Los medios de comunicación vienen denunciando
a la opinión pública nacional, que las diversas sentencias aplicadas por el Poder
Judicial no son realmente justas, causando desazón en reos y familiares por su desproporcionalidad,
entre la pena y la reparación civil, generando mayor desconfianza en este Poder
del Estado.
Lo que se puede observar a simple
vista es que, no existe en los jueces un criterio uniforme para condenar. Pareciera
que está en relación a su estado de ánimo, a sentimientos de discriminación o
probablemente a las famosas “aceitadas”
o coimas y honorarios de éxito, de las que no están exentas, porque la corrupción
está en todos lados. Hay innumerables casos en las que, las condenas y
reparación civil son desmedidas y no guardan relación con el delito cometido.
Hace varios años atrás un Fiscal
Superior, nos expresó muy campante, orondo y dueño de sí lo siguiente: “quien
no tiene padrino, no se bautiza”. De esta manera graficaba verbalmente lo que
estaba sucediendo en el Poder Judicial.
Por estas razones, exponemos
nuevamente el caso del general en retiro Rigoberto Villena Peñares, quien se
encuentra en San Jorge desde hace 15 meses. Cumpliendo una sentencia, por demás
abusiva y desproporcionada con el delito que le imputan. Ha sido sentenciado el
2 de febrero de 2011 a 4 años de PPL efectiva, inhabilitación por 2 años y una
reparación civil de 2 millones de nuevos soles, por el presunto delito contra
la administración pública (desbalance patrimonial). El 4 de enero del presente
año la sala Permanente de Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia.
Como se puede percibir la reparación civil es por demás desproporcionada y
abusiva. Y para que la opinión pública pueda estar informada de lo mal que
actúa el Poder Judicial, que dice aplicar criterio de equidad y justicia, a
continuación publicamos los últimos casos en los que se ha administrado
justicia y condenado a los culpables, con penas que realmente sorprenden por su
desproporción con relación al delito cometido:
1. El 8 de noviembre de 2011, funcionarios de COFOPRI
involucrados en la venta irregular de un terreno del estado de 30 hectáreas al
sur de Lima, su valor de compra fue 5,000 nuevos soles y su valor de venta US$
12 millones de dólares. A Julio Calderón Hidalgo y Hernando Hidalgo Díaz, los
condenaron a 11 años de PPL y una reparación de 500 mil nuevos soles.
2. Un coronel de la PNP y otros cuatro oficiales se
apropiaron de 11 millones de soles de una entidad en la que ahorraban 20, 000
policías, los condenaron a pagar una reparación de 1 millón de nuevos soles. Así les salió
barata la caución.
3. A los delincuentes que balearon a la niña Romina
Cornejo y le causaron secuelas graves, los jueces Juan Aranda, Josefina Izaga y
Arturo Zapata condenaron al hampón Hendelbert Luis Parra Delfín a cadena
perpetua y una reparación civil de 250 mil nuevos soles.
4. A Elizabeth Espino Vásquez, hija de un Magistrado, por
asesinar a su madre a puñaladas, el fiscal ha solicitado la condenen a 30 años
de PPL y una reparación civil de 100,000 nuevos soles. Por este mismo delito, Fernando
Gonzáles Asenjo, ex novio de Elizabeth Espino y su cómplice Jorge Eduardo Cornejo, quienes se acogieron a la conclusión
anticipada, fueron sentenciados a 28 años de PPL y al pago de 100 mil soles de
reparación civil cada uno.
5. Los ex funcionarios del Banco de Materiales José
Antonio Jiménez Umbert, Concepción Córdova Espinoza, Hernando Grados Arce y
Eduardo Llerena Aguirre, quienes fueron hallados culpables del delito contra la
administración, en la modalidad de colusión desleal con la empresa Alumitech
S.A. para la adquisición de calaminas, de muy baja calidad, por más de US$20
millones. Fueron sentenciados los tres primeros a 6 años de PPL y el último a una
condena de 4 años de prisión suspendida. Los sentenciados deberán pagar 1
millón de nuevos soles como reparación civil.
6. Emilio Apaza, actual congresista por Puno, el 16 de
agosto de 2010, fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida, por el delito
de receptación aduanera agravada (contrabando) y una reparación civil de 10 mil
nuevos soles.
7. Al holandés Van Der Slot, por asesinar a Stephany Flores
en un hostal de Miraflores, lo condenaron a 28 años de PPL y al pago de 200 mil
nuevos soles como reparación civil.
8. Al ex alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Ricardo
Chiroque lo condenaron a 8 años de PPL, por delito de corrupción: omisión de
actos funcionales, malversación de fondos públicos, falsedad material y
colusión en perjuicio del Estado y de la Municipalidad de SJL y una reparación
civil de 50 mil nuevos soles.
9. A Cadena perpetua fueron condenados la policía Gladys
Vásquez y los hermanos Rubén, Jesús y Dina Pacheco Medina, por el asesinato de
la cantante folclórica Rina Chiara y al pago de una reparación conjunta de 200
mil nuevos soles.
10. Abencia
Meza y Pedro Mamanchura Antúnez, los condenaron a 30 años de PPL y una
reparación civil mancomunada de 250 mil nuevos soles, por el asesinato de la
cantante folclórica Alicia Delgado.
11. Por el
asesinato del estilista Marco Antonio, condenaron a Miguel Ángel Velásquez
Zarazú a cadena perpetua, a Jorge Luis Glenni Ponce a 35 años de PPL y a
Antonio Pacheco Huamanchuno a 20 años de PPL, la reparación civil se fijó en
120 mil nuevos soles que deberán pagar los tres asesinos.
12. A Hugo
César paz Quispe, por abusar sexualmente de su hija de 13 años luego de
drogarla, lo condenaron a cadena perpetua y una reparación civil de 15 mil
nuevos soles.
13. A Jorge
Eduardo Cornejo Ruiz y a Fernando Gonzáles Asenjo, asesinos de la contadora
Elizabeth Vásquez Marín los condenaron 28 años de PPL y una reparación civil de
100 mil nuevos soles.
14. En el
juicio por el asesinato de Myriam Fefer, la fiscalía oficializó su pedido de 35
años de prisión y el pago de 900.000 soles de reparación civil para Eva
Bracamonte, Liliana Castro y Alejandro Trujillo Ospina, implicados en el
asesinato.
En el caso del general Villena, no
existen pruebas de la comisión del delito, por lo que la condena es injusta,
puesto que de 5 peritajes contables, 4 son contundentes en que no existe
desbalance patrimonial y la última expresa una duda razonables, que no ha sido
tomada en cuenta por el colegiado que lo condenó.
Como se puede apreciar, el criterio
de equidad de los diferentes colegiados responsables de estas sentencias, no es
uniforme, ni en fondo ni en forma a la hora de impartir justicia, tampoco guardan
relación de proporcionalidad con el delito. En pocas palabras, como se puede percibir, no se mide con
la misma vara a civiles y militares, eso queda muy claro.
Y una justicia así, no merece llamarse justicia.
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