domingo, 10 de octubre de 2010

¿Es artificial el crecimiento de la economía peruana?

Los medios de comunicación han hecho conocer a la opinión pública nacional, que nuestro país está creciendo económicamente y que el PBI ha crecido 7%, si esto es así, por qué no chorrea. Por otro lado, los diarios nos traen profusa propaganda de las miles de obras que dice el gobierno estar realizando. ¿Es realmente verdadero ese crecimiento? ¿Le pertenece a todos los peruanos?

Como lo explica el economista Pedro Franke “Este año 2010, las ganancias de las trasnacionales que operan en el Perú sumarán cerca de 8 mil millones de dólares, unos 22 mil millones de soles. Es muy difícil entender un número de este tamaño, con los ceros que se acumulan y marean. Démosle una miradita más: es un número de 11 cifras, 22, 000, 000,000”. ¡Se imaginan esa cantidad de dinero!.

El reconocido economista continúa y expresa que “Aún cuando todo este dinero pertenece a extranjeros y no a peruanos, se cuenta dentro del crecimiento del PBI. Cuando Alan García saca pecho por un crecimiento económico de 7 por ciento, en esa cifra están incluidas estas ganancias que no pertenecen a los peruanos sino a Chilenos, europeos, norteamericanos y chinos (…). “(…) Los 12 millones de peruanos más pobres tienen ingresos de apenas 150 soles mensuales. Esa enorme cantidad de peruanos pobres, que si los ponemos todos juntos llenarían 200 estadios nacionales, suman entre todos 21 mil millones de soles de ingresos en un año. Las trasnacionales ganan 22 mil millones. Unas pocas empresas trasnacionales ganan más que casi medio Perú”. Ojo.

El encargado de preservar los recursos naturales y monitorear el uso o empleo y explotación adecuada es el primer ciudadano del país, quien además preside el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. Por qué tanta permisividad con los inversionistas extranjeros, qué negocios hay bajo la mesa. Agachan la cabeza y se ponen de rodillas ante los capitales extranjeros y maltratan a sus FFAA y PNP, viudas, discapacitados como si fueran los parias de esta sociedad.

El fin supremo del estado es la persona, es decir, que la persona en nuestro país es el máximo valor, debería serlo. Por otro lado, el fin supremo implica el lograr el Bien Común y para alcanzarlo, se debe primero alcanzar dos fines esenciales que son: el Bienestar General y la Seguridad Nacional. En este gobierno ambos fines no se han logrado, a este paso, ni se lograrán en el futuro inmediato.

Mientras en nuestro país el gobierno de Alan García dispuso la eliminación de la cédula viva, el recorte del presupuesto destinado a las FFAA, como condición para un aumento de sueldos. Una medida parecida en Ecuador dio lugar el 30 de setiembre último a una asonada en la que participaron la policía y miembros de las FFAA, la que mantuvo detenido al presidente hasta que fue rescatado por el ejército ecuatoriano a sangre y fuego.

Frente a las causas que produjeron los luctuosos hechos en Quito y pasados los momentos de crisis, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, hablando en nombre del gobierno precisó “Encontramos que es artificial hacer simulaciones entre las funciones del sector público y las funciones de las Fuerzas Armadas. ¿Con qué criterio se establece que un director general (del sector público) es lo mismo que un coronel o un capitán de fragata? No tiene mucho sentido”. El ministro Espinosa aseguró que la nueva escala salarial estará lista en diciembre próximo.

Solo para información de la opinión pública nacional. En las FF.AA del Ecuador hay nueve rangos en la clase de oficiales. El más alto corresponde a general, con una remuneración de $ 4.830 y el de un subteniente, que gana US$ 1.286 dólares. En cuanto al personal subalterno existen ocho rangos. El suboficial mayor, con un salario de US$ 1.870, dólares mientras que un soldado recibe US $ 819 dólares mensuales. Como se puede apreciar, existe una diferencia abismal con las remuneraciones de las FFAA y PNP de nuestro país.

Por otro lado, tal parece que el poder judicial se está convirtiendo en una coladera. Este poder del Estado vuelve a repetir los errores del pasado. Para ser exactos, al inicio de la década de los 90 del siglo pasado, cuando los jueces y fiscales, por temor, dejaban en libertad dizque “por falta de pruebas”, a un sinnúmero de terroristas de SL y MRTA que eran capturados por la policía.

Por eso, pareciera que en el Poder Judicial no existe un criterio de justicia porque, por un lado conceden libertad restringida a connotados terroristas, quienes se han favorecido, de los beneficios establecidos para delincuentes comunes y han salido de la cárcel y por otro lado, aplican con mucho rigor las sanciones a militares y policías, muchos de ellos lucharon contra los que hoy han sido liberados y están a punto de salir en libertad.

