Han transcurrido más de dos semanas de la Ceremonia de Oficialización del Acta de Fundación de la Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP. Hemos guardado prudente silencio durante estos días, con la esperanza de que algún medio de comunicación, hiciera alguna reseña de este hecho trascendental, para las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, viudas y discapacitados. Ninguna referencia a este acto.
La Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP, se ha constituido para liderar la lucha, contra el relegamiento, abuso y maltrato del que son objeto los miles de soldados y policías, por parte de los gobernantes, quienes desde hace más de 20 años persisten en no atender, ni entender la necesidad de tener en cuenta las justas demandas económicas del personal de la fuerza pública.
Como es de conocimiento de la opinión pública, hasta la fecha los soldados y policías del país, junto a sus viudas y discapacitados, unidos e integrados, han participado en cuatro grandes movilizaciones, cuya finalidad ha sido y es, obtener una respuesta oficial al pedido de reivindicación de sus derechos económicos, injustamente postergados por los gobiernos de turno desde hace dos décadas. Y no se ha logrado nada.
Cuatro movilizaciones inéditas, que nunca antes se habían realizado en nuestro país con participación de personal en retiro, viudas y discapacitados. La primera en el mes de julio, luego el 14 de agosto de 2008 se realizó la gran parada cívica en el Campo de Marte. La del 29 de agosto fue una movilización hasta el Congreso, la que fue violentamente repelida por la policía. En setiembre se realizó una marcha de sacrificio, desde el Campo de Marte hasta la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Las marchas de protesta del personal en retiro, viudas y discapacitados, han sido pacíficas. Carentes de violencia, provocación y agresividad, en las que ha primado la cordura y la libre exposición de su discurso reivindicativo. La ciudadanía es testigo que, ningún acto de intimidación se produjo durante las marchas, ya que lo único que buscan y reclaman, amparados en la actual Constitución, es la pronta solución a sus demandas, que son de larga data.
Mientras la mayoría de peruanos en plena situación de paz, seguridad y tranquilidad descansan en sus hogares, trabajos, y lugares de diversión la pasan muy bien. Por el mismo precio un grupo de peruanos uniformados, nuestros hermanos militares y policías maltratados, deben seguir poniendo el pecho ante la arremetida del narcosenderismo homicida, en los valles del Huallaga y el VRAE, para proteger la democracia.
Ninguna esperanza para ellos, ni para sus familiares, que noche tras anoche rezan, para que nuestros combatientes no sean objeto de emboscadas o celadas en la zona caliente y posteriormente les entreguen en un féretro el cuerpo yacente de su esposo, hijo o padre, como está ocurriendo estas últimas semanas, en que la patria sangra nuevamente, junto a un ascenso póstumo sin valor frente a la irreparable perdida de una vida.
Pero no solo en el VRAE y el Huallaga deben luchar contra el matrimonio del Tráfico Ilícito de Drogas (ID) y el senderismo. También deben hacer frente al remate de sectores estratégicos, tanto marítimos como aéreos, que como todos los peruanos sabemos, son vitales para la Defensa Nacional. Simplemente no contamos con Reserva, para casos de emergencia nacional.
La Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP, se ha constituido para liderar la lucha, contra el relegamiento, abuso y maltrato del que son objeto los miles de soldados y policías, por parte de los gobernantes, quienes desde hace más de 20 años persisten en no atender, ni entender la necesidad de tener en cuenta las justas demandas económicas del personal de la fuerza pública.
Como es de conocimiento de la opinión pública, hasta la fecha los soldados y policías del país, junto a sus viudas y discapacitados, unidos e integrados, han participado en cuatro grandes movilizaciones, cuya finalidad ha sido y es, obtener una respuesta oficial al pedido de reivindicación de sus derechos económicos, injustamente postergados por los gobiernos de turno desde hace dos décadas. Y no se ha logrado nada.
Cuatro movilizaciones inéditas, que nunca antes se habían realizado en nuestro país con participación de personal en retiro, viudas y discapacitados. La primera en el mes de julio, luego el 14 de agosto de 2008 se realizó la gran parada cívica en el Campo de Marte. La del 29 de agosto fue una movilización hasta el Congreso, la que fue violentamente repelida por la policía. En setiembre se realizó una marcha de sacrificio, desde el Campo de Marte hasta la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Las marchas de protesta del personal en retiro, viudas y discapacitados, han sido pacíficas. Carentes de violencia, provocación y agresividad, en las que ha primado la cordura y la libre exposición de su discurso reivindicativo. La ciudadanía es testigo que, ningún acto de intimidación se produjo durante las marchas, ya que lo único que buscan y reclaman, amparados en la actual Constitución, es la pronta solución a sus demandas, que son de larga data.
Mientras la mayoría de peruanos en plena situación de paz, seguridad y tranquilidad descansan en sus hogares, trabajos, y lugares de diversión la pasan muy bien. Por el mismo precio un grupo de peruanos uniformados, nuestros hermanos militares y policías maltratados, deben seguir poniendo el pecho ante la arremetida del narcosenderismo homicida, en los valles del Huallaga y el VRAE, para proteger la democracia.
