Por: Ángel Arturo Castro Flores
Desde los inicios de nuestra vida republicana nuestro país siempre tuvo que hacer frente a las amenazas internas y externas de diferente índole. Las previsiones que adoptó el Estado para proteger la integridad y soberanía se plasmaron en las diferentes constituciones que hemos tenido y en las que, se asignaban responsabilidades para las entidades del Estado y la ciudadanía en general.
Durante el conflicto de España con sus antiguas
colonias y que derivó en el victorioso Combate del 2 de mayo de 1866, en
nuestro país estuvo en vigencia la Constitución de 1860, que en su artículo
119° “ratificaba el rol de la fuerza
pública, en el sentido de reconocerla como institución responsable de hacer
cumplir la leyes del país”. (1) Castro, Jaime. Aportes para una nueva
visión de la Seguridad y Defensa Nacional
La Constitución de 1867 señalaba que “El objeto de la fuerza pública es asegurar
los derechos de la nación en el exterior y la ejecución de las leyes y el orden
en el interior”. Fue una de
las más longevas y estuvo en vigencia durante cincuenta y tres años (1867-1920).
(2)
Bajo su vigencia el país vivió momentos muy importantes
y difíciles, en lo político el surgimiento del partido civilista a partir de
1872 marcó el punto de quiebre en la vida política del país, después de una
larga vigencia de los militares en el poder. Pero, el hecho más grave sin lugar
a duda fue la guerra que Chile le declaró al Perú el 5 de abril de 1879 y que
duró hasta 1884.
Recordemos que durante el gobierno de José Balta
(1868-1872) el escenario nacional estuvo marcado por dos acontecimientos
políticos que marcarían hondas huellas en la historia de nuestro país: el final
del predominio militar y el nacimiento del partido civilista fundado por Manuel
Pardo. Apareció en la escena nacional Nicolás de Piérola, uno de los personajes
más controvertidos de la historia.
Nicolás de Piérola fue ministro de Hacienda durante
el gobierno de José Balta. Realizó un contrato con la casa Dreyfus para
comercializar dos millones de TN de guano dejando de lado a los consignatarios.
El 24 de abril de |871 una junta de notables presentó a Manuel Pardo como
candidato a la Presidencia de la República. El 29 de abril de 1871 se fundó el
partido civilista. Apoyaron la candidatura de Pardo, los antiguos
consignatarios, los dueños de los bancos, el comercio, con lo que se aseguraban
los fondos para la campaña.
Manuel Pardo fue un importante consignatario,
importador y financista. En 1862 fundó el Banco del Perú y fue presidente de la
Compañía Nacional del Guano. La depresión mundial de 1873 afectó al Perú, causó
un fuerte descenso en sus exportaciones. Los ingresos provenientes por el
guano, cuyas reservas estaban casi agotadas, cayeron en 35%, de 4 millones de
libras esterlinas en 1869, descendieron a 2,6 millones en 1875.
Para hacer frente a la crisis Manuel Pardo aplicó un
programa de austeridad, que no incluyó a su proyecto ferrocarrilero. Dispuso la
disminución del personal de las fuerzas armadas. Aunque trató de disimular su
discurso antimilitarista expresando que “No
son menos gratuitas… las suposiciones relativas a mi antagonismo con el
Ejército. El orden público y el honor nacional, son dos necesidades demasiado
fundamentales en toda sociedad para echar a un lado como un estorbo lo que es
uno de los principales baluartes”. (3)
Sin embargo, en la realidad las medidas que tomó no
eran consecuentes con su expresado respeto por el Ejército. Manuel Pardo
justificó la disminución de efectivos en el Ejército amparándose en la supuesta
necesidad de mantener una fuerza armada pequeña, convenientemente instruida,
respetuosa de ciertos valores y que olvidara las prácticas militaristas. Nunca llegó
a realizar reforma alguna en el ejército y más bien se dedicó a fortalecer a la
Guardia Nacional, que lo ayudó a superar los levantamientos contra su gobierno
como el protagonizado por Nicolás de Piérola.
El 7 de noviembre de 1872, Manuel Pardo y Lavalle
dio la ley de reorganización de la Guardia Nacional. Esta norma disponía la
organización de los cuerpos cívicos que eran necesarios para completar los
efectivos del Ejército. Dispuso la desactivación de unidades y efectivos de esta
institución, sin autorización legal. Por otro lado, incrementó los cuerpos
cívicos desmedidamente, reclutando mucho más de lo que la ley lo autorizaba.
Solo para tener una idea de la magnitud de las
reformas y lo negativas que resultaron estas medidas, en 1872 en el Ejército
existían 8 Batallones de Infantería, 2 Brigadas de Marina, 3 Regimientos de
Caballería y 2 Regimientos de Artillería”. Un año después el gobierno de Pardo redujo
los efectivos del Ejército, hasta dejarlo en 4 Batallones de Infantería, 2
regimientos de Caballería y 2 regimientos de Artillería. Al siguiente año en
1874, los Batallones de Infantería se redujeron a 3, los de Artillería a uno y
se mantuvo en dos los Regimientos de Caballería.
Mediante DS del 11 y 18 de noviembre de 1872, se crearon
nuevas unidades de la Guardia Nacional: 20 Batallones de Infantería en Lima y
Callao y 7 Unidades de Caballería entre Regimientos y Escuadrones, este
crecimiento exponencial de esta fuerza, no guardaba relación con la magnitud, extensión
geográfica y responsabilidad que se le había asignado. La diferencia era muy
notable entre ambas organizaciones.
