1. 1. Publicidad estatal en medios
privados
El Congresista Mauricio Mulder ha presentado una propuesta de ley en el
Congreso, que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Los defensores
de las empresas periodísticas, cuyo consejo está conformado por personas que
representan a los dueños de los medios, han pegado el grito en el cielo. No es
para menos. La torta publicitaria del gobierno es grande y muy apetitosa.
Las empresas periodísticas bajo el manto de la libertad de expresión,
prensa, tratan de justificar su posición, una libertad que en muchos casos
ellos no respetan, ni consideran; pero, justifican que el gobierno invierta en
publicidad. Esa inversión en muchos de los casos salva las ganancias de los
empresarios y permiten sobrevivir a empresas deficitarias que, si no fuera así,
con seguridad estarían en la quiebra.
Por otro lado, esta inversión estatal, en la mayoría parte ha sido utilizado
por el gobierno para hacer propaganda de sus obras, a malos funcionarios para
hacerse destacar, llenar titulares, y otras corruptelas. Está comprobado, que algunos
medios, sobreviven gracias a estas inversiones "caritativas" interesadas del gobierno, “El
Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó un documento al presidente del
Congreso, Luis Galarreta, donde solicita que se archive la referida ley
propuesta”.
El CPP para justificar su solicitud, habla de acciones dudosas llevadas
a cabo en el Congreso, lo que los llevó a la conclusión de que se quiere
presionar a los medios privados. Al contrario, se presiona a los medios cuando
se invierte en publicidad y a cambio la prensa se muestra muy flexible, dúctil
y pierde su esencia de fiscalización, en el sagrado deber de informar adecuadamente a la población.
“CPP advierte que, pese a que el proyecto aparenta perseguir objetivos
loables, exoneración del debate en la Comisión de Transportes y Comunicaciones,
llevan a concluir que se trata de un mecanismo de presión contra medios
privados”.
2. Indulto. Caso perdido en San
José
Por otro lado, el abogado Ronald Gamarra acusador del exmandatario
Alberto Fujimori, está más dolido que sus defendidos los familiares de los
casos Cantuta y Barrios Altos. Ha escrito en un semanario “Indulto: caso
perdido en San José”, refiriéndose al indulto otorgado por el presidente PPK al
ex presidente Alberto Fujimori. Una medida constitucional, una atribución del
presidente.
Gamarra, ha sido abogado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(COMISEDH). Su carta de presentación en todo foro, suponemos del que hace gala,
es haberse desempeñado como defensor de los familiares de las víctimas en los
casos de La Cantuta y Barrios Altos. Hoy se conoce, que los estudiantes de la
Cantuta eran terroristas, responsables del atentado de la calle Tarata.
No sabemos cuál es su interés para oponerse tajantemente al indulto y
gracia presidencial otorgada al ex presidente Alberto Fujimori. Para muchos es
realmente insólito lo que sostiene Gamarra, asegura que históricamente el Perú
ha perdido sus casos ante la Corte Internacional de derechos humanos(CIDDHH).
Criticando y atacando a los poderes Ejecutivo y Judicial, indica, “En
primer lugar, porque el Estado tiene numerosos casos que implican violaciones
reales, palpitantes, serias de derechos humanos, que no se ha sabido afrontar
con transparencia, verdad, apego a los estándares internacionales en materia de
derechos humanos”.
Otro personaje que apela a los estándares internacionales, ¿No sabemos a
qué estándares internacionales se refiere? Que sepamos no existen parámetros
para impartir justicia, solo los jueces y sus conciencias o intereses. Eso es lo que
siempre han sostenido y sostienen. Dice “En San José solo hemos conocido del
desastre y el descalabro”.
Luego dando rienda suelta a su verdadero sentir, critica y sataniza a sus
hermanos de leyes, abogados como él que defienden los intereses del Estado
frente a organismos supranacionales. Porque quienes defendieron al Estado
peruano en la CIDDHH, fueron y son abogados como él. Qué profesional se burla y
mofa del fracaso de sus colegas.
Dice “En san José, nuestra representación ha insistido, una y otra vez, en
una defensa absurda, contradictoria, errática. Cantinflesca. Siempre más de los
mismo”. ¿Los abogados peruanos son o se parecen a Cantinflas? Si
Gamarra tiene, ese concepto de sus colegas, estamos fritos. Solo él se erige
como el portaestandarte de los defensores. Solo él tiene la solución o la
estrategia adecuada para ganar los casos. Debería ofrecer sus servicios al
gobierno.
Salvo que, su sentimiento de animadversión, su enfermizo odio, dominen
su espíritu al punto que, asegura como si formara parte de la Corte de San José,
o tener amigos que le habría facilitado la decisión que se debe tomar el 2 de
febrero, respecto del indulto concedido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski
en uso de sus facultades constitucionales. Si no es así, entonces, estamos ante
un oráculo moderno.
3. Visita del papa Francisco
En su último día de visita a nuestra
patria, el papa Francisco metió el dedo en la llaga, bien al fondo y removió la
tranquilidad de conciencia de muchos y preocupó a los corruptos. En reunión con
obispos después de bendecir en la catedral a los cinco santos peruanos, ante
una pregunta de uno de los obispos, respondió con una pregunta que quedó para
la posteridad.
“¿Qué le pasa a Perú que cada
vez que sale un presidente lo meten preso? Humala está preso, Toledo está preso
[en realidad está fugado en EE.UU.], Fujimori estuvo preso, Alan García está
que entra que no entra; y presos con rabia, ¿no? El sistema llama la atención”.
Esa, es una pregunta que quedará
flotando en el ambiente, mientras no se decida una lucha frontal contra la
corrupción. Cómo hacerlo, si el presidente es sospecho de haber trajinado con
la corrupción, las últimas denuncias lo están llevando contra la pared y no le
dejan espacio de maniobra para defenderse.
Quién puede liderar esa lucha, si
quien encarna la personificación de la nación está cuestionado por sus
relaciones con la empresa brasileña corrupta Odebrecht. El presidente Pedro Pablo
Kuczynski, ha perdido credibilidad, la aceptación popular viene disminuyendo,
lo poco que le queda de aprobación terminará abandonándolo muy pronto.
El Poder Judicial y el Ministerio
público no se pueden sacudir de la responsabilidad que pesa sobre sus hombros,
respecto de la demora en los juicios por corrupción. Los integrantes del club
de la construcción, que fueron intervenidos, están pidiendo que la OCMA
investigue a los jueces que liberaron a los grandes constructores del país,
consorciados de Odebrecht.
Recordemos que, los exrepresentantes
de las constructoras JJ Camet Contratistas Generales S.A. e ICCSA, Fernando
Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós, abandonaron hace
poco el penal Piedras Gordas de Ancón, donde cumplían prisión preventiva, luego
de que la Primera Sala Penal de Apelaciones revocó la orden de prisión
preventiva.
El congresista Yhony Lescano de AP,
de inmediato ha hecho eco el pedido del club de constructores y ha expresado
que, “Ellos
han sido acusados directamente (…) y el Poder Judicial dice que no se han
cumplido los requisitos para la prisión preventiva (…) me pregunto cuáles son
esos requisitos que no se han cumplido”.
Está solicitando que la Oficina de
Control de la Magistratura (OCMA) tome cartas en el asunto, inicien una
investigación contra jueces que revocaron la medida de prisión preventiva dictada
por el juez Concepción Carhuancho. Se sospecha de aceitadas y honorarios de
éxito. Por eso, la solicitud de investigación a la OCMA, se justifica.