El territorio condiciona la vida de los pueblos, así el ambiente natural tiene gran influencia en sus habitantes, en su particular cosmovisión de ver al mundo, de ubicarse con relación a él, a la vez que condiciona el desarrollo de su economía y su organización estructural como nación. A inicios del Siglo XVI, hace aproximadamente 500 años los castellanos llegaron a estas tierras, sometieron a los naturales bajo el manto de la Cruz y la espada, es decir a sangre y fuego. Impusieron su lengua y religión, se adueñaron de las tierras y explotaron a los verdaderos dueños aplicando la mita, en tierras y minas.
Esta acción violenta y que por sus abusos causó la desestructuración del imperio incaico, fue tantas veces reclamada como la violación de los derechos humanos de los habitantes originarios de estas tierras, los legítimos dueños de estos territorios, cuyo resarcimiento no se ha realizado pese a los años transcurridos, no hubo petición de perdón, ni intensión, finalmente ni propósito de enmienda.
Pero, pasados los años quizás podría explicarse esa situación porque el Nuevo Mundo brindó a muchos campesinos, labradores, villanos (habitantes de las villas), artesanos y, en menor medida, nobles empobrecidos (hidalgos) la ilusión de superar su condición y acceder a privilegios que en Europa estaban reservados a la nobleza.
Pero, las motivaciones para salir de España no se limitaban únicamente a un afán de ascenso social. Poder y riquezas, honra y fama eran ingredientes fundamentales para enrolarse en las huestes y condicionaban el accionar de los españoles. Se aspiraba a ser reconocido y recordado, y regresar a las tierras de origen cargado de riquezas y títulos.
En los albores del Siglo XXI nuevamente se repite la historia, no son los castellanos los encargados de conquistar territorios a sangre y fuego, no, es el gobierno, que emplea todas las potestades de que dispone para imponer el orden en la selva de Bagua, sin medir las consecuencias.
El gobierno sabe que no ha dado cumplimiento al convenio 169 de la OIT el cual declara que los pueblos indígenas son propietarios de las tierras que habitan y por lo tanto, tenían que ser debidamente consultados en casos como éste. Pero, aplica todo el rigor de la ley, después de haber mecido a las representantes de los nativos, quienes desde el año pasado están en este empeño.
No avalamos los sucesos violentos que han acaecido en Bagua, es más los lamentamos y exigimos como sociedad civilizada priorizar la negociación alturada para llegar a una solución viable. Pero, tampoco podemos ser ciegos y no señalar que hubo y hay gruesos errores en la solución de esta grave crisis que atraviesa el gobierno de Alan García y nadie quiere asumirlos.
Una golondrina no hace verano, porque solo Carmen Vildoso ministra de la mujer presentó su renuncia, por serias discrepancias en la manera como el gobierno maneja esta crisis. Y la ministra de la mujer no estaba involucrada directamente en la responsabilidad de los sucesos violentos.
El gobierno planea la suspensión temporal del DL 1090 con la finalidad de reanudar las conversaciones entre los interlocutores en conflicto. Frente a un pésimo manejo político que le ha dado el gobierno a este tema, es impostergable que se asuman las responsabilidades por la muerte de tantos peruanos.
Ojo, no solo son nuestros policías muertos, también hay nativos, naturales cuyos ancestros han poblado esas tierras por años y todos son hijos de estas tierras peruanas. No excluyamos, no nos sentemos en la tribuna y miremos el panorama como si nosotros fuéramos ajenos al problema.
Los medios de comunicación haciendo eco de la campaña de desinformación del gobierno mediante la publicación de comunicados y spots televisivos, en los que hacen responsables solo al dirigente Pizango que se asiló en la embajada nicaragüense y por el lado del gobierno quiénes son los responsables.
Es lamentable observar diariamente cómo los medios de comunicación polarizan este enfrentamiento fratricida, es más en una acción de desinformación señalan directamente como responsables a los dirigentes indígenas, cuando lo real y tangible es que el gobierno no ha sabido manejar este problema desde el inicio y tiene una gran porcentaje de responsabilidad.
Al ex presidente Alberto Fujimori lo condenaron a 25 años de prisión por la autoría mediata en el caso de la Cantuta y Barrios Altos. Qué podemos esperar en el caso de los sucesos de Bagua, donde con seguridad se violaron los derechos humanos de policías y nativos. A quiénes condenar como autores mediatos de los sucesos graves de la curva del diablo.
¡Señores reflexionemos! Todos los involucrados en los graves sucesos de Bagua son peruanos, no son chilenos, ni el enfrentamiento podemos llevar a comparar con el sacrificio de Bolognesi en Arica, no confundamos los escenarios ni olvidemos la historia.
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