La corrupción y el fracaso de las reformas coloniales (1757-1820).

Nota de Redacción:

Volvemos a reeditar este artículo fue publicado en 2009, actualizado a la luz de los acontecimientos de corrupción de estas dos últimas décadas, escándalos denunciados contra empresa Odebrecht, que involucra a ex presidentes de la República, la concertación de empresas de construcción, el pago por publicidad estatal, estudios de abogados, bancos y periodistas.

Cuando se habla de corrupción muy a menudo se la relaciona con actividades ilegales realizadas por personas o grupos organizados, que infringen y violan los sagrados intereses públicos. El manto de la corrupción se extiende como un pulpo y abarca no solo actividades públicas sino también privadas.

Corrupción es, “el mal uso del poder político-burocrático por parte de camarillas de funcionarios, coludidos con mezquinos intereses privados, para así obtener ventajas económicas y políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación o el desvío de recursos públicos, y la distorsión de políticas e instituciones”.

La corrupción no solo comprende el saqueo de fondos públicos, sino que alcanza otras actividades ilegales como: sobornos, malversación, mala asignación de fondos y gastos públicos, aplicación errada de programas y políticas, escándalos financieros, el fraude electoral y otras actividades como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de favores indebidos, o de una prensa adicta al gobierno.

La mayoría de los analistas, sesudos periodistas, experimentados críticos, relacionan a la corrupción con el gobierno de Alberto Fujimori y expresan su desazón calificando a este gobierno (1990-2000) como el más corrupto de la historia, demonizando al exmandatario. Sin considerar que la corrupción es propia de nuestra sociedad desde que llegaron los españoles, según informaciones que existen en diversos archivos.

Sin embargo, con el escándalo denunciado en EE. UU., sobre las acciones ilegales, sobornos, obras concertadas, robo, descubiertos y puestos en evidencia de la empresa brasileña Odebrecht, la que ha comprometido en actos de corrupción y lavado de activos a cuatro presidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García fallecido y la dupla PPK-Vizcarra. Salvo Vizcarra, los demás están con prisión domiciliaria o con restricciones a su libertad.

Salvo Vizcarra quien tendrá que responder sobre los presuntos actos de corrupción de su gobierno en ámbitos tan delicados como la estrategia y la financiación de la lucha contra la pandemia, adquisición de ventiladores mecánicos y test rápidos y sinceramiento de los datos sobre efectos de la pandemia, por lo que se espera el término de su gobierno.

Al respecto, el portal digital HUACHOS. COM, publicó el 14 de diciembre de 2019 la siguiente nota:

“Como parte del acuerdo de colaboración eficaz con las autoridades peruanas, la constructora brasileña Odebrecht suministró al coordinador del Equipo Especial Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela Barba, un informe pormenorizado de la compañía forense GRC Solutions sobre los desembolsos ilícitos a funcionarios públicos entre 2006 al 2010 y en 2014, en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala”.

La valoración negativa del gobierno de Fujimori parte de una falsa premisa, al calificar y dejar sentado que se trata, no de uno de los gobiernos más corruptos de nuestra era republicana, sino de dejar impregnada en la memoria de la población que, durante ese gobierno recién se inició la corrupción en nuestro país. Nada más alejado de la realidad. Nuestra historia es rica en datos sobre este tema espinoso y vergonzoso.

A diferencia de quienes creen que la corrupción se instaló en nuestro país recién en la época republicana, quizás no han considerado que esta, sienta sus tentáculos desde la época en que llegaron los españoles y capturaron al Inca Atahualpa. El primer acto considerado corrupto fue el soborno que hizo Atahualpa por su libertad y Francisco Pizarro aceptó demostrando su ambición.

Se dice que, “Ciertos modos de corrupción tienden a perdurar en el tiempo, sus redes heredan prácticas generales y específicas. En los orígenes de la corrupción en nuestro país, el modo predominante de corrupción era y es el que está ligado al poder ejecutivo desde tiempos de la Colonia”. ¿Alguien puede dudar de este aserto?

En su informe confidencial a la Corona española denominado “Relación de gobierno... del Capitán de Navío de la Real Armada española Antonio de Ulloa, en la Villa de Huancavelica, fechada en 1757, pone en conocimiento de las autoridades españolas, la situación caótica y crítica de la administración en Huancavelica.