Pronto a este paso, saldrán Lori Berenson nuevamente, Osmán Morote, Garrido Lecca y otros más que hacen cola. Quienes deberían cumplir los años de cárcel que la justicia ha dispuesto, por todo el daño económico, psicológico y pérdida de vidas humanas, y haber engendrado a los hijos de esta violencia: el pandillaje, secuestradores, marcas, extorsionadores y demás lumpen de la sociedad.

La opinión pública nacional, que sufrió los estragos de la violencia senderista y emerretista, se está preguntando ¿Qué está sucediendo en el Poder Judicial? ¿Quién mueve los resortes para que se aplique beneficios carcelarios a terroristas?

Mientras nuestros soldados siguen tiñendo de rojo con su sangre las alturas andinas, así como el capitán CAP. EP Illich Montesinos muerto en acción, defendiendo los valores de libertad y democracia en la zona de quebrada Rondayacu, distrito de Monobamba, Jauja-Junín. Por qué mejor no declaran amnistía general para los integrantes de los grupos violentistas, que asolaron al país las últimas décadas del siglo pasado, los deja en libertad y cierran las cárceles.

Así como la muerte del soldado Illich Montesinos, el pueblo no olvida que gracias a soldados, policías y ronderos hoy respiramos un ambiente de tranquilidad y paz. Todos los peruanos, hoy, desde los más humildes a los más encumbrados, tienen la posibilidad de realizar sus actividades estudiantiles, sociales, profesionales, laborales y de otra índole, en completa tranquilidad y con la seguridad de que regresarán a casa al termino de su actividad, sin el peligro de ser despedazados por la explosión de un coche bomba o el corte del suministro eléctrico.

Para que esto suceda, soldados, policías y ronderos, tuvieron que fajarse no solo en la lucha urbana, sino en el campo donde realmente las papa quemaban y quemaban bien. No fueron a luchar quienes hoy desempeñan altos cargos en la Corte Interamericana de DDHH, en la administración pública, en los poderes del estado, congresistas, ni empresarios, ni conductores de programas televisivos, ni sus hijos y parientes, no.

Más bien muchos abandonaron el país y se fueron a vivir al extranjero esperando que alguien haga el trabajo, que ellos pedían a gritos se hiciera y del que hoy marcan distancia. Luego de la victoria sobre las fuerzas oscuras del mal, gracias a las FFAA, PNP y ronderos, regresaron en calidad de abanderados de la democracia, adalides de los derechos humanos y limpios de antecedentes judiciales.

No solo hay un sentimiento de animadversión, venganza e indiferencia, sino un deseo malsano con quienes se fajaron, para emplear la frase acuñada por Toledo, por la democracia. Hay en el fondo un deseo malsano de prescindir de las FFAA y colocarlas en el nivel de una guardia nacional.

Ese sentimiento subalterno se patentiza cuando en cargamontón algunos medios de comunicación desataron una campaña mediática, convirtiéndose en bustos parlantes de las ONG´s de derechos humanos, de los grupos de izquierda light, quienes le pusieron al Decreto Ley 1097 una cruz más grande que la del Morro Solar y como pseudo epitafio “beneficiará al grupo Colina”, enviándolo al retrete. Más por temor a la izquierda caviar que por convicción democrática.

Pero, lo que ha causado sorpresa e indignación en la opinión pública nacional, a los familiares de los secuestrados, a los obligados, chantajeados a pagar cupos, a los que purgaron condena en las famosas “cárceles del pueblo” y sobrevivieron, es otra decisión polémica que se tiene que investigar, es la decisión judicial inexplicable de dejar en libertad restringida a la terrorista Nancy Gilvonio viuda del terrorista del Néstor Serpa Cartolín.

Sí, el mismo que tomó la embajada japonesa en diciembre de 1996 con más de 700 rehenes en su interior a sangre y fuego, y que fueron rescatados mediante la impecable, y admirada mundialmente Operación “Chavín de Huantar”.

¿Y quién fue el encargado de dar libertad a la terrorista Gilvonio? El juez especial Segismundo León quien aceptó el pedido de libertad condicional. ¿Alguna autoridad velará los sueños de Gilvonio? No existen policías suficientes para la seguridad ciudadana, mucho menos, para controlar a los terroristas que salen de las cárceles. Pedimos al gobierno, al poder judicial y a las autoridades en todos sus niveles, un poco de coherencia en sus decisiones y tengan en cuenta que estas afectan no solo al logro del bienestar general, sino que tienen su correlato en la Defensa y Seguridad de nuestro país.

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