La interminable lucha por la reivindicación de las remuneraciones de soldados y policías.

El año 2008 quedará perennizado en la memoria de todos los peruanos, así como de los integrantes de las FFAA, PNP en retiro, sus viudas y discapacitados por enfrentar al terrorismo demencial, como el año del quiebre de la apatía y de la interminable espera en que, se había convertido el reclamo oficial y silencioso, para que papá gobierno por motu propio, decidiera solucionar el grave problema salarial que aqueja a los uniformados.

Cansados de promesas electorales incumplidas, militares y policías en situación de retiro tomaron la decisión de salir a las calles y levantar su voz de protesta. Se sintieron burlados y disminuidos, ciudadanos de segunda clase, al percatarse que existe en el gobierno y los burócratas dorados, una gran indiferencia e indolencia para solucionar la problemática salarial. Todas las gestiones han caído en saco roto, se acumularon como las dunas de un desierto.

¿Qué había pasado para llegar a estos extremos?, simple y llanamente, los integrantes de las diversas organizaciones de militares y policías en retiro, con el concurso de sus viudas y discapacitados, comprendieron que solo movilizándose en las calles, podrán obtener el apoyo de la opinión pública nacional y los medios de comunicación, para lograr sus justos reclamos.

Al iniciarse un nuevo año, es necesario realizar una evaluación de lo logrado hasta el presente. Debemos precisar que hasta la fecha los integrantes de nuestras FFAA, PNP, sus viudas y discapacitados, han participado en tres grandes movilizaciones y una parada cívica en el Campo de Marte, cuya finalidad fue obtener una respuesta oficial, una decisión política al pedido de reivindicación de sus derechos económicos, injustamente postergados.

Cuatro movilizaciones inéditas, que nunca antes se habían realizado en nuestro país. La primera en el mes de julio. El 14 de agosto se realizó la gran Parada Cívica en el Campo de Marte. El 29 de agosto la movilización hasta el Congreso, la que fue violentamente repelida por la policía. En setiembre se realizó una marcha de sacrificio desde el Campo de Marte hasta la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Pero, en este largo vía crucis que se ha iniciado, también se han realizado gestiones de manera directa por la presidencia de la Alianza por la Reivindicación por las FFAA y PNP, para que un grupo numeroso de parlamentarios en el ejercicio de su legítimo derecho, suscribieran una carta petitoria dirigida al Dr. Luis Falla la Madrid, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de La República.

El contenido de esa petición hacía mención, a la solicitud de “homologación de haberes de los miembros de las FFAA y PNP, vigentes según el D.S N° 213-90-EF(S) de fecha 19 de julio 90, firmado y ordenado su cumplimiento por el Jefe Supremo de las FFAA y PNP, Presidente de la República en actual función”

Esta gestión ejecutada de manera civilizada contando con el apoyo de parlamentarios de todas las tiendas políticas, finalmente no logró nada, no hubo respuesta. Es más durante el largo debate en el Congreso por la Ley de Presupuesto para el año 2009, no se hizo ninguna referencia a la iniciativa legislativa. La misma que buscaba iniciar por etapas la homologación de los haberes de las FFAA.

La opinión pública nacional podrá evaluar la tremenda falta de coherencia en los actos públicos de nuestros congresistas. Se constató lo que ya se sabía, que el gobierno hace y hará oídos sordos a cualquier reclamo salarial de los integrantes de las FFAA, PNP, sus viudas e innumerables discapacitados olvidados inmerecidamente.

Pero, nuestros soldados y policías en retiro hoy más que nunca, están seguros que el temor fue vencido, el miedo quedó atrás. Que se lucha y luchará por la supervivencia de sus integrantes. Se reclama también por los que están actualmente en actividad, quienes no pueden mostrar su voz de protesta, pero, saben que pronto formarán parte de la larga fila de insatisfechos.

Sí señores, está de por medio la reivindicación salarial de los uniformados, la fuerza pública que pone el pecho cuando las papas queman, o cuando de enfrentar al narcoterrorismo se trata para defender al pueblo peruano, la democracia y piden con justificada razón una solución a sus reclamos salariales.

Ellos son conscientes que sus demandas se convirtieron al final en un “arar en el mar”, que no ha tenido una respuesta de los funcionarios y del propio gobernante. Solo se ha recibido lo que el pueblo conoce como una “mecida” muy grande. Pero, de algo están seguros militares y policías, se han convencido que “quien no llora, no mama”. Han manifestado su decisión de continuar sus reclamos.

No solo levantaron su voz para reclamar lo que con justicia se les adeuda, sino que manifestaron también su rechazo a la persecución judicial contra los militares y policías que lucharon contra SL-MRTA y continúan entregando sus vidas en el Huallaga y el VRAE. Conscientes que de inmediato, en plena ejecución de las operaciones militares, son denunciados por violación de derechos humanos.

Avenidas, calles y plazas, así como los ciudadanos de a pié, fueron testigos de esta interminable protesta en que se ha convertido, las justificadas reclamaciones de soldados y policías, quienes desde hace más de veinte años han esperado y esperan pacientemente que los sucesivos gobiernos democráticos, tengan la intención y adopten la decisión política de mejorar sus remuneraciones.

