Por: Arturo Castro.
La Dirección Nacional de Inteligencia es el más alto
organismo del Estado que produce Inteligencia Estratégica, sobre “diversos
Estados, Organizaciones Internacionales y Fuerzas Transnacionales en el ámbito externo
y diversos asuntos relacionados con grupos humanos en el ámbito interno”,
útil para la toma de decisiones en los más altos niveles del gobierno, respecto
de nuestra política de seguridad y el planeamiento, preparación y ejecución de
la Defensa Nacional.
El secretario de organización de Perú
Libre, Richard Rojas, declaró a la prensa que recomendó al presidente Pedro
Castillo la designación del Mayor en retiro PNP José Luis Fernández Latorre
como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y confirmó que es
su pariente. Ambos y que, previamente los días el 5 y 16 de agosto hicieron una
visita a Palacio de Gobierno para reunirse con el primer mandatario.
“Sí, sí, yo lo propuse (como jefe de la DINI). (Fue mi propuesta) porque vimos todo su legajo académico y su profesionalismo, porque aparte de ser oficial de la Policía, es abogado, tiene maestría en derecho constitucional, tiene como tres carreras”.
El nuevo jefe de la DINI ha sido cuestionado por especialistas en Inteligencia Estratégica, y ex personajes que han desempeñado altos cargos de inteligencia, debido a sus antecedentes profesionales, los que indicarían que no tiene la preparación, experiencia, cualidades y el perfil que requiere un importante cargo, al que habría llegado solo por ser pariente del secretario de organización de Perú libre.
Fernández La Torre, no es un dechado de virtudes, porque entre sus antecedentes figuran graves hechos. Fue investigado en el 2001 por agredir sin ninguna razón al alumno de la policía Percy Alberto Ramírez Umbo, lesionándole el oído izquierdo, por el que, en agosto del 2001 recibió una sentencia por abuso de autoridad y reclusión militar.
También recibió una sentencia de condena condicional el 17 de mayo de 1999. Además, Fernández fue investigado por presunto cobro de cupos a transportistas y lo más grave, haber ingresado a la comisaría de José Leonardo Ortiz (Chiclayo) en estado etílico. Fue pasado al retiro en la PNP el 30 de diciembre del 2020. ¡Vaya, qué antecedentes!
El exministro de Interior, Carlos Basombrío se pronunció sobre la designación del nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Indicó que este nombramiento era el escándalo del día y criticando el nombramiento expresó que, “parece que a los postulantes a los cargos no les piden CV sino prontuario”, refiriéndose a las graves denuncias que tiene el nuevo jefe de la DINI.
¿Se deben nombrar para estos puestos de suma importancia, a profesionales que tengan el perfil para este importante cargo?
Basta recordar, que durante el nefasto gobierno del corrupto
expresidente Alejandro Toledo, (caso Ecoteva), rodeado de asesores chilenos y
caviares, destrozaron el sistema de inteligencia del Estado peruano y dejaron
sordo y ciego al país, a merced de las amenazas internas y externas. 7 jefes de
la DINI se sucedieron. Los resultados se pueden oler en el ambiente. En el
presente, parece que la DINI se ha convertido en un ente cuya jefatura dependerá,
no del presidente Castillo, sino de Cerrón, el mandamás del partido Perú Libre.
Durante el gobierno de Toledo, bajo el paraguas de una pseuda
“reorganización”, previa purga, despidieron a expertos funcionarios que habían
trabajado durante muchos años en este servicio, para nombrar a su gente de
confianza que de inteligencia sabían tanto como de física cuántica.
Toledo y quienes ocuparon la jefatura de este importante
servicio para el Estado nacional, son responsables. La parentela y los
personajes de Perú Libre deben estar frotándose las manos, celebrando, ya
entraron a las entrañas del Estado, al principal organismo del Estado y
contarán con información vital para el país a la que no tendrían acceso en
otras circunstancias. ¡Pobre Perú!
Toledo, que por este solo motivo debería ser sometido a un
juicio por presunta traición a la patria, designó siete, sí siete jefes del
Servicio de Inteligencia Nacional durante su mandato, pero no, lleva una vida
muelle en EE. UU, con una extradición que camina al ritmo de tortuga coja.
En esos tiempos, se relevaron desde ilustres desconocidos y
asesores personales, caviares asesores de oficinas extranjeras. El Servicio de
Inteligencia Nacional, fue sometido a una serie de cambios, sin ningún plan
estratégico, solo por capricho.
Tim Weiner, nos recuerda la importancia y trascendencia que
tiene el Servicio de Inteligencia para la supervivencia del Estado, frente a
las amenazas internas y externas. Weiner dice que la inteligencia, “Debe
anticiparse a la sorpresa. Sin un servicio de Inteligencia fuerte, inteligente
y perspicaz, los presidentes y generales pueden quedar tan ciegos como
inútiles”.