El proceso de reformas coloniales emprendidas entre los años 1757-1820 por la corona española, para mejorar la administración de las colonias americanas, tropezó con una bien aceitada maquinaria sistemática y sistémica de la corrupción, que había sentado sus raíces en este apartado rincón de la Colonia y sus enormes tentáculos atenazaban también a las autoridades coloniales.

Los fraudes en la recepción y contabilidad de las rentas reales, descuido en la explotación minera, confabulaciones administrativas y la justicia desvirtuada en su esencia por el soborno, eran las principales causas del fracaso de las medidas reformistas.

Antonio de Ulloa descubrió y señaló fríamente cuáles eran las principales causas de la corrupción existente y del daño económico incalculable ocasionado a la Corona española. Esta se basaba en infracciones que había observado, especialmente en “el sistema de la minería de mercurio y plata peruano”. Como bien se conoce hoy, ambas actividades eran la base de la economía y del acopio de las rentas reales.

Y quiénes estaban comprometidos en estos actos de corrupción que trasgredían las normas administrativas establecidas por la Corona española, pues, aunque parezca increíble, estaban involucradas “autoridades codiciosas, oficiales reales de hacienda, mineros y comerciantes”.

No era la primera vez que De Ulloa denunciaba estos delitos, aproximadamente 10 años antes en compañía de Jorge Juan otro oficial de la Real Armada, habían denunciado estas prácticas, cuando llegaron a Quito como parte de un grupo científico y visitaron en esa oportunidad: Cartagena, Panamá, los puertos de Chile, Lima y Quito, por instrucciones del primer secretario de Estado español, marqués de la Ensenada, cumpliendo órdenes del rey Fernando VI.

En aquella oportunidad llegó junto al marino Jorge Juan, con quien preparó el informe “Discurso y reflexiones políticas sobre el estado presente…, de los reinos del Perú”.

El informe presentado por ambos a la Corona, serviría para “el uso particular y confidencial de los ministros del rey Fernando VI”, y se tomaran las medidas reformistas. Permaneció refundido por más de 70 años hasta 1826, en que se publicó de manera extraoficial en Londres, en una obra del coleccionista, editor viajero David Barry, bajo el sensacional título de “Noticias secretas de América”.

En 1735, dos jóvenes tenientes de navío de la Real Armada española, Antonio de Ulloa y Jorge Juan, recibieron del rey Felipe V y de su primer secretario José Patiño Rosales una misión especial, unirse e integrar la Comisión de Ciencias de París, que en Quito debían medir “un arco del meridiano de la tierra”, para zanjar la discusión de esa época, centrada en los cálculos de Isaac Newton y determinar si realmente el globo terráqueo se achataba alrededor del Ecuador por la gravedad.

Sin embargo, la verdadera comisión que recibieron del rey Felipe V era recoger todo tipo de información estratégica sobre los lugares que visitaban y sobre los habitantes, en otras palabras, ambos oficiales tenían la misión de buscar información para la Corona, se puede inferir que ambos habían llegado en misión confidencial(inteligencia) y sus actividades eran secretas, por eso asumieron la coraza de científicos.  

Desde el inicio de sus actividades de espionaje, ambos marinos tuvieron problemas con el presidente de la Audiencia de Quito José de Araujo, quien estaba envuelto en actividades de contrabando y mala administración de justicia. Ambos oficiales fueron amenazados con terminar en la cárcel, si continuaban con sus actividades.

Ulloa y Juan fueron salvados por el Virrey José Antonio de Mendoza, marqués de Villagarcía (1736-1745), viajaron a Lima y a solicitud de esta autoridad, asesoraron en la defensa de la costa contra posibles ataques. Ambos oficiales aprovecharon de estos estudios y reconocimientos, para levantar gran cantidad de información confidencial sobre contrabando y cohecho “ejecutado por oficiales reales”.

En 1744, como es usual en este tipo de operaciones de búsqueda de informaciones después de cumplir su misión en estos reinos, Ulloa y Juan, regresaron a España por distintas rutas.  De esta manera protegían la información recogida, que incluía documentos, levantamientos, mapas, etc. Esta decisión fue premonitoria y acertada, porque Juan llegó sin dificultades a España.

