Si sigues las huellas del diablo, regresarás con los pies negros.
A veces para atrapar un lobo debes atar la carnada a un árbol.
Anónimo.
La mafia carroñera se apodera del Estado peruano.
Por: Arturo Castro
Han transcurrido 25 años, desde aquél fatídico 20 de
noviembre de 2000 en que nuestro país ingresó a un túnel oscuro, tenebroso y
lleno de alimañas de todo calibre, y hasta el presente no podemos llegar a esa luz
al final del túnel. Fue durante el gobierno del tristemente célebre presidente
transitorio Valentín Paniagua, que por azares del destino y por cobardía de los
congresistas se erigió en gobernante y le abrió las puertas del Estado a los
caviares.
Se consolidarían durante ese quinquenio maldito, el gobierno
del corrupto y dipsómano, hoy en la cárcel de la DIROES Alejandro Toledo, hedonista
de marca mayor, dedicado a los bajos placeres, dependientes instintos y
malévolos intereses, permitió que esta mafia aprovechara la conducta
irresponsable de este nefasto personaje, para tender sus redes y apropiarse del
espíritu legal del MP y PJ. Captándolos hasta hoy.
Una vez conquistada esa cabecera de playa judicial que les
fue puesta en bandeja de plata, fue muy fácil, relativamente fácil avanzar e infiltrarse
en todos los niveles, valiéndose de mil argucias, como aprovechar las
facilidades para realizar diplomados, maestrías, pasantías en el extranjero con
gastos pagados y sufragado por ONG’s enemigas del país.
Actualmente, intereses mezquinos y corruptos continúan socavando
los cimientos de la endeble Democracia. Este grupo, denominado como la
"mafia legal", ha logrado instrumentalizar el poder del Ministerio
Público y del Poder Judicial, para consolidar su control y perpetuar sus
fechorías, olvidando su verdadera misión de servir a la sociedad y defender la
justicia.
La intervención de estas fuerzas oscuras ha llevado a que la
confianza de la población en las instituciones se diluya lentamente, creando un
caldo de cultivo para la incertidumbre, desconfianza y desencanto. La gran
mayoría de connacionales sienten que la justicia está al servicio de pocos,
mientras que la mayoría queda desamparada ante los abusos y la arbitrariedad.
Nuestro país se encamina hacia su destrucción moral, hacia la
pérdida de su libertad y se juega su destino al filo de una navaja, al filo del
abismo por la inacción de sus hijos, por el olvido e indiferencia de su clase
dirigente y empresarial, y por la falta del principio de autoridad que hace
mucho tiempo se ha perdido, poniendo en jaque nuestra endeble Democracia.
Frente a esta situación en que, río revuelto se convierte en
ganancia para todos los mafiosos, gobierna el caos, el enfrentamiento entre
poderes, la ley y el orden por los suelos, a nuestra Nación compungida, apenada,
olvidada y desconfiada, tan solo le queda observar el lodo, pantano, ciénaga y arena
movediza en que se está convirtiendo nuestro país.
Una galopante corrupción en todos los niveles, agravado por
el incremento del crimen organizado, de organizaciones criminales extranjeras,
que se han apoderado de nuestra capital, aprovechando la limitada acción de la
policía, cunde el sicariato y una telaraña mafiosa se ha extendido en los cielos
de la capital y amenaza corromper todo.
El MP hace mucho tiempo que ha dejado de ser ese órgano cuya
función “Encargado de la defensa de la legalidad, de los derechos
ciudadanos y de los intereses públicos; así como de la representación de la
sociedad en juicio para defender a la familia, los menores, las personas con
discapacidad y al interés social”.
Intereses oscuros que, en lugar de velar por la justicia, se
han convertido en un mecanismo de control y represión. Este Ministerio Público,
que debería ser el baluarte de la lucha contra la corrupción y la defensa de
los derechos ciudadanos, se ha visto arrastrado por la corriente de corrupción
que contamina a toda la estructura del Estado.
La falta de independencia y la presión externa no solo han
hecho que muchos fiscales y jueces actúen como meros peones en un juego más
grande, sino que esta presión se ha concentrado en el Congreso para evitar la
fiscalización del dinero que llega de las ONG’s, los verdaderos titiriteros son
aquellos que se mueven en las sombras. Las decisiones ya no se toman con base
en la legalidad y la justicia, sino en conveniencias políticas y económicas,
favoreciendo a quienes ostentan el poder y el dinero.
La Nación, convidada de piedra cada vez más desilusionada y
desencantada, observa cómo sus esperanzas se desvanecen en un entorno de
impunidad y desconfianza. Claman y demandan justicia, solo se ahogan en un mar
de indiferencia, mientras que aquellos que buscan un cambio real se ven
perseguidos, silenciados o coaccionados.
Los ecos de esta corrupción resuenan no solo en la política,
sino también en la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes enfrentan a diario
una realidad distorsionada donde prevalece el miedo y la incertidumbre. La
falta de un verdadero estado de derecho permite que la impunidad se instale
cómodamente, mientras los verdaderos culpables operan desde las sombras,
burlándose de las leyes y de aquellos que creemos en ellas.
Es urgente una reestructuración profunda en todos los niveles
de gobierno y en las instituciones del Estado. La recuperación de la confianza
en el sistema de justicia y en las autoridades debe ser una prioridad, así como
la promoción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Es
fundamental que la sociedad civil se movilice, exigiendo un cambio que permita
erradicar la corrupción y restaurar la dignidad de nuestra nación.
Este proceso de transformación requiere valentía y
determinación, pero sobre todo un compromiso sincero por parte de los líderes y
de cada uno de nosotros. La lucha contra la corrupción y el restablecimiento
del estado de derecho debe ser una prioridad innegociable si realmente deseamos
un futuro donde la libertad, la dignidad y los derechos de todos los peruanos
sean protegidos y respetados.
La educación, la cultura y los valores que antes sustentaban
nuestra sociedad se ven erosionados, dejando un vacío que es fácilmente llenado
por discursos de odio, divisiones y polarización. Las nuevas generaciones, en
lugar de ser la esperanza de un futuro mejor, se enfrentan a un panorama
desolador: un país sin rumbo, donde la corrupción se ha normalizado y la ética
se ha convertido en un lujo.
La historia nos ha enseñado que el silencio y la inacción
solo conducen a la perpetuación de sistemas corruptos, opresivos y pérdida de
la libertad. Es hora de que los ciudadanos, los verdaderos dueños de este país,
se levanten y exijan un futuro en el que la justicia, la libertad y la
integridad sean los pilares sobre los cuales se edifique una nueva sociedad.
La lucha por un Perú libre de corrupción y lleno de
oportunidades para todos debe ser nuestra misión colectiva, y no descansaremos
hasta que la luz al final del túnel deje de ser solo una ilusión. No podemos
permitir que nuestro destino se defina por la inacción; es hora de despertar y
unirnos en la búsqueda de un país mejor, donde la justicia no sea un
privilegio, sino un derecho para todos.