Reiteramos nuevamente al Ejecutivo y el Congreso una mayor atención, para solucionar las necesidades económicas para soldados, policías, sus viudas y discapacitados.

Pedimos mayor consideración con los hombres que vistieron el informe de la patria, que han entregado su esfuerzo por nuestro país y para aquellos que regaron con su sangre el largo camino que significa la guerra interna, que aún no termina y dejaron viudas y huérfanos en la inseguridad, que significa vivir sin la figura paterna en el hogar y desarraigados en nuestra sociedad.

Peor aún, olvidados por quienes ellos entregaron sus vidas.

Acusación “contundente” o colaborando para demostrar la inocencia de Fujimori.

Los jueces están prohibidos de adelantar opinión sobre sus decisiones. A los médicos, sacerdotes y abogados no les está permitido hablar sobre sus pacientes, los casos que se ventilan en la justicia, o los pecados de las personas en una confesión. Existe un código de ética al que innumerables veces se apela y se debe respetar. La relación médico-paciente, abogado-acusado y la relación entre los actores en una sala de juzgamiento, es sagrada e inviolable.

Una sala de juzgamiento, no es un partido de futbol; ni el fiscal, juez o defensor son entrenadores de un equipo de Vóley. Por un mínimo sentido común, lógico y ético no se debe adelantar opinión, ni hablar de los deseos personales, ni de las ansiedades de tal o cual grupo. Porque simplemente ponen en peligro su propia actividad y rol en el entramado judicial, y pierden credibilidad ante la opinión pública.

Pero, qué razones puede mover un fiscal para declarar a los medios de comunicación respecto a su estrategia de acusación frente al caso Fujimori. Podemos presumir que, su posición jurídica respecto a la acusación en los hechos motivo del juicio, son muy endebles y con seguridad teme un revés. Lo lógico es recurrir a los medios para afianzar su posición y de esta manera ganar la guerra mediática para su causa, dejando flotar en el ambiente un consenso de culpabilidad de Fujimori.

En ese escenario es muy importante reforzar la presencia de fiscales y abogados de la parte civil y no desconectarse de los medios de comunicación aprovechando el interés y la trascendencia del caso. Para ello les es vital aprovechar entrevistas, hacer declaraciones, reportajes y utilizar cámaras tanto como sea posible.

Así, recientemente en declaraciones a la prensa el fiscal supremo adjunto Avelino Guillén, nuevamente hizo traslucir su deseo personal, más que el deseo de impartir justicia. Aseguró que la acusación contra el ex presidente Alberto Fujimori “será contundente”, porque se basan en “importantes variaciones” que corroborarán la imputación hecha contra el ex jefe del Estado.

Ha expresado que “Habrá importantes variaciones porque han concurrido muchos testigos; entonces, se tiene nueva información que hay que sopesar y evaluar porque permitirá a la Fiscalía presentar la requisitoria más completa, contundente y concluyente sobre lo que ocurrido entre 1991-1992”. Agregó además que “Se tendrá como base la acusación inicial que es inamovible, pero vamos a reforzarla a fin de desarrollar ampliamente en qué consiste la culpabilidad del ex presidente Fujimori”.

Para ello, recordó que en el juzgamiento a Fujimori se han presentado 83 testigos que declararon en el proceso y se han entregado 500 documentos que servirán como prueba incriminatoria, sobre lo ocurrido entre 1991 y 1992, años en los cuales se perpetraron las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta, así como los presuntos secuestros tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

Por su parte el fiscal supremo José Antonio Peláez, indicó que con lo actuado “se ha demostrado que Alberto Fujimori fue el artífice de todo. Artífice de una política de doble estrategia, una formal y otra informal”. Ambos fiscales, presumen haber demostrado la fortaleza de su acusación, para ello recurren a los medios de comunicación, frente al silencio de la defensa.

Nos hemos preguntado si la actitud de ambos fiscales, se podría considerar como una primicia periodística, un adelanto de opinión o parte de su estrategia de acusación. Lo que podemos establecer o colegir de todo esto es que, hasta la fecha no se ha podido demostrar que el ex presidente sea el autor mediato de los asesinatos de la Cantuta y Barrios Altos. Faltan argumentos legales y se recurre a la presión de algunos medios.

Nuevamente, habiendo llegado a estas alturas del juzgamiento del ex presidente Fujimori, debemos recordar a la opinión pública que, Chile aceptó la extradición de Fujimori en el presunto delito: Barrios Altos y La Cantuta, por homicidio calificado y lesiones graves. En ningún momento se ha considerado a los presuntos secuestros tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, como el fiscal Guillén aseguró a un medio local.

No desinformemos a la opinión pública nacional.

Publicado por el diario La Razón de LIma-Perú. 29 de diciembre de 2008, bajo el título "Fiscales del megajuicio rercurren a la presión mediática para imponer cargios contra Fujimori.

La Campaña Psicológica se agudiza en el Caso Fujimori.