La nave en que viajaba Antonio de Ulloa fue capturada por una nave británica y se vio obligado a deshacerse de toda la documentación valiosa que trasladaba para las autoridades españolas y que lo podían comprometer. Ulloa, recibió buen trato debido a su coraza de científico, lo trasladaron a Boston y luego a Londres, regresó a España en 1746.

El informe de Juan y Ulloa sobre el mal funcionamiento administrativo colonial fue implacable. El documento detallaba, las distintas formas de corrupción, sus vínculos y conexiones en los distintos niveles, y a la vez recomendaba una serie de medidas para anular las causas. Proponía un programa de reformas para evitar: “el mal gobierno, las injusticias y la apatía religiosa”. Causas que, en percepción de los autores, debilitaban la lealtad de los súbditos a la corona y motivaban la desafección, causando peligrosas rebeliones indígenas.

Los capítulos del Informe tratan sobre temas específicos que ambos marinos habían observado durante su permanencia: Primero, La reforma naval, que debería permitir enfrentar en mejores condiciones la rápida influencia británica en el Caribe y Pacífico; se detectó fraude en la administración de las cárceles y fortalezas portuarias, en los suministros, salarios y la construcción de los puertos de Callao, Valdivia y Concepción.

El segundo tema era el referido al contrabando de mercaderías procedentes de Europa y China, que causaba pérdidas en los ingresos reales, dado que se vivía tiempos de guerra y el serio daño que se le hacía al comercio legalmente constituido por el fraude comercial en el que participaban autoridades locales sobornadas. Precisan que la ruta interoceánica menos costosa por el Cabo de Hornos era preferible a la ruta corrompida por Panamá o Cartagena.

El tercer punto que trata el informe de Antonio de Ulloa y Jorge Juan, se refiere a los abusos y extorsiones que sufrían los indígenas a manos de los corregidores, sacerdotes y hacendados, quienes se enriquecían a costa de los naturales de estas tierras, los españoles eran unos verdaderos tiranos -en estos tiempos serían considerados grandes violadores de los derechos humanos- y los aborígenes dueños de estas tierras, sufrían más que los esclavos.

Entre otros abusos de los corregidores estaba el de los tributos, estas autoridades aprovechaban el flujo de los ingresos por este gravamen que les daba oportunidades para la malversación y los abusos. Según ley, había grupos de indígenas exentos del pago de tributos: por edad (menores de 18 y mayores de 53 años), por incapacidad física o por privilegio.

Los corregidores no respetaban esta norma y utilizaban la extorsión y la fuerza para cobrar. Para incrementar sus ingresos, los corregidores disponían de doble contabilidad; con la complicidad de caciques y curas, reportaban un menor número de contribuyentes y se apropiaban de la diferencia, que invertían en tratos comerciales privados y retrasaban por años el pago debido a las cajas reales.   

Otros abusos como: la venta forzosa y el reparto de mercancías entre los naturales a precios gigantescos. El reparto fue una de las causas del levantamiento de Juan Santos Atahualpa en 1742. Los cargos de Corregidores se establecieron en 1560.

Ulloa y Juan criticaron estos abusos, que provocó quejas contra estas autoridades, ya que, el comportamiento administrativo fue degenerando, alcanzó niveles alarmantes en la primera mitad del S. XVII se debilitaron los controles y a mediados del S. XVIII la corrupción de los Corregidores estaba muy arraigado en el sistema virreinal.

Durante los juicios de residencia a los que fueron sometidos virreyes, corregidores y otras autoridades al finalizar su mandato, sobornaban a los jueces para evitar sanciones, demostrando que estos juicios como mecanismo de control administrativo y judicial eran ineficaces. Los jueces designados favorecían al funcionario investigado o formaban parte de este círculo de patronazgo e intereses, los enjuiciados eran absueltos o levemente sancionados por tecnicismos procesales, la prescripción o el rechazo.

La Ley de indias creó las cajas de censos de indias que eran fondos acumulados a través de préstamos otorgados mediante censos legales. Esta renta estaba garantizada para compensar la expropiación inicial de tierras, asegurarse el pago del tributo y sufragar gastos de rituales religiosos, cuando los indígenas no podían sufragarlos. Este capital comunal indígena a finales del S. XVIII estaba disminuido, debido a la colisión entre cobradores y deudores, el descuido de la rentabilidad y otras trasgresiones, todas estas anomalías administrativas, como la disminución o pérdida del tributo indígena afectaban los intereses del Rey.