Ninguna esperanza para ellos, ni para sus familiares, que noche tras anoche rezan, para que nuestros combatientes no sean objeto de emboscadas o celadas en la zona caliente y posteriormente les entreguen en un féretro el cuerpo yacente de su esposo, hijo o padre, como está ocurriendo estas últimas semanas, en que la patria sangra nuevamente, junto a un ascenso póstumo sin valor frente a la irreparable perdida de una vida.
Pero no solo en el VRAE y el Huallaga deben luchar contra el matrimonio del Tráfico Ilícito de Drogas (ID) y el senderismo. También deben hacer frente al remate de sectores estratégicos, tanto marítimos como aéreos, que como todos los peruanos sabemos, son vitales para la Defensa Nacional. Simplemente no contamos con Reserva, para casos de emergencia nacional.
Así, la Marina Mercante otrora parte de la Reserva Naval y sectores marítimos, han pasado a ser controlados por algunas empresas navieras chilenas. De igual manera la liquidación de Aerocontinente primero y luego de TANS, dejaron en completo abandono a este sector estratégico, en provecho de LAN Chile. Facilitado por un convenio firmado durante el gobierno de Toledo.
La cereza sobre el pastel, constituye el remate a precio “huevo” del aeródromo de Collique, último bastión de la Reserva Aérea. Lugar de aprendizaje y entrenamiento de nuestros pilotos civiles y que es utilizado como aeropuerto alterno en casos de emergencia nacional. Pasará a manos privadas, con la ayuda de funcionarios del actual gobierno y dicen para construir viviendas.
Cuándo y dónde construirán un nuevo aeródromo para pilotos civiles; ¿no era mejor construir primero dicho aeropuerto, antes de rematarlo? Creo que sí, así lo piensa el país.
Otro tema que ha causado honda consternación en la oficialidad del Ejército es la venta de una parte del denominado Pentagonito, sede del Cuartel General del Ejército. Un símbolo, no solo por su representatividad como baluarte para la Defensa Nacional, sino porque demuestra falta de consideración con una de las instituciones de más larga tradición de nuestra República.
Frente a esta grave situación que viven nuestras FFAA. Las gestiones realizadas de manera directa por la presidencia de la Alianza por la Reivindicación por las FFAA y PNP, logró que con fecha 19 de setiembre del presente año, un grupo numerosos parlamentarios en el ejercicio de su legítimo derecho, suscribieron una carta petitoria dirigida al Dr. Luis Falla la Madrid, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de La República.
El contenido de esa petición hacía mención, a la solicitud de “homologación de Haberes de los miembros de las FFAA y PNP, vigentes según el D.S N° 213-90-EF(S) de fecha 19 de julio 90, firmado y ordenado su cumplimiento por el Jefe Supremo de las FFAA y PNP, Presidente de la República en actual función”
La iniciativa parlamentaria solicitaba en forma multipartidaria, con el respaldo de un gran número de congresistas, la dación de un artículo expreso en la Ley de Presupuesto de la República del año 2009, que a la letra decía “ Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas, homologar los Haberes de los señores miembros de las FFAA y PNP, en situación de actividad y de retiro, en concordancia con el marco legal vigente, según lo dispuesto en el D.S. N° 213-90-EF (S) de fecha 19 de julio 1990, promulgada bajo el amparo del Art. 274 de la Constitución Política del Perú del año 1979 y la Ley 19346 modificada por la Ley 24640 de fecha 24 de diciembre 1986 y complementarias”
¿Y cómo ha reaccionado el Congreso y Consejo de Ministros ante esta petición?
En ningún momento durante el largo debate en el Congreso por la Ley de Presupuesto para el año 2009, se ha hecho referencia a la iniciativa legislativa, firmada por más de 70 congresistas. La misma que buscaba iniciar por etapas la homologación de los haberes de las FFAA. Finalmente, no se ha obtenido absolutamente nada, ninguna mejora ni reivindicación salarial para soldados y policías. No sabemos hasta cuándo. Quizás nunca.
Estas gestiones oficiales que ha realizado de manera regular y civilizada la Alianza por la Reivindicación, con el apoyo de muchos congresistas que suscribieron la petición parlamentaria, no ha encontrado la respuesta que se esperaba. Nuevamente hemos podido constatar que el gobierno hace oídos sordos, a los justos reclamos de los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sus viudas e innumerables discapacitados producto de la guerra interna.
Debemos nuevamente reiterar al Ejecutivo y el Congreso una mayor atención para solucionar de manera urgente las necesidades de homologación de haberes para soldados, policías, sus viudas y discapacitados, al igual como en el gobierno de Toledo inició la homologación de sueldos de los maestros universitarios. Pedimos mayor consideración con las instituciones encargadas de la Defensa Nacional y de los valores democráticos del Perú, garantía para la democracia y las inversiones que tanto necesita nuestro país.
Publicado por el diario La Razón- Lima Perú. 3 de diciembre de 2008.
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