Año de la universalización de la salud.
El gobierno ha bautizado este año como el de “Año de la
Universalización de la Salud”. Hacer que la salud llegue a los lugares más
remotos del país y beneficie a la mayor cantidad de pobladores, una loable
intención. La ampliación de la cobertura del seguro integral de salud (SIS) es
una excelente medida, siempre y cuando esté acompañada con el presupuesto
respectivo.
De no ser así, al parecer no se han tomado las medidas al
respecto, solo será un cúmulo de buenas intenciones, deseos y un gran engaño
para la población necesitada. No es el nombre, ni las palabras las que harán
que este programa camine y sea beneficioso, sino la implementación de una buena
infraestructura: hospitales, policlínicos, postas a lo largo del país, con
especialistas médicos en todas las ramas y enfermeras que brinden una atención
de calidad con calidez.
Todos sabemos que actualmente la atención de los hospitales
de salud en general es muy deficiente. Los nosocomios tienen muchas necesidades
de personal médico, enfermeras y auxiliares; pero, lo más crítico, quizás está
en la entrega de medicinas que se requieren, muchos pacientes se quejan de que
no existen en stock las medicinas que se les prescribe.
Esta deficiencia se arrastra de años anteriores, no es de
este gobierno, no hay ni ha habido la intención política de arreglar esta situación,
la adquisición de medicamentos es un gran botín para los encargados de su
adquisición y para los proveedores, oportunidad para la corrupción, y los
encargados del control se hacen de la vista gorda.
¿Qué se busca con esta campaña de nombre rimbombante?
Pues, alegrar y conformar a la población, con promesas, más
de “pan y circo”, esa vieja técnica romana para mantener al pueblo conforme.
Hoy valiéndose de redes sociales y el gran poder de la prensa concentrada,
apelar en base a una promesa implícita en el nombre asignado; mantener en el
imaginario popular una medida positiva en base a una frase escogida que denota
preocupación por la salud nacional, aunque al final nada mejore.
El año pasado el gobierno ha gastado casi dos mil millones de
soles en asesorías y consultorías, y cuáles han sido los resultados
beneficiosos para la nación, dado la inversión de esta suma astronómica de
dinero, pues al parecer nada, solo llenar los bolsillos de los amigos del
gobierno y punto.
Podemos inferir que los funcionarios y empleados estatales,
así como asesores y consultores, son renuentes o desconocen la aplicación de nuevas
herramientas administrativas actualmente en boga en diferentes países como: reingeniería
de procesos, comunicación organizacional, el Kaizen “¡Hoy mejor que ayer,
mañana mejor que hoy!”, el Empowerment o empoderamiento, Downsizing que ayuda a
las organizaciones a lograr su tamaño óptimo y estructura adecuada, el Coaching
como proceso de orientación y entrenamiento, etc.
La ponencia del tribuno Carlos Ramos Núñez
El otro tema de gran debate que se debería organizar con la
participación del Colegio de abogados y reconocidos constitucionalistas, para
analizar si lo que sostiene el señor Ramos en su ponencia sobre demanda competencial,
está de acuerdo con lo que manda la Constitución. Una gran mayoría de
especialistas sobre este tema, sostienen que, en el cierre fáctico del Congreso
se configuró un “golpe de estado”.
Para el tribuno Ramos quien sostiene todo lo contrario, más
bien justifica el cierre del Congreso como una potestad del presidente de la
República y qué ha motivado su ponencia sabiendo que no sería lógica ni
ajustada a la Constitución. Sería muy bueno para la salud de nuestro República
se explique a la población esa incongruencia
Como cualquier ciudadano, no sé, tengo, así como muchos
peruanos, serias dudas que este documento lo haya preparado y presentado un
Constitucionalista, un especialista con experiencia en su campo y en
interpretación de la Constitución, las incongruencias y errores lo delatan.
De ser cierta esta sospecha y se aprueba por el pleno del Tribunal
Constitucional (TC) este, estará avalando un clarísimo golpe de estado, una
decisión presidencial sin aprobación del Consejo de Ministros lo que es anticonstitucional.
Hasta la fecha no se ha mostrado el acuerdo del Consejo de Ministros que avalan
esta decisión.
El periodista Federico Salazar ha criticado el hecho que el
tribuno Carlos Ramos haya avalado y empoderado la actitud del presidente Martín
Vizcarra de pedir confianza al Congreso cuando no está dentro de sus facultades,
referente a la ponencia sostiene que, “no dice por qué el Ejecutivo puede
pedir confianza sobre algo que la Constitución solo señala como facultad del
Congreso”.
Siendo Carlos Ramos integrante de un colegiado que tiene
por finalidad defender la Constitución, estaría abdicando de sus altas
responsabilidades e incumpliendo la función principal del Tribunal
Constitucional: “El TC asegura que cualquier normativa que se dicte se
enmarque en los límites constitucionales”. Mucho ojo con esto.
Al respecto el jurista Natale Amprimo Pla, ha criticado la
posición del tribuno Carlos Ramos indicando que la ponencia sobre la demanda
competencial contra la disolución del Congreso, “justifica la
arbitrariedad y el incumplimiento de la formalidad exigida; es contradictoria
en sí misma y con los propios precedentes del Tribunal Constitucional; y, por
último, abdica de aquello que en sus partes iniciales ofrece”. De
aprobarse se constituiría un grave antecedente y muy peligroso para el futuro
de nuestra República.
Un hecho que llama poderosamente la atención es que, siendo
anticonstitucional el pedido de confianza de Vizcarra, queda un halo, una
sospecha que el tribuno Ramos Núñez en lugar de defender la Constitución, defiende
al presidente Martín Vizcarra quien es el demandado.
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