Seguridad sin cheques en blanco: una salida
constitucional al choque entre el Ejecutivo y el Congreso.
Por: Arturo Castro
El Perú vive un escenario
político, económico y social en el que las amenazas se han convertido en un
grave peligro para la estabilidad y la supervivencia del Estado, agravado por
la indecisión y la reacción paquidérmica de los poderes públicos para enfrentarlas.
Así, la incertidumbre y el temor se apoderan de la población, mientras se
cierne una grave amenaza sobre la libertad y la democracia.
Frente a ello, no se debe
perder de vista que, si bien vivimos una emergencia criminal y afrontamos la
amenaza del fenómeno El Niño, que ya está entre nosotros, ambas situaciones
ameritan medidas urgentes para contrarrestar sus efectos dañinos y exigen una
reacción rápida de las autoridades. Sin embargo, también requieren límites,
control y resultados verificables.
Las redes sociales peruanas se
han convertido en una caja de resonancia de la frustración nacional. Allí
conviven el miedo legítimo de quien teme un robo, un secuestro, un asesinato o
una extorsión; la indignación de quienes observan un Estado lento; y, a la vez,
aquella nefasta consigna partidaria que reduce problemas complejos a culpables
únicos.
En este escenario, esa mezcla
puede describir el malestar, pero no debe reemplazar el razonamiento público.
En una democracia, ni la ira, ni el temor, ni la incertidumbre legislan: deben
hacerlo las instituciones, con urgencia cuando la realidad lo exige y con
límites cuando el poder puede desbordarse.
El debate sobre la delegación
de facultades al Ejecutivo ocurre precisamente en ese punto de tensión. La
Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó una fórmula que solo
ha considerado la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño por 90 días.
Recordemos que la solicitud original comprendía ocho materias, 66 puntos y un
plazo de 120 días.
Luego de ello, se tendrá que
esperar el debate y la aprobación del Pleno, y después la propuesta pasará a la
Cámara de Senadores, donde habrá otra larga deliberación, corrección, debate y
aprobación. ¿Se han preguntado cuánto demoran estas discusiones bizantinas,
mientras el sufrido pueblo observa, como convidado de piedra, que el valioso
tiempo pasa y se hace poco o nada?
Delegar no es abdicar
El artículo 104 de la
Constitución permite que el Congreso delegue en el Ejecutivo la facultad de
legislar mediante decretos legislativos, pero exige dos condiciones esenciales:
una materia específica y un plazo determinado. También excluye las materias que
no pueden delegarse y obliga al Ejecutivo a dar cuenta de cada decreto.
La jurisprudencia
constitucional ha reiterado que la legislación delegada debe respetar tanto el
plazo como el ámbito material de la ley autoritativa. En consecuencia, el
Congreso no está obligado a aprobar todo lo solicitado y el Ejecutivo no tiene
derecho a recibir un cheque en blanco.
Sin embargo, la facultad de
controlar no puede convertirse en una coartada para paralizar, atar de manos o
poner una camisa de fuerza. Cuando la extorsión, el sicariato, el secuestro y
las economías ilegales transversales deterioran la vida cotidiana, una demora
sin cronograma, sin motivación técnica y sin propuesta alternativa erosiona la
legitimidad del Parlamento.
Del mismo modo, el Ejecutivo
debilita su propia posición cuando presenta un paquete demasiado amplio, mezcla
urgencias con reformas de largo plazo o no acompaña cada medida con un
diagnóstico, un análisis de impacto presupuestal, indicadores y salvaguardas de
derechos.
Atribuir toda resistencia a
una oposición conformada por partidos de izquierda quizá resulte políticamente
cómodo, pero es analíticamente insuficiente. En el debate hubo reparos de
distinta procedencia: unos consideraron que el pedido era amplio e impreciso;
otros juzgaron que la fórmula aprobada era insuficiente y reclamaron mayores
competencias en inteligencia, sistema penitenciario o intervención de las
Fuerzas Armadas.