"Desanímalos con la perspectiva de tu victoria, sorpréndelos con la confusión"
Sun Tzu

La masificación de la información, permite percibir la gran influencia que tienen los medios de comunicación en la opinión pública. En este escenario cobra vital importancia las Operaciones Sicológicas (OPSIC), que han sido utilizadas a lo largo de la Historia, con la finalidad de influir en las actitudes y comportamiento de la opinión pública, respecto a determinado tema o suceso.

Precisamente viene al caso, hace unos días leí con mucha atención en un diario local, una entrevista al jurista argentino Guillermo Ledesma, cuyo título sugestivo es “Cómo juzgar a un ex dictador”, quien junto a otros tres jueces fueron invitados a dar una conferencia, sobre “sus experiencias” en el juzgamiento al general argentino Jorge Videla y al Almirante Emilio Massera.

Pero, quién es el jurista Guillermo Ledesma y por qué es relevante conocerlo. Fue uno de los seis magistrados de la Cámara Federal de Buenos Aires que en 1985 juzgó a los miembros de la Junta Militar del Gobierno argentino.

Por otro lado, el Fiscal Avelino Guillén, ha denunciado presuntas amenazas de muerte contra su persona, mediante llamadas telefónicas intimidantes recibidas en su teléfono celular y domiciliario. Las investigaciones ordenadas por la Fiscal de la Nación, determinarán de dónde provienen las referidas llamadas, hasta entonces no se puede adelantar juicios, solo se puede presumir el origen.

Asimismo, la presidenta de la Asociación de Esposas del Personal en Actividad del Ejército, Adriana Odicio, solicitó al comando de esta institución, brindar un apoyo irrestricto a los militares que están procesados por presuntas violaciones de derechos humanos. Expresó “Ellos arriesgaron su vida y se enfrentaron al terrorismo para devolverle al país la tranquilidad de la que hoy gozamos y no pueden quedar abandonados a su suerte”.

Recordemos que, en Argentina los Jefes Militares que vencieron la subversión y el terrorismo, fueron conducidos al banquillo de los acusados, juzgados y sentenciados. Pero, lo que no se ha tomado en cuenta, ni se ha valorado en su real dimensión, es que, si no hubiera sido por esa victoria, no existiría en ese País la democracia.

Tengamos en cuenta que las OPSIC, son conducidas “para llevar información e indicadores seleccionados a los gobiernos, organizaciones, grupos e individuos con la finalidad fundamental de influir en sus emociones, actitudes, motivos, percepciones, razonamientos, decisiones y fundamentalmente en su conducta”.

Así, sabemos que el proceso contra los militares argentinos que vencieron a la subversión en su país, terminó con sentencias a cadena perpetua. La diferencia entre ambos casos es que, ellos tuvieron ocho mil casos denunciados, 700 con acusación fiscal y se desistió de la prueba cuando se habían visto unos 500 casos. En el proceso a Fujimori se están juzgando dos hechos, que implican 25 asesinatos, por lo que el sistema probatorio es más complicado para el fiscal del juicio a Fujimori. Como bien lo dice el jurista argentino.

En este contexto saben ustedes ¿qué organizaciones de derechos humanos realizaron esta conferencia? ¿Con qué finalidad?

Sí, adivinaron, se trata del Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) que el 15 de octubre recibió el Premio Anual Letelier-Moffitt del Instituto para Estudios en Política (IPS) con sede en Washington por “ser la fuerza motriz detrás del caso contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori por crímenes contra la humanidad durante su gobierno (1990-2000) (…)”. Ambas patrocinan a los familiares en el caso de los estudiantes asesinados de la Cantuta y Barrios Altos.

Como bien sabemos IDL y Aprodeh, son dos de las aproximadamente 61 ONG´s, que integran la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en nuestro país. Podemos presumir entonces que esta actividad es parte de una campaña de OPSIC iniciada hace varios años, que cuenta con fondos económicos que provienen del extranjero y que son producto de donaciones de organizaciones afines ideológicamente. En nuestro país además, cuentan con el apoyo de organizaciones, prensa, emisoras de radio a nivel nacional y personajes de su hermandad ideológica.

Precisamente las dos organizaciones de derechos humanos antes mencionadas, invitaron en total a cuatro de los seis magistrados, que participaron en el proceso judicial argentino, para “narrar sus experiencias”.

El empleo de una campaña de OPSIC constituye hoy, parte indispensable del amplio abanico de actividades modernas de información, económicas, militares y políticas. Las organizaciones pueden multiplicar los efectos de sus capacidades mediante la transmisión de mensajes directos a través del gran soporte tecnológico y los medios de comunicación que disponen, influyendo así en la conducta de sus blancos auditorios, que en este caso son la opinión pública nacional y el colegiado del caso La Cantuta y Barrios Altos.

Pero, no todo está dicho, porque se debe medir la efectividad de esta comunicación y ello depende de la retroalimentación, es decir conocer la respuesta a los mensajes, el cómo percibe la opinión pública, del grado credibilidad del mensajero y sus mensajes.