Ulloa y Juan recomendaban el cambio del sistema para evitar los abusos como: abolir los repartos, prohibir a los corregidores dedicarse a tratos comerciales, no limitar el cargo a 5 años, imponer castigos estrictos a los trasgresores y pagar a los indígenas como trabajadores libres en lugar de someterlos a trabajos forzosos y a la Mita.

Otro hecho grave que pudieron observar Ulloa y Juan, fue que la calidad de la administración pública estaba deteriorada por la práctica inmoral de la venta de oficios y cargos públicos que se introdujo en el virreinato peruano en 1633, los puestos oficiales de las cajas rurales se vendían al mejor postor.

En 1678 se estableció el cargo de corregidor y el de oidor en 1687, estos cargos eran vendidos a criollos pudientes. Para sufragar los gastos en Europa originados por las guerras, en las que España estuvo involucrada y para evitar el cobro de mayores impuestos a las élites locales, se practicó la venta de cargos y oficios al mejor postor, el arriendo de la recaudación de impuestos, las imposiciones a largo plazo sobre el real erario y los donativos forzados, indudablemente que contribuyeron “al deterioro constante en la calidad del gobierno, la honestidad administrativa y las finanzas virreinales”.  

El favoritismo para nombrar a los corregidores y otros funcionarios estaban muy extendidos, así como la de efectuar regalos a las autoridades responsables de asignar cargos. Los cargos vendibles eran hereditarios y se podían transferir. En la década de 1690 hubo dos virreyes uno en Perú y otro en México, que compraron sus cargos con contrato privado con la Corona española.

Otros puestos asignados como el de Oidor de la Audiencia de Lima, cargo no hereditario, se incrementó durante la época en que la Corona tuvo dificultades financieras, las guerras que afrontó en los periodos (1701-1711 y 1740-1750. El Oidor era el juez miembro de la Real Audiencia, Cancillería y tribunales colegiados.

Durante la estadía de Ulloa en el virreinato peruano, el sistema imperante era el de la venta de cargos y oficios. La meritocracia y la real recompensa en la Administración estuvieron gravemente distorsionadas y como consecuencia de ello, la calidad del servicio virreinal estaba deteriorada, esta situación duró hasta 1750, el caso más notable fue “el comerciante Francisco de Villavicencio, conde de Cañete, compró el cargo de Virrey por 250,000 pesos”, pero falleció antes de llegar a Lima. La venta de cargos fue abolida en 1812.

Según la percepción de Ulloa, la corrupción durante la colonia se originaba en quienes estaban encargados de corregir, refiriéndose a la colisión entre el Virrey con grupos locales interesados. El Virrey otorgaba acceso al poder, reforzando sus redes de patronazgo para conseguir “ventajas políticas y ganancias privadas”, por estas razones el Virrey respaldaba los abusos y excesos coludidos con corregidores, oidores y otras autoridades. Hubo virreyes que participaron del cohecho por recibir sobornos o por conceder cargos vacantes o imponer sentencias judiciales parcializadas.

Mariano Machado de Chaves autor del tratado Estado político del reino del Perú, describe la situación del Perú indicando que se trataba de un Estado político del reino del Perú: “gobierno sin leyes, ministros relajados, tesoros con pobreza, fertilidad sin cultivo, sabiduría desestimada, milicia sin honor…”.

Se considera la crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala, como el primer tratado crítico contra la corrupción, porque de manera ilustrada denuncia una serie de abusos del que eran objeto los indígenas de estas tierras. Los virreyes en su ambición desmedida, alimentaban su codicia, concedían favores a mineros y encomenderos, imponían indultos a cambio de decidir “entre la justicia, el derecho y la verdad”.

Designados los virreyes en España y después de una travesía por mar llegaban al puerto de Paita, luego se trasladaban en jornadas a través de la costa, con todo su séquito familiar y seguridad, eran muy bien recibidos durante su trayecto de las 230 leguas de distancia de Paita a Lima, eran alimentados, mantenidos y agasajos por encomenderos y otras autoridades.