Respecto a la Marina de Guerra, Manuel Pardo tuvo
otra actitud, el trato era más afable, mientras en el presupuesto de 1869-1870
el gasto se distribuía así: 63% para el Ejército y 37% para la Marina, en el
bienio 1873-1874 pasó a ser: 56% para el Ejército y 44% para la Marina cuyos
efectivos eran menores. Este incremento en el presupuesto para la Marina nada
significó en cuanto a elevar el nivel operativo naval, frente a la calidad y
cantidad de adquisiciones navales por Chile.
Cuando se le decía al presidente que debía
preocuparse por ese aspecto, Pardo contestaba que tenía dos poderosos blindados,
Argentina y Bolivia, se refería a los pactos defensivos que se negociaban con
ambos países, se concretó con Bolivia, pero no con Argentina.
En 1872 la Marina de Guerra le presentó un informe
sobre el desastroso estado en que se encontraba la escuadra, comparándola con
un “museo de arquitectura naval”. “Posteriormente
recibió un informe de dos oficiales que habían estado en Londres, donde
construían pequeñas barcas para el servicio de guardacostas, la “Pilcomayo” y
la “Chanchamayo”, mientras Chile había ordenado construir los acorazados
chilenos “Blanco Encalada” y “Cochrane”, la puesta en servicio de la corbeta
“Magallanes” y el vapor “Tolten”.(5)
De inmediato Pardo pidió autorización al Congreso
para invertir 2 millones de soles y adquirir dos acorazados superiores a los
chilenos, lo cual se le concedió y contrató la construcción de los barcos. “Posteriormente Pardo convocó a una junta de
“expertos” para evaluar las potencias navales relativas de Perú y Chile, cuyas
conclusiones fueron muy tranquilizadoras, el gobernante de manera irresponsable
rescindió el contrato, no sin antes pagar una prima a los constructores por
dicha anulación”(6)
En el S. XXI durante el quinquenio del expresidente
Toledo sucedió algo parecido, así el año 2001, decidió reducir drásticamente
–en más del 20%– el presupuesto de Defensa del año 2002, sin aplicar ningún
criterio técnico ni científico, y sin considerar el rol fundamental de las FF
AA, ni tener en cuenta su estructura, capacidades futuras y amenazas externas.
Rememoremos también que por esos tiempos Toledo tenía en Palacio de gobierno dos
asesores de nacionalidad chilena.
En el Ejército fue calamitosa esta disminución. Se
aplicó una reestructuración que no ha dado ningún resultado, solo sirvió para
efectos inmediatistas, cálculo político y promoción mediática. Además, se
desmantelaron importantes Bases Contrasubversivas, no se previó la adquisición
de nuevo material bélico para las FFAA, pese a conocer que Chile se había
embarcado en una carrera armamentista. El presupuesto no alcanzaba ni para pagar
los servicios públicos esenciales (SSPPEE).
Toledo, hoy demostradamente corrupto y a la espera de
su extradición de EE. UU., castigó muy severamente al Ejército, responsabilizando
a la Institución y a sus integrantes, por presuntos actos de corrupción de sus mandos,
muchos de ellos en una cacaería de brujas sin precedente fueron a parar a la cárcel.
La falta de previsión, sumado a la carencia de una
visión geoestrégica no nos permite superar las debilidades del pasado, lo que
se refleja en el presente, en un sentimiento político antimilitarista.
La seguridad de los Estados hoy, en la era digital
ha ampliado la utilización de las diversas plataformas, medios digitales, redes
sociales y aplicaciones software, que manejan datos personales privados de
ciudadanos y organizaciones con mucha influencia, como es el caso de la WhatsApp
en setiembre 2021 fue sancionada por la autoridad digital irlandesa con una
multa de 225 millones de euros (267 millones de dólares) por el regulador
irlandés y la segunda mayor de un regulador digital en Europa, después de la
multa de 746 millones de euros impuesta a Amazon en julio en Luxemburgo por
incumplir las normas sobre la información privada de los usuarios.
La investigación a WhatsApp, iniciada por la
comisión irlandesa de protección de datos DPC en diciembre de 2018, buscaba
determinar si dicha aplicación "cumplía con sus obligaciones de
transparencia" en lo que respecta a informar a los usuarios de cómo se
utilizarían sus datos.
Este mes, Facebook no se ha escapado de una sanción
por el Tribunal Federal de Alemania por recopilar automáticamente y sin un
acuerdo previo específico los datos personales de usuarios de sus aplicaciones
como WhatsApp o Instagram. El Tribunal en mención ordenó el martes a Facebook
que cese de recopilar automáticamente y sin un acuerdo previo específico los
datos personales de usuarios de sus aplicaciones WhatsApp o Instagram.
Las autoridades alemanas exigen a Facebook que
solicite "el acuerdo explícito" de su alrededor de 30 millones de
usuarios en el país para ciertas clausulas. ¿Cómo vamos en nuestro país al
respecto? ¿Se conoce realmente la situación del país frente a este nuevo
fenómeno que atenta contra la seguridad?
Como se puede apreciar, no solo la tecnología en
gran desarrollo en este siglo, sino que las organizaciones de espionaje,
hackers, los cárteles de la droga y organizaciones criminales pueden apropiarse
de datos de personales, de hecho lo han hecho en otras latitudes; por lo que, en
el presente los estados deben dictar medidas, crear organizaciones digitales en
sus organismos de seguridad, que permitan la protección de los datos de sus propias
organizaciones y ciudadanos, en aras de las seguridad nacional.
Notas:
(1), (2), (3), (5) y (6): CPHE, Historia General del
Ejército el Perú. Tomo V, El Ejército en la República S, XIX. Primera Edición.
2005
(4): Castro, Jaime Raúl. Aportes para una nueva
visión de la Seguridad y Defensa Nacional. Primera Edición, Julio 2006.
Ediciones Culturales e Impresiones Lecting S.A.C.