” (Falsedades de la CVR) del Crl EP Pablo Morán Reyna
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