Por: ARTURO CASTRO*
Durante los últimos días hemos sido testigos de un hecho gravísimo que ha removido los cimientos del orden interno con pérdidas de dos vidas humanas, y numerosos heridos entre policías y ciudadanos, así como destrucción de bienes públicos y privados, originados por el enfrentamiento de un grupo de jóvenes al parecer infiltrados y una respuesta de la policía, durante una movilización denominada “pacífica”.
Precisamente, a raíz de estos sucesos graves nuevamente no solo se ha puesto en debate el rol de la policía nacional, sino que el gobierno ha pasado al retiro al comando de la institucional policial, así como a 15 generales que les seguían en antigüedad, designando al general César Cervantes general egresado de la Escuela de la PNP, luego de la unificación en 1986, de las ex BGC, GR y PIP; como nuevo comandante general de la PNP.
La decisión del ejecutivo ha sido considerada un grave error por generalizar, en la comisión de presuntos delitos a todos los generales, afectando gravemente a la institución policial; se los responsabiliza de actos de corrupción y mala administración de recursos entregados por el gobierno para luchar contra la pandemia Covid 19.
Esta decisión considerada equivocada por numerosos ciudadanos y especialistas en el tema, además, trastoca la meritocracia institucional, el conocimiento y experiencia profesional, afectando la disciplina y la moral de toda la institución policial, poniendo bajo el control y liderazgo civil en una institución tan importante para nuestra República.
No se ha considerado en las investigaciones a la prensa que azuzó e incentivó la participación de la juventud, tampoco estarían considerados importantes líderes políticos que apoyaron la marcha, estuvieron presentes para provechar estas movilizaciones, su presencia en algunos casos enervó a los jóvenes que los repudiaron públicamente caso de Verónika Mendoza en el Cusco y Ollanta Humala en Lima, también Julio Guzmán y George Fosyth, estuvieron presentes.
Se afirma que, los ex ministros del interior Gino Costa, Carlos Basombrío con la participación del actual ministro del interior Rubén Vargas, serían las eminencias grises de esta medida. Recordar que en 2004 publicó INEP una obra escrita por ambos: LIDERAZGO CIVIL EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR. “Testimonio de una experiencia de reforma policial y gestión democrática de la seguridad en el Perú”. Que, no habiendo dado los resultados esperados, hoy que tienen la oportunidad de participar en el gobierno de transición podrían nuevamente retomar.
El ministro del Interior, Rubén Vargas, negó cualquier irregularidad al respecto al señalar que el presidente Francisco Sagasti tiene la facultad de nombrar a un jefe para la PNP de menor rango. Sin embargo, esto no es tan cierto porque atenta contra la ley.
En las últimas horas han renunciado dos generales de la PNP, el Subcomandante General de la PNP general Edgardo garrido López y el general Oscar Gonzales Rabanal jefe de importante Dirección Contra el crimen organizado, lo que agrava la situación. El ministro del interior debería pensar seriamente su permanencia en el cargo, porque sumado a ello se avecina la amenaza que debería preocupar al gobierno, se trata de un paro policial los días 4 y 5 de diciembre. Recordar que el 5 de febrero de 1975 hubo un paro policial que causó graves hechos de violencia, incendio de locales, de diarios, muertes y heridos por intervención de las FF.AA.
Por otro lado, en una entrevista concedida en Palacio a varios programas políticos televisivos de manera simultánea Cuarto poder, Panorama, Punto final y Día D, el presidente Francisco Sagasti tocó una serie de temas importantes para la marcha de la Nación:
Nueva Constitución: Indicó que recogerían información y sentar las bases, no irán más allá, porque es un gobierno de transición y no tener la legitimidad.
Respecto
de la remoción de 18 generales de la PNP indicó que la decisión era
constitucional y que respaldaba al ministro del interior y primer ministro.
Se sostiene que “la defensa y la dignidad de la persona humana son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Sin embargo, ante los hechos que se han descrito anteriormente, al parecer este planteamiento no tendría el valor, ni la importancia que realmente debe tener en una sociedad que se precia de civilizada, por lo que las autoridades pertinentes deben impulsar una campaña, que demuestre de manera inequívoca, que realmente existe respeto por la dignidad de la persona y por otro lado la justicia debería hacer cumplir la ley estrictamente.
La actual Constitución en su artículo 163 indica “El Estado garantiza la seguridad a la nación mediante el sistema de Defensa nacional”, por otro lado, en su artículo 166 establece, “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno”. Así mismo según el artículo 118 inciso 4, es función del presidente de la República: “velar por el orden interno”, por lo tanto, las decisiones políticas sobre orden interno corresponden al Presidente de la república y la institución encargada de esta importante función es la PNP; además tal como lo prescribe el artículo 167 el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las FFAA y PNP.
En este marco Constitucional debemos precisar que, el poder según el diccionario de la lengua española “se refiere a la autoridad, dominio, jurisdicción, facultad, al imperio de una cosa, las Fuerzas Armadas de un Estado o el instrumento con el cual se reviste de autoridad a una persona”.