Los virreyes imponían para su beneficio un gravamen obligatorio a los corregidores nombrados por el Virrey. Se concedían indultos el día del cumpleaños del Virrey y los indultados debían pagar la astronómica suma de 4,000 pesos para ser merecedores del indulto. El Virrey era el principal promotor de los abusos y exacciones.

Los abusos cometidos por los funcionarios de menor rango estaban protegidos, así: los oidores recibían un tributo ilegal, los oficiales reales de caja retrasaban el cobro de las deudas al Real tesoro, lo que generaron pérdidas fiscales en cinco décadas hasta por 10 millones de pesos. Los miembros del clero sobornaban a las autoridades, Machado de Cháves, advirtió, sobre la posibilidad que surgieran alzamientos de los indígenas descontentos con estos abusos.

Otro personaje crítico con los abusos de los virreyes, oidores y corregidores, fue el sargento Juan de Aponte, quien dirigió un informe al Rey de España sobre “las cosas del reino del Perú y los daños que padecía por la codicia de los que lo gobernaban y medios que deben aplicarse para su reforma”.

Entre los males que identificó Aponte estaban: la administración corrupta de las minas de Huancavelica, considerado un lastre para el Perú, estas minas fueron trabajadas negligentemente, había frecuentes derrumbes en el interior de los socavones por falta de mantenimiento a la infraestructura, lo que causaban la muerte de muchos indígenas. Ante este panorama las autoridades hacían la vista gorda, no sancionaban a los responsables.

Las autoridades se apropiaban del mercurio que obtenían, en lugar de distribuirlos entre los mineros de plata. Las condiciones de salubridad de las minas y la falta de ventilación eran deprimentes, no tenían red de desagües, causaron enfermedades y finalmente la muerte. Hubo una explotación minera indolente que hizo decaer la producción. Las comunidades estaban obligadas a pagar exoneraciones laborales en las minas.

Cuando Antonio de Ulloa se hizo cargo del gobierno de Huancavelica, la corrupción se había extendido y estaba enquistada, el gobernador interino Pablo de la Vega y Bárcena (1755-1758), había hecho tabla rasa de las reformas que habían emprendido los gobernadores anteriores: Jerónimo de Sola y Gaspar de la Cerda y Leiva.

Cuando Ulloa toma posesión del cargo, no recibió los acostumbrados informes contables de los tres ramos más importantes: Tesorería, gremio de mineros y Azogue. Vega dejó un gran desorden que escondía abusos y fraudes contra los intereses reales.

De la Vega utilizando medios ilícitos había ganado la cantidad de 30,000 pesos por año, estuvo 3 años en su mandato. Para tener una idea esta suma astronómica; el salario anual de un oidor de Lima estaba entre 4,000 y 5,000 pesos; un Oficial de caja ganaba 400 pesos anuales. El salario de un trabajador minero libre era de 4 pesos semanales.

Las altas autoridades tenían conocimiento y permitían estos abusos, porque recibían regalos, dádivas en barras de plata en sus cumpleaños o cuando por necesidad lo requerían con suma urgencia. Ulloa jamás participó de estas corruptelas y tuvo muchos enfrentamientos. Mineros y veedores oficiales coludidos saboteaban sus órdenes y regulaciones técnicas.

Los mineros violaban las disposiciones de Ulloa, no cumplían con hacer mantenimiento a la infraestructura de las minas (paredes, techos y estribos), trabajaban en sitios prohibidos con permisos falsificados. Los mineros daban regalos al gobernador de Huancavelica, realizaban ventas ilegales de Azogue a particulares, no pagaban sus deudas al gobierno, tampoco depositaban el mineral en los reales almacenes.

En octubre de 1760, Ulloa harto de los abusos y de la incompetencia técnica y la insubordinación de los funcionarios encargados de fiscalizar las actividades de los mineros, encarceló a los veedores principales Campuzano y Afino y su asistente José Gordillo, a quienes acusó de permitir la explotación riesgosa de la mina. Partidarios de los veedores eran el contador real Juan Sierra y el cura Juan José de Aguirre.

