Australian War Memorial

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EXTERIOR DE MEMORIA DE LA GUERRA-AUSTRALIA

domingo, 10 de junio de 2012

¿La justicia en el Perú es realmente imparcial y justa?


Los medios de comunicación vienen denunciando a la opinión pública nacional, que las diversas sentencias aplicadas por el Poder Judicial no son realmente justas, causando desazón en reos y familiares por su desproporcionalidad, entre la pena y la reparación civil, generando mayor desconfianza en este Poder del Estado. 
    
Lo que se puede observar a simple vista es que, no existe en los jueces un criterio uniforme para condenar. Pareciera que está en relación a su estado de ánimo, a sentimientos de discriminación o probablemente  a las famosas “aceitadas” o coimas y honorarios de éxito, de las que no están exentas, porque la corrupción está en todos lados. Hay innumerables casos en las que, las condenas y reparación civil son desmedidas y no guardan relación con el delito cometido.

Hace varios años atrás un Fiscal Superior, nos expresó muy campante, orondo y dueño de sí lo siguiente: “quien no tiene padrino, no se bautiza”. De esta manera graficaba verbalmente lo que estaba sucediendo en el Poder Judicial.

Por estas razones, exponemos nuevamente el caso del general en retiro Rigoberto Villena Peñares, quien se encuentra en San Jorge desde hace 15 meses. Cumpliendo una sentencia, por demás abusiva y desproporcionada con el delito que le imputan. Ha sido sentenciado el 2 de febrero de 2011 a 4 años de PPL efectiva, inhabilitación por 2 años y una reparación civil de 2 millones de nuevos soles, por el presunto delito contra la administración pública (desbalance patrimonial). El 4 de enero del presente año la sala Permanente de Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia.  

Como se puede percibir la reparación  civil es por demás desproporcionada y abusiva. Y para que la opinión pública pueda estar informada de lo mal que actúa el Poder Judicial, que dice aplicar criterio de equidad y justicia, a continuación publicamos los últimos casos en los que se ha administrado justicia y condenado a los culpables, con penas que realmente sorprenden por su desproporción con relación al delito cometido:
1.    El 8 de noviembre de 2011, funcionarios de COFOPRI involucrados en la venta irregular de un terreno del estado de 30 hectáreas al sur de Lima, su valor de compra fue 5,000 nuevos soles y su valor de venta US$ 12 millones de dólares. A Julio Calderón Hidalgo y Hernando Hidalgo Díaz, los condenaron a 11 años de PPL y una reparación de 500 mil nuevos soles.
2.   Un coronel de la PNP y otros cuatro oficiales se apropiaron de 11 millones de soles de una entidad en la que ahorraban 20, 000 policías, los condenaron a pagar una reparación de  1 millón de nuevos soles. Así les salió barata la caución.
3.   A los delincuentes que balearon a la niña Romina Cornejo y le causaron secuelas graves, los jueces Juan Aranda, Josefina Izaga y Arturo Zapata condenaron al hampón Hendelbert Luis Parra Delfín a cadena perpetua y una reparación civil de 250 mil  nuevos soles.
4.   A Elizabeth Espino Vásquez, hija de un Magistrado, por asesinar a su madre a puñaladas, el fiscal ha solicitado la condenen a 30 años de PPL y una reparación civil de 100,000 nuevos soles. Por este mismo delito, Fernando Gonzáles Asenjo, ex novio de Elizabeth Espino y su cómplice Jorge Eduardo  Cornejo,  quienes se acogieron a la conclusión anticipada, fueron sentenciados a 28 años de PPL y al pago de 100 mil soles de reparación civil cada uno.
5.    Los ex funcionarios del Banco de Materiales José Antonio Jiménez Umbert, Concepción Córdova Espinoza, Hernando Grados Arce y Eduardo Llerena Aguirre, quienes fueron hallados culpables del delito contra la administración, en la modalidad de colusión desleal con la empresa Alumitech S.A. para la adquisición de calaminas, de muy baja calidad, por más de US$20 millones. Fueron sentenciados los tres primeros a 6 años de PPL y el último a una condena de 4 años de prisión suspendida. Los sentenciados deberán pagar 1 millón de nuevos soles como reparación civil.
6.    Emilio Apaza, actual congresista por Puno, el 16 de agosto de 2010, fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida, por el delito de receptación aduanera agravada (contrabando) y una reparación civil de 10 mil nuevos soles.
7.    Al holandés Van Der Slot, por asesinar a Stephany Flores en un hostal de Miraflores, lo condenaron a 28 años de PPL y al pago de 200 mil nuevos soles como reparación civil.
8.   Al ex alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Ricardo Chiroque lo condenaron a 8 años de PPL, por delito de corrupción: omisión de actos funcionales, malversación de fondos públicos, falsedad material y colusión en perjuicio del Estado y de la Municipalidad de SJL y una reparación civil de 50 mil nuevos soles.
9.   A Cadena perpetua fueron condenados la policía Gladys Vásquez y los hermanos Rubén, Jesús y Dina Pacheco Medina, por el asesinato de la cantante folclórica Rina Chiara y al pago de una reparación conjunta de 200 mil nuevos soles.
10. Abencia Meza y Pedro Mamanchura Antúnez, los condenaron a 30 años de PPL y una reparación civil mancomunada de 250 mil nuevos soles, por el asesinato de la cantante folclórica Alicia Delgado.
11. Por el asesinato del estilista Marco Antonio, condenaron a Miguel Ángel Velásquez Zarazú a cadena perpetua, a Jorge Luis Glenni Ponce a 35 años de PPL y a Antonio Pacheco Huamanchuno a 20 años de PPL, la reparación civil se fijó en 120 mil nuevos soles que deberán pagar los tres asesinos.  
12. A Hugo César paz Quispe, por abusar sexualmente de su hija de 13 años luego de drogarla, lo condenaron a cadena perpetua y una reparación civil de 15 mil nuevos soles.
13. A Jorge Eduardo Cornejo Ruiz y a Fernando Gonzáles Asenjo, asesinos de la contadora Elizabeth Vásquez Marín los condenaron 28 años de PPL y una reparación civil de 100 mil nuevos soles.
14. En el juicio por el asesinato de Myriam Fefer, la fiscalía oficializó su pedido de 35 años de prisión y el pago de 900.000 soles de reparación civil para Eva Bracamonte, Liliana Castro y Alejandro Trujillo Ospina, implicados en el asesinato.

En el caso del general Villena, no existen pruebas de la comisión del delito, por lo que la condena es injusta, puesto que de 5 peritajes contables, 4 son contundentes en que no existe desbalance patrimonial y la última expresa una duda razonables, que no ha sido tomada en cuenta por el colegiado que lo condenó.

Como se puede apreciar, el criterio de equidad de los diferentes colegiados responsables de estas sentencias, no es uniforme, ni en fondo ni en forma a la hora de impartir justicia, tampoco guardan relación de proporcionalidad con el delito. En pocas palabras, como se puede percibir, no se mide con la misma vara a civiles y militares, eso queda muy claro. 

Y una justicia así, no merece llamarse justicia.


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