Condenado a muerte en vida

Qué es lo que está sucediendo en nuestro país, las autoridades judiciales están procediendo de manera farisea, ilógica y con medidas aberrantes. Llama la atención el proceder hipócrita de gobiernos anteriores y del presente. Por un lado, critican la violencia desatada por SL y el MRTA y por otro, al más puro estilo tramposo y de espaldas al país, indemnizan de manera ilegal a los destructores del país.

Indemnizar a los terroristas, a esos indeseables que tiñeron con la sangre de nuestra población, autoridades, soldados y policías y causaron más de 30,000 millones dólares de pérdidas, destrucción de la infraestructura eléctrica, puentes, embajadas, empresas, no solo es perder el principio de autoridad, sino rendirse ante sus amenazas y presión.

Si recordamos bien, los terroristas de SL y MRTA son causantes del atraso y pobreza de nuestro país, y esta decisión del gobierno, no solo se considera como una traición a toda la nación peruana, sino principalmente a los deudos y viudas de autoridades políticas asesinados a mansalva, viudas de policías y militares, huérfanos y mutilados que dejaron regados en todo el país.

Algunos opinan que esto se debe a la gran presión judicial internacional y mediática de la caviarada y ONG´s de ddhh, para indemnizar a terroristas. El caso de los asesinos de María Elena Moyano y de Alejandro Pantigoso y su esposa. Según denunció Martha Moyano, la ex ministra de Justicia y DDHH Marisol Pérez Tello, firmó un Decreto Supremo que acelera la entrega de terrenos en Huachipa. ¡Qué tal conciencia!

A ningún ser humano que cumple pena privativa de la libertad (PPL) por diversos delitos en nuestros centros penitenciarios, que no son modelos, ni las mejores penitenciarías, del continente, debido a sus condiciones y en el que conviven el hacinamiento y las enfermedades que atacan a los internos, podemos desearle que muera en prisión.

Según informaciones del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), al año 2016 había un total de 2,787 personas mayores de 60 años ocupando las cárceles del país. Del total, 2,647 internos son varones y 140 son mujeres. Los más longevos, que superan los 80 años, están internos en los penales de Ancón II, en Lima y Puerto Maldonado, en Cusco. 

No existe información del INPE, que nos indique qué porcentaje de internos, varones y mujeres, padecen enfermedades. Es una información que se requiere conocer, pero, que al parecer no se le ha dado la importancia del caso. Adolecer de esta información, es grave, considerando que las personas de la tercera edad padecen una serie de enfermedades y que requieren un tratamiento inmediato.

El Instituto Nacional Penitenciario es un organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tiene como misión “Institución pública rectora y administradora del Sistema Penitenciario Nacional, que cuenta con personal calificado, con valores, mística y vocación de servicio que busca la reinserción positiva a la sociedad de las personas privadas de su libertad, liberados y sentenciados a penas limitativas de derechos”.

Las principales enfermedades que atacan a las personas de la tercera edad son: la Demencia Senil, Alzhéimer, Parkinson, Artrosis, Presión Arterial Alta, Osteoporosis, Arterioesclerosis, Artritis, Hiperplasia benigna de próstata y sordera. Los reos de la tercera edad que cumplen sentencia, la mayoría padece una de estas enfermedades. Sin embargo, hay otros internos que padecen de cáncer.

En el caso del general Nicolás Hermosa Ríos, ex Comandante General del E.P., de 83 años, que cumple sentencia en el penal Ancón II, presenta un cuadro de enfermedades propias de su edad. Esto se agrava por incontinencia urinaria. El general Hermosa ha sido sometido a evaluaciones psiquiátricas: noviembre 2016, mayo 2017.

Según Informe 002/CAOD de junio 2016 del internista César Olivera Delgado, dirigido al secretario de la segunda Sala Penal Liquidadora de la CSJ-Lima el Dr. Richard Tapahuasco Palomino, al evaluar al general Hermosa Ríos, indica que este padece 11 enfermedades: Infección de vías urinarias, Artrosis severa de rodilla, Osteoporosis, Glaucoma, Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y arritmia, Atrofia Cortical Cerebral Enfermedad Diverticular Signoidea, Incontinencia Urinaria, Colecistopatía crónica, etc.

En una evaluación psiquiátrica realizada en mayo del presente año, los psiquiatras José Acuña Buleje y Moisés Ponce Malaver, en su informe psicológico, del interno Nicolás Hermosa Ríos, indican “El trastorno mental que presenta no le permite brindar información coherente porque están afectadas las funciones mentales, en tal sentido, no está en condiciones de ser sometido a un interrogatorio, no está en condiciones de ser trasladado para el juicio oral”.

No sabemos, si de oficio el INPE puede solicitar el indulto humanitario de personas que padecen enfermedades graves, como son los casos del general Nicolás Hermosa y el expresidente Alberto Fujimori y muchos internos que no tiene voz, pero que están cumpliendo sus sentencias en los diversos centros penitenciarios del país. Lo que sí sabemos es que esta decisión es facultad constitucional del presidente de la república.

Lo que sí sabemos, es que el INPE depende de lo que ostentosamente la población conoce como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Serán prioritarios los derechos humanos de los internos enfermos? Hablamos de los internos longevos que no tiene voz, olvidados y confinados, y de aquellos que están cumpliendo su sentencia, pese a que se conocen las enfermedades que padecen.

Indemnizaciones inmorales a los terroristas y a los deudos de policías y militares, juicios, persecución, caza de brujas. Lindo nuestro país.