Ulloa estaba enemistado con tres sacerdotes: Manuel Joseph de Villata por especular con la harina, Antonio Segura por secuestrar a una mujer joven y Aguirre por pretender ser su asesor. El Virrey en Lima y el obispo de Huamanga, hicieron poco por corregir estas trasgresiones. El cura Aguirre se había beneficiado en la administración de Vega quien le permitía cobrar en exceso por derecho de entierro.

Aguirre, vengativo inició una campaña subversiva descalificando y denigrando la gestión de Ulloa, en favor de la elección de Vega como gobernador y Campuzano como veedor. Fugó a Lima y realizó gestiones directas con el Virrey conde de Superunda y su sucesor Manuel Amat y Junyet.

El oidor de Lima Cristóbal de Mesía y el corregidor Carlos Platsaert viajaran a Huancavelica en visita de verificación, que concluyó con la excarcelación de los funcionarios. Estaba claro, el virrey y los funcionarios de Lima estuvieron en contra de Ulloa.

El asesor del virrey José Perfecto Salas se sumó a la campaña del cura Aguirre en contra de Ulloa, enviaron al fiscal de la Audiencia de Lima Diego de Holgado quien le abrió juicio de residencia a Ulloa. Se observó que el virrey Amat y su asesor Holgado, ampliaron las investigaciones y acusaron a Ulloa como el responsable de los actos de corrupción.

Sin embargo, Ulloa hizo llegar a España un informe indicando que el virrey Amat se vengaba de él porque no quiso pagar el soborno de 10,000 pesos que le había solicitado Amat y que ese dinero engordaba la fortuna personal del virrey.

Ulloa también denunció la venta de los cargos de corregidores realizado por los virreyes Superunda y Amat. A su vez Holgado fue denunciado por el transportista de Azogue Gaspar Alejo de Mendiolaza, por abuso del cargo y haber puesto en peligro el suministro de mercurio.

El asesor del virrey Amat, José Perfecto Salas fue un personaje controversial y durante su trabajo como asesor fue denunciado por una serie de actos de corrupción y se aseguraba que, “fue una figura política dominante, un terrateniente ilegal y un contrabandista, un opositor de la reforma y uno de los principales beneficiarios de la corrupción en el gobierno. Cuando dejó Lima, sus enemigos creían que se llevó entre 2 y 3 millones de pesos”.

En julio de 1764 Antonio de Ulloa abandonó el Perú, inicialmente viajó a Cuba y luego fue designado como gobernador de Luisiana, excolonia francesa, donde enfrentó pérdidas por efecto de los huracanes y levantamiento local. Posteriormente viajó a Cádiz y retomó a su carrera naval.

Las raíces sistémicas de la corrupción existentes y que se opusieron tenazmente a las reformas de Ulloa en Huancavelica, tenían mucho que ver en la complicidad establecida entre autoridades y los mineros vinculados a la minería de plata, el comercio, su financiamiento, los impuestos reales y el contrabando.

Estas conexiones establecidas desde mucho tiempo atrás afectaban la administración honesta solo favorecían ganancias privadas. La posición reformista y anticorrupción de Ulloa, fue bien descrita por Brown Kendall en varios escritos como en “Colonial Latin American Review, en el que expresa las principales características del reformista Antonio de Ulloa ‘su celo reformista, rígida moral e inexperiencia política’”.

Como se conoce, la plata fue el vínculo de América con el Imperio español. Al respecto el tesoro real subsidiaba a los mineros y le facilitaba el azogue al crédito. Los oficiales de las cajas reales imponían sus condiciones por la entrega adelantada de mercurio.

Especulaban con la diferencia del precio, entre el oficial y el de la venta del azogue, esto en complicidad con los mineros. Exigían muchas veces el pago del mercurio y el pago en algunos casos era con “plata piña”, plata sin sellar, así como demoraban convenientemente el cobro de deudas.

La plata piña también era utilizada para comprar mercaderías de contrabando a los barcos asiáticos y franceses. Los principales beneficiarios de esta actividad eran los comerciantes de Lima, sobornaban a los oficiales de aduanas y jueces del tribunal del consulado, había un enorme drenaje de los ingresos reales que causaba mucha preocupación a las autoridades en España.