¿Y cuáles son esos mensajes que ha dejado el jurista argentino Guillermo Ledesma a la opinión pública y al colegiado que juzga a Fujimori, en esa entrevista?

Los mensajes se encuentran insertos dentro de las respuestas que el jurista expone durante la entrevista de manera muy cuidadosa y entre líneas en algunos casos.

¿Cree que la defensa de Fujimori está dilatando el juicio?
“(…) Esto nos ha dado la sensación que se está alargando innecesariamente el proceso (…)”.

En el caso que un testigo en este proceso haya cambiado en algún aspecto sus declaraciones anteriores, ¿eso invalida su testimonio, como pretende la defensa de Fujimori?
“De ninguna manera lo invalida”.

¿Qué pruebas diría que se necesitan para demostrar la responsabilidad penal de Fujimori en los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos?
“Lo que va a determinar la sentencia a Fujimori es si se prueba o no que él tuvo el control de los hechos durante su gobierno. Esa es la parte central de la prueba. Si eso se prueba, se aplica la teoría de la autoría mediata (…)”

¿Todo se reduce, entonces, a probar que Fujimori tenía el control de lo que sucedía en su gobierno?
“Efectivamente. En mi opinión, si se prueba eso, se prueba la culpabilidad”.

¿En este caso bastan pruebas indiciarias para una condena?
“La prueba indiciaria es fundamental para probar un delito. Esta prueba consiste en que a través de varios elementos sumados se llega a la conclusión de que hay responsabilidad del acusado en el delito que se juzga”.

¿Qué repercusión internacional tiene el juicio a Fujimori?
“(…) El hecho de que se juzguen graves violaciones a los derechos humanos imputadas a la más alta autoridad de un país tiene una importancia muy grande y una repercusión que irradia a muchos países con el mensaje de que no hay impunidad para los poderosos (…)”.

¿En Argentina, las leyes de impunidad que se dieron -punto final, obediencia debida, indulto- tuvieron ese efecto de reconciliar el país?
“(…) Esas leyes no ayudaron a reconciliar el país, por el contrario, fueron contraproducentes (…)”.

¿Qué efectos internacionales tendría una ley de amnistía o un indulto para acusados de violaciones a los derechos humanos?
“Sin ninguna duda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos diría que esas leyes son inválidas y habría una condena de la opinión pública internacional (…)”

El fondo de la entrevista al jurista argentino Guillermo Ledesma es lograr consenso de culpabilidad de Alberto Fujimori en la opinión pública nacional, porque el cuestionario de preguntas está orientado a obtener respuestas y dejar constancia del mensaje principal "Fujimori es culpable de autoría mediata.

Por tanto, debe ser considerado culpable

, ser condenado y no debe darse ninguna ley de amnistía o indulto para los militares que participaron cumpliendo órdenes del poder político, en la lucha contra el terrorismo, porque pueden ser cuestionadas por los organismos supranacionales de derechos humanos.

El tiempo, la indiferencia, el descuido y el buen desarrollo de nuestra economía, gracias a las bases que dejó Fujimori, se han confabulado para que la amnesia, esa enfermedad del olvido, cual Alzheimer galopante ataque buena parte de la memoria y el consciente colectivo nacional.

Nos hemos olvidado que durante el gobierno de Alberto Fujimori, se venció la inflación galopante, se logró el acuerdo definitivo de paz con Ecuador. Se alcanzó una victoria aplastante sobre el terrorismo, gracias a una estrategia integral del Estado, que permitió la unificación de todo el Sistema de Inteligencia, en provecho de las operaciones contrasubversivas, logrando desarticular su organización, así como la captura de sus principales líderes.

Publicado por el diario La Razón Lima-Perú el 22 de diciembre de 2008. Bajo el título "Operaciones sicológicas contra Fujimori buscan influir en opinión pública y jueces".

Venta del Cuartel General del Ejército, es una afrenta más contra el Ejército.

El 9 de diciembre último se celebró en todo el país el CLXXXIV aniversario de la Batalla de Ayacucho, fecha establecida desde 1951 para glorificar la notable actuación de nuestro Ejército durante la campaña Libertadora. Esa fecha se celebra como el día jubilar de nuestro Ejército.

Realmente fue un día de sorpresa e indignación para todos los integrantes de esta Institución. Porque de manera oficial se enteraron que como regalo por este aniversario, el DR. Ántero Florez-Araóz, Ministro de Defensa en declaraciones a los medios de comunicación, nos daba una noticia que se veía venir desde hace varias semanas, el gobierno había decidido vender parte de la sede del CGE, en cuyas oficinas principales despacha actualmente el Ministro en mención.

Que se exprese cualquier otra autoridad del Ejecutivo sobre el tema, no tendría ninguna trascendencia ni relevancia, pero, que lo diga el titular del sector, quien está llamado a preservar los intereses de las FFAA y no solo su representatividad, es realmente muy preocupante y dramático.

Porque quién sino el titular del sector, debería mostrar preocupación por conservar la intangibilidad del denominado “Pentagonito” y además mostrar las consideraciones que merecen y se les debe dar a los integrantes del Ejército, que laboran en estas instalaciones.

