Fiscales del Ministerio Público deben acompañar a las tropas en el VRAE.

A propósito de las dificultades y limitaciones, que ofrecen las condiciones climáticas, las características especiales del terreno, la falta de vías de comunicación y la limitación en el blindaje de medios de transporte aéreo, para la realización de operaciones militares y evacuación de heridos y muertos de nuestros combatientes en el VRAE, como se ha podido constatar.

Debemos recordar que el 21 de Agosto del 2009 el Comando Conjunto de las FF.AA, dispuso una investigación sobre un accidente de un helicóptero MI 17 de nuestro Ejército en el VRAE. En esa oportunidad, se informó que la citada aeronave sufrió un percance cuando realizaba una operación de transporte militar en la Región del Valles de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).

El 3 de setiembre derribaron un helicóptero MI17 de nuestra Fuerza Aérea en el VRAE, al ejecutar una operación humanitaria de rescate a una patrulla emboscada y que tenía varios heridos. Murieron el piloto, copiloto y el técnico de vuelo, quedando heridos de consideración y se perdió un helicóptero, armamento y municiones.

El rescate de los cuerpos sufrió excesiva demora por las condiciones meteorológicas existentes en la zona, que limitaban los vuelos y por la presencia al acecho de narcosenderistas en la zona, pero además por la necesidad de un fiscal del Ministerio Público que ordenara el levantamiento de los cadáveres de la zona.

El Dr. Javier Villa Stein presidente del Poder Judicial aseveró que las operaciones que realizan las FFAA en la zona del VRAE, están legitimadas por el orden jurídico, al declarar que las operaciones militares en esta zona “son actos que son conocidos en el derecho penal como conducta socialmente aceptadas, los actos de las Fuerzas Armadas, en estas zonas son actos violentos, pero son actos violentos por legítima defensa y en consecuencia están legitimados por el orden jurídico".

Hace unos días los medios de comunicación dieron amplia cobertura a la propuesta del señor general de Ejército Otto Guibovich Arteaga Comandante del General del Ejército, respecto a la participación de fiscales militares, para que acompañen a nuestras tropas que combaten a la subversión narcosenderista y puedan cumplir con el penoso deber del levantamiento de cadáveres, entre otras funciones. De igual opinión es el Dr. Aurelio Pastor titular de justicia.

Parece que esta propuesta ha dado espacio nuevamente para que se ponga en movimiento una campaña de los principales voceros oficiosos de izquierda, quienes están encontrando innumerables justificaciones, para que jueces militares no participen en estas actividades.

Por otro lado, el fiscal Pablo Sánchez se opuso al planteamiento del Ministro de Justicia, Aurelio Pastor, porque –según su especial percepción- la justicia penal militar “tiene un espacio de competencia estrictamente castrense y puntualizó que el Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto”.

¿Las operaciones militares en el VRAE no son actividades de competencia estrictamente castrenses?

Coincidimos en la interpretación que hace el fiscal Pablo Sánchez sobre la futura intervención de fiscales militares en las operaciones en el VRAE, porque quienes tienen la responsabilidad de intervenir son las instituciones civiles, la fiscalía y jueces. En esta zona se están combatiendo delitos de lesa humanidad como el TID y la subversión en su variante “narcosenderista”. Lo que amerita la intervención de la fiscalía.

No dudamos en la voluntad y patriotismo de los actuales fiscales, quienes están en condiciones de asumir estas funciones, en nombre del Estado y la defensa de la Democracia, pese al peligro que representa esta actividad riesgosa. Los fiscales designados acompañarían a los combatientes en las operaciones terrestres y aéreas y no estarían esperando cómodamente en sus oficinas, a que suceda un hecho lamentable para ser transportados al lugar de los hechos.

Para cumplir con estas altas funciones en nombre del estado de derecho, el gobierno a través del Ministerio público en coordinación con los Ministerios de Defensa e Interior, deberán implementar, una serie de medidas de seguridad y protección para sus desplazamientos y ellos puedan realizar sus actividades.

Esta nueva responsabilidad asignada a los fiscales, sin lugar a dudas distraerá medios de transporte que están limitados a las operaciones militares, que lógicamente sufrirán retraso en su ejecución, además de distraer personal asignado a operaciones, para la seguridad y protección de los magistrados. Pero esto es superable, así como el temor propio que pudieran sentir los fiscales, en estos casos.

Las limitaciones personales y propias de los fiscales estarían dadas por su falta de experiencia y preparación básica militar para participar en operaciones militares de combate, lo cual se podría superar con cuatro semanas de preparación en nuestras unidades de combate, durante este breve tiempo los fiscales deberán familiarizarse con las actividades propias de los soldados en campaña.

Lo más importante de todo este planteamiento es que, con la participación del Ministerio Público y fiscales en operaciones, se evitará la intervención de los fiscales militares y de esta manera se evitará con plena seguridad una futura campaña contra ellos, que desataría la izquierda caviar, sus bustos parlantes y escribas, por presuntos actos de encubrimiento de supuestos excesos de nuestros combatientes.

Por tanto, pedimos al Ministerio Público que disponga de inmediato la presencia de fiscales, codo a codo con los soldados que están actualmente arriesgando su vida en la zona caliente. Dejemos de lado a los fiscales militares, quienes pese a tener la experiencia y preparación militar, para intervenir en este tipo de operaciones, su presencia limitaría las altas responsabilidades del Ministerio Público.

En la lucha contra el flagelo del narcosenderismo todos debemos mojarnos, nuestra incipiente Democracia nos exige y la nación es testigo de ello, no los defraudemos.
Señores fiscales les pedimos que asuman sus altas funciones en el VRAE acompañando a nuestros combatientes por tierra y aire, quienes como habrá podido percibir la opinión pública nacional, se están forrando por defender a la nación peruana y han dado prueba sublime de ello, al haber entregando sus vidas por los 28 millones de connacionales.