La crítica democrática debe
examinar argumentos y votos concretos, no convertir la identidad partidaria en
prueba automática de obstruccionismo. La misma regla vale para el oficialismo:
invocar la emergencia no sustituye la obligación de explicar qué norma se
cambiará, para qué, con qué costo y bajo qué control.
Si se priorizan la
confrontación ideológica, los intereses partidarios y hasta cierto grado de
inquina antes que el bien común, nunca se llegará a ningún acuerdo. Ambas
fuerzas opositoras deberían buscar el diálogo como instrumento de
entendimiento. El recordado líder aprista Ramiro Prialé acuñó una frase que
cobra vigencia en estos momentos álgidos: «Conversar no es pactar».
El proceso para que el
Congreso autorice la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo
debe seguir una ruta lógica y clara: una negociación política en la que el
ganador no sea el Gobierno ni el Parlamento, sino, como dicen los comunistas,
el pueblo sufrido.
¿Qué debería hacer el
Ejecutivo para mejorar las propuestas legislativas?
Algunos analistas coinciden en
afirmar que el pedido enviado por el Ejecutivo es muy amplio y general, por lo
que se debería desagregar la delegación por submaterias y precisar qué normas
se pueden modificar. Las propuestas vagas deben volver al trámite ordinario
para lograr mayor claridad.
Cada propuesta debe incluir
información detallada sobre el problema, la evidencia, la compatibilidad
constitucional, los costos, los responsables, los plazos y los resultados
esperados, reduciendo así las discusiones ideológicas y elevando el estándar técnico.
Se deberían establecer
controles periódicos. Durante los 90 días de delegación, los ministros y el
presidente del Consejo de Ministros deberían informar quincenalmente a las
comisiones del Congreso. Además, el Congreso debería revisar con rapidez cada
decreto e incluir cláusulas de protección, considerando que las medidas deben
respetar los derechos fundamentales y las competencias de los organismos
autónomos y los gobiernos subnacionales.
Las situaciones urgentes
pueden tramitarse mediante delegación, pero las reformas profundas en áreas
como la justicia o la seguridad requieren procesos más amplios, con debates,
presupuestos multianuales y coordinación interinstitucional. El Gobierno debe
reportar metas verificables. Sin métricas claras, las acciones pueden quedar en
propaganda.
Este camino aseguraría que la
delegación sea transparente, controlada, técnica y respetuosa de los derechos y
los procesos institucionales.
De la confrontación a la
responsabilidad compartida
El país no necesita que el
Ejecutivo gobierne sin contrapesos ni que el Congreso fiscalice mediante la
inmovilidad. Necesita colaboración entre poderes: una delegación limitada,
técnicamente sustentada y rigurosamente supervisada.
Si el Congreso recorta
facultades, debe explicar por qué y ofrecer una vía alternativa con calendario.
Si el Ejecutivo recibe facultades, debe usarlas dentro de los límites
autorizados y responder por sus resultados.
La inseguridad ciudadana no
distingue ideologías cuando cobra vidas o destruye negocios familiares. Tampoco
el fenómeno El Niño pregunta por la bancada de quien pierde su vivienda.
La oposición tiene el derecho y
el deber de controlar; el Gobierno tiene la obligación de actuar. Ambos deben
abandonar la política del ultimátum. La salida racional no está en quién grita
más o más fuerte, sino en legislar mejor, ejecutar con eficacia y rendir
cuentas sin excusas.
Los poderes Ejecutivo y
Legislativo tienen patente de corso; todos tienen la obligación de cumplir sus
deberes y responsabilidades constitucionales sin buscar la confrontación.
Fuentes consultadas
·
Centro de Noticias del Congreso, sobre el
dictamen aprobado el 1 de octubre de 2026.
·
Constitución Política del Perú, artículo 104.
·
El Comercio,
sobre el alcance del pedido original y el texto de consenso.
