¿Cuándo es lícita la interceptación de las comunicaciones?

Apelando a razones de seguridad nacional y para actuar más rápido que la justicia, George Bush actual presidente de EEUU días después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, decidió autorizar a la Agencia Nacional de Seguridad para que intercepte las comunicaciones entre personas en Estados Unidos y supuestos terroristas en el exterior, sin solicitar autorización judicial.

En setiembre del 2000, un mal denominado vladivideo, en el que se apreciaba escenas de la entrega de 15,000 dólares por Vladimiro Montesinos al congresista tránsfuga Alberto Kouri, provocó la caída del gobierno de Alberto Fujimori, lo que estimuló encontradas reacciones en la opinión pública nacional e internacional, por la magnitud y gravedad del hecho y sus efectos en la moral de la Nación peruana.

Posteriormente, el allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, dio como resultado la incautación de incontables maletas, cuyo contenido en su mayoría era material video grabado, de personajes de la política, congresistas empresarios, militares, policías, banqueros y dueños de medios de comunicación, quienes pasaban por caja para recibir una buena aceitada.

Se incautaron más de mil vladivideos, solo algunos se visualizaron durante los gobiernos de Paniagua y de Toledo. Solo aquellos que les convino para sus intereses políticos se mostraron al público. Nunca hubo explicaciones de los congresistas encargados de su custodia, sobre las razones que les asistió, para no continuar presentándolos. Cuanto daño moral le hubiéramos ahorrado al país, hoy que se reedita esta practica nefasta del "chuponeo".

Para algunos analistas del fenómeno de la corrupción, la grave omisión en la presentación de estos audiovisuales, no permitió conocer su contenido; no sabemos dónde está este material ni quién los custodia, ni tampoco su estado de conservación material; por tanto, se negó información de interés público a todos los peruanos. Incluso se conoce que se sustrajo un vladivideo, en el que se encontraban prominentes personajes del poder judicial.

Han pasado ocho largos años de este hecho lamentable y qué duda cabe, los responsables de esta omisión ya no están más en el Congreso, pero sí en el poder judicial. Sabemos que el tiempo lo cura todo, actúa como un bálsamo y la amnesia colectiva como siempre, cubre la mente de la gran mayoría, porque la preocupación del día a día es más importante para sobrevivir.

El material fílmico incautado fue utilizado, en provecho del interés político de quienes en ese momento detentaban el poder y como un pretexto para la persecución contra el ex presidente Fujimori y connotados personajes que estuvieron en su gobierno, militares y civiles. Cuántos de esos personajes habrían participado en componendas con Montesinos, no lo sabremos nunca. Se ha negado información vital para la salud moral del país.

Nunca se podrá saber, qué personajes de la política, empresarios, periodistas, etc., comprometidos en presuntos actos de corrupción, estuvieron en la famosa salita del ex SIN, conversando con Montesinos y recibiendo la coima. Eso quedará cubierto con el concreto del olvido. Sin lugar a dudas podemos presumir que su visualización habría comprometido a una gran cantidad de personajes, que aparentan ser ejemplos de honestidad, probidad y que están caminando mimetizados dentro de la población.

Si algo debemos reconocer a Montesinos, es esa gran debilidad por tener testimonios vivos de todos los personajes que pasaron por el SIN, la gran mayoría de ellos recibiendo dinero. Desnudó a nuestra sociedad y la presentó tal como es, con sus debilidades propias e innatas, dándoles en la yema del gusto, aceitándolos para lograr sus fines.

Y Cómo actuó nuestro poder judicial en esos aciagos días, pues de manera rápida y muy diligente, no escatimaron esfuerzos de ninguna naturaleza, hicieron circo de las capturas, traslado a la carceleta de justicia y allí de acuerdo a la gravedad de los hechos, aun centro penitenciario. Se eludió la Constitución, no hubo presunción de inocencia, sino traslado a la cárcel para que desde allí, demuestren su inocencia, los evangelios por tierra.

No sabemos quién o quiénes decidían esta gran caza de brujas, pero presumíamos que era el poder político, el Ministro de Justicia, la policía cumpliendo disposiciones judiciales y todo el aparato mediático puesto a su disposición. Los argumentos para internar a los comprometidos, era la posible “fuga” de los innumerables personajes presuntamente comprometidos.

La justicia realmente se tornó en injusticia y por presión del poder político, se cometieron una serie de abusos, atentándose contra los derechos humanos de los presuntamente comprometidos. De esto los organismos de derechos humanos callaron sus voces.

Hoy nuestra población ha sido nuevamente sorprendida con los petroaudios, producto del mal denominado “chuponeo”, interceptación es la palabra adecuada y en el que aparecen personajes connotados, como Rómulo León Alegría, Químper, Arias Schreiber, Canaán, el empresario dominicano y los hijos de Rómulo León.

Nos sorprende ver, a estos protagonistas propios de una película mafiosa, en la madurez de su vida y cuando deberían estar dedicados a otras actividades. De pronto son presentados ante la opinión pública nacional, desarrollando diálogos, que en un simple análisis de contenido, permite establecer que se trata de negociados a espaldas del país, actividades propias de corrupción, en la adjudicación de lotes petroleros que pertenecen a los 27 millones de peruanos.

Después de ocho años percibimos, que no existe voluntad del gobierno para una lucha frontal contra la corrupción, prueba de ello es la desactivación de la Oficina Nacional Anticorrupción, en la que era jefa Carolina Lizárraga. Es más, actualmente esta misma justicia con diferentes jueces y fiscales, actúan ya no a la velocidad de la luz, sino con la lentitud paquidérmica anquilosada.

Se ha desperdiciado tiempo y dinero del erario nacional, no han reaccionado con la premura del caso y han permitido que León Alegría fugue y con él toda la valiosa información que posee. Su captura inmediata hubiera permitido interrogarlo para establecer, hasta qué niveles del poder están comprometidos en los negociados del petróleo y otras perlas más que están saliendo de los audios.

No dudamos que la Comisión de Fiscalización del Congreso, tiene la más firme convicción de llegar hasta el fondo en este problema. Pero, el acopio de información no es llevado adecuadamente, alguno de los comprometidos son letrados, conocen al dedillo los vericuetos de nuestra legislación y saben perfectamente como eludirlos, como qué contestar y qué callar.
Otro hecho que preocupa es la interceptación de nuestras comunicaciones y la forma cómo se comercializan.

Existen organismos del Estado que se deben encargar de investigar y establecer responsabilidades, respecto a la práctica heredada del “chuponeo”. En el mercado existen empresas que brindan estudios de investigación, inteligencia, protección y seguridad industrial. Pero, también existe el material electrónico para interceptaciones del desactivado SIN. No se que conoce su ubicación, es probable que sigan en funcionamiento en provecho particular.

El país entero está afrontando desengañado y desilusionado estos nuevos casos de corrupción en los altos niveles del gobierno. Cómo no entender entonces la reacción de las organizaciones sociales y gremiales, frente al incumplimiento de las promesas presidenciales, agravado por esta inercia frente a hechos graves que afectan la salud moral de nuestra sociedad, harta de estos actos delincuenciales.

La opinión pública nacional percibe que la corrupción se ha diseminado en los estamentos del Estado y que además no existe voluntad política para una lucha agresiva, para cortar de raíz estas prácticas mafiosas en contra de los intereses de todos los peruanos. ¡Basta ya!, paren la corrupción.