Durante el S. XVIII la Corona española concentró su vigilancia en el contrabando de ingleses y holandeses provenientes de Jamaica y Curazao que ingresaban a Panamá, Cartagena y Cuba. El del Pacífico asiático transportado a México y el de franceses a Buenos Aires y Perú.

La campaña iniciada en España contra el contrabando coincidió con el ascenso de la dinastía Borbón con Felipe V, nieto de Luis XIV y con la guerra de sucesión española (1704-1714) que enfrentó a Francia y España contra una coalición del Imperio austriaco de los Habsburgo, Inglaterra y Holanda.

Manuel de Oms de Santapau, marqués de Castelldosrius (1707-1714) virrey del Perú, también estuvo involucrado en escandalosos casos de contrabando francés durante su gestión. Lo que trajo de España el marqués de Castelldosrius fueron solo un cúmulo de deudas, los favores que debía en la península eran tantas, que lo obligaron a hacer fortuna para poder afrontarlos.

Llegado a Lima estableció alianzas con los comerciantes locales, creó sociedades con comerciantes de España, involucrados en contrabando. Este virrey obtuvo el 25% por la introducción ilegal de barcos franceses, que alcanzó el valor de 3 millones de pesos. Para esta actividad se valía de Antonio Mari Ginovés su asesor y de su sobrino Ramón de Tamarís, quien administraba otras fuentes de ingresos como el nombramiento de corregidores.

Castelldosrius fue denunciado, por el defenestrado Corregidor de Ica Francisco Espinoza de los Monteros, ante el Consejo de Indias por contrabando de plata piña y barras de plata, no ingresadas a los almacenes reales. El fiscal del Consejo de Madrid, calculó que en diez años los franceses habían desviado cerca de 100 millones de pesos en plata, a través del comercio ilegal y afirmó que, “el palacio virreinal había sido convertido en un burdel”. Solicitaba una sanción ejemplar a gobernadores, oficiales reales y jueces. Este virrey fue separado de su cargo en 1709, falleció al año siguiente sin haber podido demostrar su inocencia.

El virrey Diego Ladrón de Guevara (1710-1716) sucedió a Castelldosrius en el cargo, quien también fue acusado de permitir el contrabando francés de plata, su asesor Andrés Munive juez eclesiástico y asesor del virrey lo ayudo a incrementar su fortuna. Fue sorprendido entregando 80,000 pesos en plata en una nave francesa, hizo honor a su apellido.

Durante el gobierno del virrey arzobispo Diego Morcillo (1720-1724), sucesor de Ladrón de Guevara, el contrabando se elevó a niveles muy altos. Sin embargo, durante el gobierno del virrey José de Armendáriz marqués de Castelfuerte, se tomaron urgentes medidas para la lucha contra el contrabando.

Estas medidas fueron: limitó el flujo de plata a manos extranjeras, controló el ingreso de textiles de China y Europa, implementó la vigilancia naval, las inspecciones, castigos y confiscaciones de contrabando con una recompensa de la tercera parte a los denunciantes. Reveló el mal empleo de la Mita, cuyas trasgresiones implicaron a los corregidores, sacerdotes y caciques; el virrey fue denunciado.

No queda ninguna duda que el contrabando se había pegado como carca en la piel y formaba parte integral de la economía peruana. Esta actividad contribuyó a que la corrupción pública y privada, formara parte integral del “liderazgo económico y político del virreinato peruano”.

La investigación realizada por Alfonso W. Quiroz y presentada en su obra póstuma “Historia de la corrupción en el Perú” del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), expresa que “La sistemática corrupción colonial tuvo tres efectos en la economía local y la imperial: descuido técnico y operativo de las minas de mercurio, deterioro de las condiciones laborales de los indígenas que trabajaban y el alza en el costo de la financiación”.

Se entiende por patronazgo a la “Protección o ayuda prestadas a alguien para realizar un proyecto”, o también el “Derecho, poder o facultad que son propios del patrono”. En este contexto, durante la colonia los virreyes hicieron uso y abuso del patronazgo, los sobornos y el empleo de la fuerza fueron muy importantes para crear un clima de estabilidad al gobierno.

Los primeros virreyes del Perú no pudieron controlar las muestras de rebeldía de los antiguos conquistadores, desencadenaron una serie de rebeliones contra las autoridades. Las autoridades no pudieron imponer leyes y planes de centralización, porque chocaba con los intereses de encomenderos y conquistadores que sentían se afectaba sus derechos.