Por otro lado, el Poder Social “es la facultad que tiene la sociedad para imponer reglas de conducta”, cuando se legitima el poder, se justifica el Estado porque se asienta en la soberanía que ejerce el pueblo con su voto, el pueblo delega la autoridad a los gobernantes, lo que sirve de sustento al poder del Estado.
El poder del Estado es uno sólo, es indivisible; lo que se separa son las funciones en consideración a la racionalización y división del trabajo y con el propósito de evitar la omnipotencia y el abuso del poder, las funciones legislativas, administrativas y jurisdiccionales son ejercidas por los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, que en la praxis reciben el nombre de Poderes.
Sobre Poder de Policía, el sociólogo BORDEAU, precisa “que el Poder de Policía es una fuerza nacida de la voluntad social, ponderadamente destinada a conducir el grupo hacia un orden que estima beneficioso y llegado el caso, capaz de imponer a los miembros los comportamientos que esta búsqueda exige”.
Yeimy Ivonne García Parra, abogado sostiene que “El poder de policía es la facultad de expedir leyes y reglamentos de policía, esto es, la facultad de regular los comportamientos cotidianos con la finalidad de preservar el orden público (…)”.
Es así que, el poder de policía presenta características singulares: es potestad originaria, porque el Estado adquiere el Poder de Policía al constituirse en el mismo momento en que se organiza política y jurídicamente; es exclusivo del Estado es decir de su exclusiva competencia; es inalienable porque no puede ser transferido por acuerdo, contrato o delegación porque es inseparable de la soberanía nacional y es razonable porque es un poder justo.
Por tanto, Poder de Policía “es la facultad que posee el Estado para establecer límites a la libertad individual con el fin de asegurar esta libertad y los derechos esenciales del hombre y la sociedad”. El Poder de Policía no es un poder nuevo y específico del Estado, es parte integrante del Poder Administrador y siempre ha existido en toda sociedad organizada.
Con relación al orden Interno debemos precisar “que es la situación de tranquilidad, sosiego y paz dentro del territorio nacional, regulado por el derecho y en ciertas circunstancias por el Poder Político, en la cual las autoridades ejercen sus atribuciones y los ciudadanos sus derechos y libertades, garantizando la existencia, estabilidad y soberanía del Estado; con la finalidad de asegurar la coexistencia pacífica en general y consecuentemente permitir el logro del fin supremo del Estado y la Sociedad”.
Cuando el Orden Interno es alterado por algunos hechos que revisten gravedad como es el caso de marchas violentas, huelgas, paros, mítines o hechos como el que se ha producido en Lima con la muerte absurda de dos jóvenes y numerosos heridos, casi siempre utilizamos la técnica de los bomberos, apagar incendios aislados sin dar una solución proactiva, coherente y permanente.
En países como el nuestro se puede encontrar una serie de causas que afectan el orden interno, estas se clasifican en causas políticas, jurídicas, económicas, policiales, militares, etc. Las causas políticas son aquellas situaciones personales de grupos o élites de poder que con fines o intereses partidarios ocasionan decisiones negativas en el ejercicio político, dentro de ellas podemos distinguir: la soberbia, arrogancia y desdén en el ejercicio del poder político, el despotismo, aprovechamiento, abuso y exceso de este poder, corrupción e inmoralidad manifiesta de las autoridades.
Por otro lado, las causas jurídicas son las disposiciones legales que se dictan con el propósito de regular la conducta social; cuando las disposiciones legales se dan con imprecisiones, contradicciones o vacíos, generan resquebrajamiento del orden Interno. Esto sucede cuando se promulgan leyes y disposiciones legales vigentes por conveniencia ideológica, partidaria y/o económica, o nombre propio.
Las causas económicas son consideradas como hechos o circunstancias negativas que se presentan en el campo económico, como la Inflación y la deflación y afectan el poder adquisitivo de la población. Dentro de las causas militar-policial, se considera lo referente al comportamiento de grupos de individuos que pueden derivarse en delitos contra el Orden Constitucional y la Seguridad del Estado; como la conspiración y propaganda incitando a levantarse en armas o revolucionar cualquier fuerza con el objeto de variar la forma de gobierno.
Por tanto, un País como el nuestro que se debate día a día entre el caos y la confusión, que camina al filo del abismo en un escenario provocado por los graves hechos delictivos diariamente, o como es el caso las reclamaciones justificadas o no, que han movilizado a numerosos jóvenes en marchas y que grupos violentistas se han infiltrado para provocar a la policía y esta reaccione, con la consecuente secuela de la muerte de dos jóvenes, más de 100 heridos entre marchantes y policías y patrulleros destruidos por algunos vándalos que se sumaron a la protesta callejera.
Todo este marco nos permite determinar que, son estas las causas que no ayudan a mantener el Orden Interno en el nivel óptimo y por tanto ante hechos de esta naturaleza que revisten gravedad se debe asumir responsabilidades en los diferentes niveles de gobierno aplicando el Poder de Policía del Estado y buscar soluciones a los graves problemas que padece actualmente la población en general y la de menores recursos en particular como: la pandemia del Covid 19, que ha traído altas cifras de muertes y contagiados, altos niveles de desempleo, pequeñas y medianas empresas cerradas y extrema pobreza.