Y para justificar esta venta no ha tenido mejores razones y argumentos, que expresar “que los recursos obtenidos podrían ser empleados para diversas obras a favor de las Fuerzas Armadas. Es algo que no está siendo utilizado, entonces, lo lógico es monetizar lo que no utilizas para que con ese dinero hacer una serie de cosas, como por ejemplo repotenciar los hospitales de las Fuerzas Armadas". ¿Van realmente a repotenciar los hospitales de las FFAA con dinero obtenido por la venta de una instalación que pertenece al Ejército?. Permítanos cierta duda al respecto.

Uno de los desafíos más importantes que se plantea actualmente para desarrollar una cultura castrense que garantice la vigencia de la democracia, lo constituye la forma como se desenvuelve esta relación civil - militar. Es que desde nuestro modesto punto de vista, no es posible comprender que hay lastimosamente un retroceso en la fortificación de esta relación.

Cómo es posible que el señor Ministro nos diga que no se puede mantener esos terrenos, que según su propia declaración tienen precios elevados y están ubicados en una de las zonas más caras de la ciudad, “para hacer entrenamiento físico”. Debemos presumir con legítimo derecho que hay muchos interesados en comprar estos predios, sobre todo capitales chilenos.

En el estado actual del desarrollo de la democracia en nuestro País y la cultura castrense, las relaciones entre las FFAA, las clases políticas y los académicos. Por un lado, siguen signadas por el desconocimiento no estando exenta de recelos, resentimientos y suspicacias; por otro lado aún se percibe un desconocimiento de los militares respecto a los actores civiles y desconocimiento de los políticos con relación al mundo militar, sus tradiciones usos y costumbres no son tomados en cuenta.

Debemos entender que el señor Ministro de Defensa, desconoce o le han informado mal sus asesores, respecto a las múltiples funciones que cumplen las instalaciones del CGE. Efectivamente allí funcionan oficinas del Alto mando de esta Institución, el Estado Mayor General del Ejército, las oficinas del Ministro de Defensa, también alberga a un Batallón de la Policía Militar encargada de la seguridad de la instalación y del personal militar y civil que labora en ella, además de otros estamentos pertenecientes a esta Institución.

Los oficiales, personal auxiliar y tropa que labora en este CGE, también deben cumplir con el Programa de Instrucción del Ejército, que dentro de sus materias considera realizar actividad física diaria, para mantenerse en óptimas condiciones. Es inconcebible creer que el personal militar que trabaja en los cuarteles generales, no realizan o están exentos del entrenamiento físico. Cómo podrían afrontar los rigores de la vida militar y de situaciones límite. En ningún ejército del planeta sucede esto, ni en los más modestos.

Además parece que existe una confusión, los oficiales y personal auxiliar en situación de retiro de las FFAA y PNP, luego de pasar a esta situación por cualquiera de las causales que manda la ley, recuperan sus derechos ciudadanos, que están amparados por nuestra Constitución que es la Ley de Leyes y de cumplimiento estricto para y por todos.

Creo que es necesario recordar que los militares en situación de retiro no están subordinados al poder político. Por tanto, amparados en el artículo segundo de nuestra actual Constitución, “tienen derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social (…).

En este escenario debemos mostrar nuestra disconformidad con la decisión de vender parte de los terrenos, 16 hectáreas del CGE. Pedimos al gobierno del presidente Alan García reconsidere esta medida porque afecta y vulnera la moral de los integrantes del Ejército. Además de tener remuneraciones indignas, también deben nuestras FFAA ver impasibles que se venda su patrimonio que es del Estado y no del gobierno.

Publicado por el diario La Razón de Lima-Perú-13 de diciembre de 2008. bajo el título "Una afrenta más contra el Ejército.

REFLEXIONES SOBRE EL IMPORTANTE ROL DEL EJÉRCITO EN LA VIDA NACIONAL

Este próximo 9 de diciembre celebraremos a lo largo y ancho de nuestro hermoso País, el CLXXXIV de la Batalla de Ayacucho, que por su trascendencia histórica durante la campaña libertadora, fue establecida como día del Ejército Peruano.
Recordemos que como Institución regular, el Ejército fue creado por Decreto del Generalísimo José de San Martín expedido el 18 de agosto de 1821.

Rememorar esta fecha importante en nuestro calendario, es traer al presente aquellos lugares memorables donde se desarrolló esta cruenta batalla. Allí se eleva el Condorcunca cual guardián pétreo, sobre la inmensa Pampa de la Quinua, mudo testigo de los resultados de aquella jornada violenta. El parte oficial habla de “1800 cadáveres y 700 heridos fue el resultado total, fruto de la temeridad y obstinación españolas”.

Convencidos que la Libertad e Independencia tenían un precio muy alto y que este era fruto de una victoria en el campo de la lucha. Las fuerzas patriotas conformada por hombres de extraordinaria valentía y tesón inigualable como Sucre, Córdova, Lara, La Mar y Miller. Enfrentaron al ejército realista dirigido por La Serna, Valdez, Monet, Villalobos y Canterac. Y los vencieron.