Las autoridades debieron muchas veces ceder ante las exigencias de los habitantes, utilizando el patronazgo que muchas veces iba acompañado de corrupción, lo que se traducía en beneficios solo para unos cuantos, mientras la mayoría se debatía en la pobreza. Los virreyes patrocinaban facciones que los respaldaban en el poder.

El virrey se rodeaba de numerosa parentela, clientes y criados, quienes viajaban acompañándolo desde España. Este séquito enorme le permitía al virrey obtener beneficios no oficiales. Esta red virreinal se expandía para obtener y atraer a los intereses de locales ansiosos por acercarse al virrey.

Un ejemplo de este tipo de corrupción, se dio durante el gobierno del virrey Fernando de Torres y Portugal conde del Villar (1584-1589), los miembros de su entorno familiar fueron denunciados de “tráfico de influencias”, entre los cargos se acusaba a Villar de haber recibido sobornos, por intermedio de sus familiares y parientes cercanos, entre ellos su hijo Jerónimo de Torres y su sobrino Diego de Portugal y de clientes, Juan Bello su secretario, por otorgar nombramientos oficiales. El patronazgo de Villar dominaba la Audiencia de Lima y el cabildo de la ciudad.

El virrey Pedro Álvarez de Toledo, marqués de Mancera (1639-1648) fue acusado de haber cometido trasgresiones similares a la de Villar. Había asignado altos salarios a sus criados y ministros, concedió empleos como Corregidores, oficiales reales de hacienda y oidores. Les encomendó hacer visitas para verificar la venta de tierras en diversas provincias: Cajamarca, Jauja y Cuzco, sufrieron muchos abusos.

El patronazgo recrudeció durante el gobierno del virrey José Manso de Velasco, conde de Superunda (1741-1761), lo que le permitió remitir fondos privados a España.

El juicio de residencia al que fue sometido el virrey Manuel Amat y Junyent fue uno de los más largos que se recuerde, ni sus servicios militares distinguidos en Europa, lo libraron de ser denunciado por fraude, corrupción y su estilo de vida mundano. Durante el gobierno del virrey Amat se elevó el nivel de patronazgo y corrupción, este se vio envuelto en múltiples corruptelas. La red de patronazgo encabezado por su asesor legal José Perfecto Salas satisfacía intereses de Amat.

Hoy se conoce que en evaluaciones e inspecciones militares que, “infló el número de soldados bajo su mando”, para apropiarse de los dineros presupuestados. Durante su gestión se expulsó a los jesuitas del Perú, este realizó la venta pública de las propiedades de esta congregación, abriendo nuevas rutas para los malos manejos, desperdicio y favoritismo.

Tomando como antecedente los archivos de Antonio de Ulloa, el investigador Alfonso W. Quiroz, afirma que, “es posible cuantificar y estimar provisionalmente, de modo conservador, cuatro costos principales de la corrupción”. Estas categorías pueden clasificarse de esta manera: “(i) las ganancias ilegales e indebidas del virrey, (ii) las ganancias irregulares y abusivas exprimidas por los titulares, (iii) ineficiencias administrativas ligadas a la corrupción como el retraso interesado en el cobro de deudas y (iv) rentas no recabadas, perdidas debido al comercio de contrabando de bienes extranjeros adquiridos a cambio de plata piña no gravada”.

A lo largo de este periodo en que fracasaron las reformas coloniales, se puede percibir que la corrupción se había instalado en toda la estructura gubernamental del virreinato peruano. Desde el virrey hasta los funcionarios que debían lealtad a la corona, se aprovecharon de sus cargos para enriquecerse.

Podríamos afirmar que, la corrupción ganó la batalla a los reformistas y ha quedado como herencia maldita y sobrevive al interior del Estado peruano, amenazando hacer metástasis y destruirla. Las autoridades deben deslindar y enfrentar esta lacra social, para erradicarla definitivamente de nuestra sociedad, sino queremos nadar con la putrefacción crecida hasta nuestras narices.

Notas: Quiroz, Alfonso. Historia de la corrupción en el Perú. Págs. 13-102.IEP. 2013