Recordamos un poco de la historia del Servicio de Inteligencia,
se creó en enero de 1960, siendo presidente de la República Manuel Prado
Ugarteche. En 1970 por Decreto Supremo de carácter secreto y no por ley como
debió ser, se constituyó el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA). Durante el
gobierno de Fernando Belaunde Terry, mediante los Decretos Leyes 270 y 271, se
incluyó como labor de inteligencia a campos no militares de la Seguridad
Nacional.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori en Julio 1992 mediante la Ley 25635 se refuerza el poder del SIN: como órgano rector del SINA. En noviembre de 2000 después del escándalo de los Vladivideos, Alberto Fujimori desactiva el SIN y dispuso su reorganización inmediata mediante ley 27351.
Durante el gobierno de Paniagua en junio 2001 se da la Ley N°
27479 que crea el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), y los organismos
dependientes de esta: el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), la Direcciona
Nacional de Inteligencia Estratégica (DNIE), y se regulaban los organismos de
inteligencia del sector defensa, sector interior y otros sectores. En el
gobierno de Alejandro Toledo, el 2006 se dio la Ley 28664 que derogó la
anterior.
A partir, del año 2000 se instaló en imaginario popular,
gracias a una prensa parametrada, una percepción equivocada sobre la
importancia de la seguridad nacional y se inició una cacería de brujas, nunca
vista. Esto trajo como consecuencia
drásticos recortes en el presupuesto para la Defensa Nacional, lo que debilitó
a las FFAA y SINA.
Las medidas de restructuración al Servicio de Inteligencia
Nacional, comprendió una masiva separación de cuadros especializados, expertos
en Inteligencia Estratégica y Operativa, y Contrainteligencia. Sobrevino una
parálisis de la que se está recuperando lentamente.
La finalidad, principios, organización, atribuciones,
funciones, coordinación, control y fiscalización de las actividades de
Inteligencia que ejecutan los organismos del Sistema de Inteligencia
Nacional-SINA están regulados por la ley N° 28664.
“La actividad de Inteligencia tiene por objeto proporcionar
oportunamente a través del Órgano Rector del SINA, al Presidente de la
República y al Consejo de Ministros, el conocimiento obtenido mediante el
procesamiento de las informaciones, sobre las amenazas y riesgos actuales y
potenciales, que puedan afectar la seguridad nacional y el ordenamiento
constitucional de la República”.
Las actividades de inteligencia se rigen por los siguientes
principios: Legalidad, Legitimidad, Control democrático, Pertinencia,
Circulación restringida, Especialidad y Planificación. El principio de
legalidad exige el respeto a la Constitución y las leyes, al mismo tiempo
indica tácitamente que “Las operaciones especiales solo se efectúan con
autorización de la autoridad competente”.
El principio de legitimidad, indica que estas son legales,
cuando se respeta el equilibrio entre las necesidades del Estado y los derechos
de las personas; entre la eficiencia para la obtención de la información y el
respeto a la Ley; entre el control y la discrecionalidad; y, entre la magnitud
de la amenaza y /o el riesgo y la proporcionalidad de los medios empleados
según el caso. El principio de Control democrático, indica que las actividades
de inteligencia por su naturaleza requieren el control de otras instancias del
Estado.
El artículo 20 de esta ley, establece el Control Judicial
para realizar Operaciones Especiales (OOEE), la Corte Suprema designa a dos
vocales Superiores (Ad hoc). Cualquiera de los vocales autoriza la realización
de las OOEE. El director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia
(DINI) es quien debe solicitar la autorización. En caso de peligro contra la
Seguridad Nacional, excepcionalmente el director de la DINI puede autorizar la
OOEE con cargo a formalizar la solicitud de inmediato ante el vocal Superior Ad
hoc, quien dentro de las 24 horas puede convalidarla o suspenderla.
Todos los peruanos coincidimos en que el tema de Seguridad Nacional
es sagrado por la importancia que adquieren los “Intereses Nacionales” que son
los intereses de todos los peruanos y su exclusiva relación con la seguridad
del Estado.
Los “Intereses Nacionales” son intangibles, permanentes e
indesligables del término supervivencia; son “aquellos que el Estado está
dispuesto a defender si se ven amenazados”, ya sea mediante una
respuesta inmediata, mediata o en el largo plazo, dependiendo de los medios
disponibles, expresados a su vez en el poder y potencial nacionales.
Por lo anterior, llama poderosamente la atención, la
manipulación grosera en la designación del nuevo jefe de la DINI, no por ser
policía en retiro y abogado, o por su falta de experiencia y conocimiento de
Inteligencia Estratégica, sino principalmente por sus antecedentes y su
relación parental con un dirigente de Perú Libre.
¡Qué poca importancia le da a la inteligencia señor Pedro
castillo!
1 comentario:
La DINI vela por la seguridad interna y externa,del Peru, entregando información anticipada para la toma de acciones en bien de la Patria
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