Han transcurrido más de ciento ochenta años, de aquella jornada patriótica, que puso fin a la dominación española en nuestras tierras. Los directores de la guerra firmaron en la Pampa de la Quinua la famosa Capitulación de Ayacucho. Luego de esta victoria patriota, quedó sellada la Independencia de América del Sur.

Si bien es cierto, este 9 de diciembre ha sido instituido como día del Ejército, no es menos cierto también, que nuestra noble Institución tiene su origen, en aquellas organizaciones guerreras pre-incas y que se fortaleció con el desarrollo alcanzado durante el Imperio de los Incas. Es que el Ejército fue el principal instrumento que dispuso el Inca para expandir su cultura y consolidar su hegemonía.

Así, el Ejército funda sus bases en la tradición guerrera, cuyos íconos pétreos se encuentran en el Templo de Sechín y se enriquece con el concurso de las culturas Nazca, Moche, Wari, Tiahuanaco y los Incas. Prueba de ello son los monumentos y complejos arqueológicos que existen en nuestro país y los que se descubrirán en el futuro.

Los últimos descubrimientos nos llevan a un recorrido histórico por el Señor de Sicán y los siete restos óseos de personajes importantes descubiertos la semana pasado. El Señor de Sipán y la Dama de Cao, esta última revaloriza el papel de la mujer en nuestra historia y nos muestra que también ellas supieron gobernar en el pasado. Finalmente hacemos mención a la civilización de Carál, un mundo por descubrir.

Durante el Tahuantinsuyo se consolida el desarrollo de la cultura Inca o quechua, pero también el enfrentamiento de dos hermanos por el trono real, que coincide con la llegada de los españoles y el choque final entre dos culturas. Tan solo en 95 años y gracias al genio político y militar, los gobernantes de estas tierras extendieron sus fronteras a nuevas regiones.

Recordemos que Pachacutec es el gran organizador del Tahuantinsuyo y logró su consolidación geográfica y cultural, abarcando territorios de las actuales repúblicas de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile, lugares donde aún quedan vestigios, huellas y restos arqueológicos de su grandeza militar.

Sin embargo, es necesario destacar a Túpac Inca Yupanqui, sucesor de su padre Pachacutec. Fue explorador y viajero. Según nuevas investigaciones históricas han confirmado, que exploró la Antártida y descubrió la Oceanía. De tal manera que este Inca fue quien consolidó la grandeza del Tahuantinsuyo, al incorporar el mar a su vasta heredad.

Durante la fuerte dominación española que duró tres siglos, los nativos de estas tierras opusieron resistencia a la dominación española. Allí están escritas con paginas de gloria, los levantamientos de Manco Inca, Juan Santos Atahualpa, José Gabriel Condorcanqui “Túpac Amaru II”, Francisco de Zela, los hermanos José, Gabriel y Mariano Angulo y Mateo Pumacahua, entre otros patriotas que lucharon por la libertad de nuestro país.

En la etapa correspondiente a la Campaña por la Independencia, el Ejército no tenía una partida de nacimiento oficial. Sin embargo, contribuyó con su esfuerzo y sacrificio a la consolidación de nuestra Independencia. Esta etapa termina con las célebres batallas de Junín y Ayacucho.

España jamás se resignó a la pérdida de sus dominios de ultramar, una expedición llegó a nuestro mar amenazando nuestra frágil Independencia. Entre 1825 y 1866 se consolidó nuestra República. En este lapso se llevó a cabo el glorioso combate del 2 de Mayo. Expresión sublime de unidad del pueblo peruano con sus fuerzas armadas, en defensa de nuestra Soberanía e Independencia.

También vivimos una etapa negra, la Guerra del guano y el salitre 1879-1884. Periodo de triste recordación, en que la improvisación de los gobiernos, el despilfarro de los dineros del Estado y la falta de previsión, facilitaron nuestra derrota ante nuestro enemigo, Chile.

Es cierto, en este periodo hubo demostraciones de valor, patriotismo y honor en defensa de nuestra soberanía. Finalmente sucumbimos ante un enemigo, mejor armado, equipado y preparado con muchos años de antelación. Chile no nos ganó la guerra, nosotros la perdimos irremediablemente, por falta de una visión estratégica de los gobernantes de aquellos años. No se debe volver a repetir esta situación nunca más.

Posteriormente, el Ejército participó en la campaña militar contra Colombia en 1933, contra Ecuador en 1941. Fueron actos valerosos enmarcados en la defensa de nuestra Soberanía e Integridad territorial. Luego vendrían las operaciones militares de la Cordillera del Cóndor en 1981, que ratificó la validez del Protocolo de Río de Janeiro, y el Alto Cenepa en 1995, que finalmente posibilitó la demarcación de los 78 kms que faltaban en la Cordillera del Cóndor.

La participación del Ejército durante el proceso de Pacificación Nacional, en el marco de la Estrategia Contrasubversiva impuesta por el gobierno priorizó la obtención de la adhesión de la población y las labores de inteligencia. En base a un trabajo coordinado con los otros institutos de las FFAA, la PNP, y los Comités de Autodefensa, se logró la derrota de las organizaciones subversivas SL-MRTA, que hoy nuevamente viene tiñendo con sangre de policías y soldados valerosos el Huallaga y el VRAE.

Llegado a este punto, ustedes amables lectores se preguntarán, por qué se ha realizado una síntesis de la evolución de nuestro Ejército y que abarca casi tres mil años. Cuál es el objeto.

La respuesta es muy simple, primero reflexionar sobre el importante rol que ha cumplido y cumple el Ejército en nuestra sociedad. Por otro lado, tener presente que a los largo de estos siglos esta Institución se ha movido de manera pendular. Entre momentos de gran fortaleza en su equipamiento, preparación y entrenamiento de sus fuerzas y con una visión diferente de sus gobernantes, quienes priorizaron la real importancia de la Defensa Nacional.

A diferencia de otros periodos, en que hubo falta de una visión geopolítica, desidia, improvisación, recortes de presupuesto, malos salarios para su personal, indiferencia y apatía del poder político. Ejemplos hay muchos, la etapa anterior a la guerra con Chile y se repite los primeros años de este siglo. No debemos olvidar el concepto de Defensa y Desarrollo si se queremos lograr el Bienestar General de nuestro pueblo.

Sirva este nuevo aniversario del Ejército, para reflexionar sobre el papel que deben cumplir los integrantes de esta Institución, en el lugar y cargo que desempeñan. Tengamos la capacidad para reconocer que nuestro país, es hermoso, con un potencial inmenso, con regiones naturales dotadas de una gran biodiversidad, con recursos naturales como el agua, minerales y el gas, muy apetecibles por nuestros adversarios. Ello nos impele, nos exige cuidar y proteger estos recursos, para beneficio de los 28 millones de peruanos.

Por tanto, los invito a que adoptemos un cambio hacia una actitud proactiva. Irradiemos conciencia de Defensa Nacional ante la opinión pública. Con un solo pensamiento, una sola idea, pidamos al altísimo y trasmitamos nuestros deseos, para que nuestros gobernantes tengan un momento de lucidez y puedan comprender la necesidad urgente de mejorar no solo el equipamiento, entrenamiento y preparación del Ejército y de sus FFAA, sino las condiciones económicas de sus integrantes.

Un sincero homenaje a todos los integrantes del Ejército, sus viudas y discapacitados que se encuentran en las diferentes regiones de nuestro país. Saludo a ustedes que llevan tatuado sobre su piel los colores de nuestra Bandera Nacional y en vuestra sangre y corazones nobles, un inmenso sentimiento patriótico, que es el verdadero sustento de nuestra nacionalidad.

Este 9 de diciembre un Feliz Día para todos los integrantes del Ejército, especialmente para aquellos que combaten en el Huallaga y el VRAE contra el narcosenderismo homicida, en nombre de nuestra patria y los valores democráticos.

¿Padres de la Patria se olvidaron de FFAA y PNP?

Han transcurrido más de dos semanas de la Ceremonia de Oficialización del Acta de Fundación de la Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP. Hemos guardado prudente silencio durante estos días, con la esperanza de que algún medio de comunicación, hiciera alguna reseña de este hecho trascendental, para las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, viudas y discapacitados. Ninguna referencia a este acto.

La Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP, se ha constituido para liderar la lucha, contra el relegamiento, abuso y maltrato del que son objeto los miles de soldados y policías, por parte de los gobernantes, quienes desde hace más de 20 años persisten en no atender, ni entender la necesidad de tener en cuenta las justas demandas económicas del personal de la fuerza pública.

Como es de conocimiento de la opinión pública, hasta la fecha los soldados y policías del país, junto a sus viudas y discapacitados, unidos e integrados, han participado en cuatro grandes movilizaciones, cuya finalidad ha sido y es, obtener una respuesta oficial al pedido de reivindicación de sus derechos económicos, injustamente postergados por los gobiernos de turno desde hace dos décadas. Y no se ha logrado nada.

Cuatro movilizaciones inéditas, que nunca antes se habían realizado en nuestro país con participación de personal en retiro, viudas y discapacitados. La primera en el mes de julio, luego el 14 de agosto de 2008 se realizó la gran parada cívica en el Campo de Marte. La del 29 de agosto fue una movilización hasta el Congreso, la que fue violentamente repelida por la policía. En setiembre se realizó una marcha de sacrificio, desde el Campo de Marte hasta la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Las marchas de protesta del personal en retiro, viudas y discapacitados, han sido pacíficas. Carentes de violencia, provocación y agresividad, en las que ha primado la cordura y la libre exposición de su discurso reivindicativo. La ciudadanía es testigo que, ningún acto de intimidación se produjo durante las marchas, ya que lo único que buscan y reclaman, amparados en la actual Constitución, es la pronta solución a sus demandas, que son de larga data.

Mientras la mayoría de peruanos en plena situación de paz, seguridad y tranquilidad descansan en sus hogares, trabajos, y lugares de diversión la pasan muy bien. Por el mismo precio un grupo de peruanos uniformados, nuestros hermanos militares y policías maltratados, deben seguir poniendo el pecho ante la arremetida del narcosenderismo homicida, en los valles del Huallaga y el VRAE, para proteger la democracia.

Ninguna esperanza para ellos, ni para sus familiares, que noche tras anoche rezan, para que nuestros combatientes no sean objeto de emboscadas o celadas en la zona caliente y posteriormente les entreguen en un féretro el cuerpo yacente de su esposo, hijo o padre, como está ocurriendo estas últimas semanas, en que la patria sangra nuevamente, junto a un ascenso póstumo sin valor frente a la irreparable perdida de una vida.

Pero no solo en el VRAE y el Huallaga deben luchar contra el matrimonio del Tráfico Ilícito de Drogas (ID) y el senderismo. También deben hacer frente al remate de sectores estratégicos, tanto marítimos como aéreos, que como todos los peruanos sabemos, son vitales para la Defensa Nacional. Simplemente no contamos con Reserva, para casos de emergencia nacional.

Así, la Marina Mercante otrora parte de la Reserva Naval y sectores marítimos, han pasado a ser controlados por algunas empresas navieras chilenas. De igual manera la liquidación de Aerocontinente primero y luego de TANS, dejaron en completo abandono a este sector estratégico, en provecho de LAN Chile. Facilitado por un convenio firmado durante el gobierno de Toledo.

La cereza sobre el pastel, constituye el remate a precio “huevo” del aeródromo de Collique, último bastión de la Reserva Aérea. Lugar de aprendizaje y entrenamiento de nuestros pilotos civiles y que es utilizado como aeropuerto alterno en casos de emergencia nacional. Pasará a manos privadas, con la ayuda de funcionarios del actual gobierno y dicen para construir viviendas.

Cuándo y dónde construirán un nuevo aeródromo para pilotos civiles; ¿no era mejor construir primero dicho aeropuerto, antes de rematarlo? Creo que sí, así lo piensa el país.

Otro tema que ha causado honda consternación en la oficialidad del Ejército es la venta de una parte del denominado Pentagonito, sede del Cuartel General del Ejército. Un símbolo, no solo por su representatividad como baluarte para la Defensa Nacional, sino porque demuestra falta de consideración con una de las instituciones de más larga tradición de nuestra República.

Frente a esta grave situación que viven nuestras FFAA. Las gestiones realizadas de manera directa por la presidencia de la Alianza por la Reivindicación por las FFAA y PNP, logró que con fecha 19 de setiembre del presente año, un grupo numerosos parlamentarios en el ejercicio de su legítimo derecho, suscribieron una carta petitoria dirigida al Dr. Luis Falla la Madrid, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de La República.

El contenido de esa petición hacía mención, a la solicitud de “homologación de Haberes de los miembros de las FFAA y PNP, vigentes según el D.S N° 213-90-EF(S) de fecha 19 de julio 90, firmado y ordenado su cumplimiento por el Jefe Supremo de las FFAA y PNP, Presidente de la República en actual función”

La iniciativa parlamentaria solicitaba en forma multipartidaria, con el respaldo de un gran número de congresistas, la dación de un artículo expreso en la Ley de Presupuesto de la República del año 2009, que a la letra decía “ Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas, homologar los Haberes de los señores miembros de las FFAA y PNP, en situación de actividad y de retiro, en concordancia con el marco legal vigente, según lo dispuesto en el D.S. N° 213-90-EF (S) de fecha 19 de julio 1990, promulgada bajo el amparo del Art. 274 de la Constitución Política del Perú del año 1979 y la Ley 19346 modificada por la Ley 24640 de fecha 24 de diciembre 1986 y complementarias”

¿Y cómo ha reaccionado el Congreso y Consejo de Ministros ante esta petición?

En ningún momento durante el largo debate en el Congreso por la Ley de Presupuesto para el año 2009, se ha hecho referencia a la iniciativa legislativa, firmada por más de 70 congresistas. La misma que buscaba iniciar por etapas la homologación de los haberes de las FFAA. Finalmente, no se ha obtenido absolutamente nada, ninguna mejora ni reivindicación salarial para soldados y policías. No sabemos hasta cuándo. Quizás nunca.

Estas gestiones oficiales que ha realizado de manera regular y civilizada la Alianza por la Reivindicación, con el apoyo de muchos congresistas que suscribieron la petición parlamentaria, no ha encontrado la respuesta que se esperaba. Nuevamente hemos podido constatar que el gobierno hace oídos sordos, a los justos reclamos de los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sus viudas e innumerables discapacitados producto de la guerra interna.

Debemos nuevamente reiterar al Ejecutivo y el Congreso una mayor atención para solucionar de manera urgente las necesidades de homologación de haberes para soldados, policías, sus viudas y discapacitados, al igual como en el gobierno de Toledo inició la homologación de sueldos de los maestros universitarios. Pedimos mayor consideración con las instituciones encargadas de la Defensa Nacional y de los valores democráticos del Perú, garantía para la democracia y las inversiones que tanto necesita nuestro país.

Publicado por el diario La Razón- Lima Perú. 3 de diciembre de 2008.