Hasta la fecha los integrantes de las FFAA, PNP, sus viudas y discapacitados, unidos e integrados, han participado en tres grandes movilizaciones, cuya finalidad es obtener una respuesta oficial, al pedido de reivindicación de sus derechos económicos, injustamente postergados por los gobiernos de turno desde hace veinte años. Y no se ha logrado nada.
Tres movilizaciones inéditas, que nunca antes se habían realizado en nuestro país con participación de personal en retiro, viudas y discapacitados. La primera en el mes de julio, luego el 14 de agosto de 2008 se realizó la gran parada cívica en el Campo de Marte y el 29 de agosto la movilización hasta el Congreso, la que fue violentamente repelida por la policía.
La característica fundamental de estas tres convocatorias, es que se han realizado con absoluto respeto a la propiedad privada. A diferencia de las marchas y movilizaciones de los gremios sindicalistas, como el de la CGTP y el gremio de la construcción, que se han distinguido desde antaño, por el empleo de la violencia y provocación a la fuerza pública.
Las movilizaciones del personal en retiro, viudas y discapacitados, han sido pacíficas, carentes de violencia, provocación y agresividad, en las que ha primado la cordura y la libre exposición de su discurso reivindicativo, con eslóganes y lemas alusivos a sus reclamaciones. Jamás se ha provocado a la policía, no se ha realizado ningún atentado a la propiedad ajena, ni a vehículos de transporte público y particular.
La ciudadanía es testigo que, ningún acto de intimidación se produjo durante las marchas, por tanto mal podrían se tildadas de golpistas o gestoras de desborde popular, ya que lo único que buscan y reclaman, amparados en la actual Constitución, es la pronta solución a sus demandas, que son de larga data. Pero, hasta la fecha solo han recibido promesas y más promesas.
¿Y cómo reacciona el gobierno ante estas y otras movilizaciones futuras?
Pues como siempre, incapaz de buscar una solución justa, sino más bien con una medida que ha sido calificada como represalia, un chantaje contra al personal en retiro de las FFAA.
Así, llama mucho la atención que con el oficio N° 220-2008-PR, de 20 de setiembre de 2008, el Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo someta a consideración del Congreso de la República, un proyecto de Ley que establece que el personal militar que pase a la situación de retiro por participar en la ruptura del orden constitucional no tendrá derecho a pensión, compensación, indemnización ni beneficio alguno”.
Por qué la urgencia en la aprobación de este proyecto. Quién está detrás de este propósito. La opinión pública nacional debe conocer que no solo agravios, desconsideración e indiferencia cosecha el personal en retiro, sino que además está presente la persecución judicial contra algunos de sus integrantes. O es qué hay preocupación en el gobierno por estas movilizaciones pacíficas y ordenadas.
El Proyecto de marras busca modificar los artículos 56° y 59° de la Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. Tengamos en cuenta que esta nueva Ley no serviría para aplicarla a la PNP, solo a las FFAA. Esto significaría la segmentación, la separación del personal en retiro, rompiendo la unidad y visaría neutralizar las futuras movilizaciones.
Los mencionados artículos quedarían redactados así:
“Artículo 56°.- Pensión, compensaciones, indemnizaciones y beneficios.
“El oficial que pase a la situación de retiro tiene derecho a la pensión, compensaciones, indemnizaciones y beneficios que establezca la legislación sobre la materia, salvo la causal contemplada en el literal L) del artículo 44° de la presente Ley. Los referidos derechos tienen carácter vitalicio. Únicamente pueden ser suspendidos o retirados, una vez concedidos, por resolución judicial (…).
Artículo 59°.- Pérdida de la condición militar.
“El retiro del grado militar, honores, remuneración o pensión, en atención a las previsiones constitucionales en la materia, incluyendo la participación en la ruptura del orden constitucional, comporta la perdida de la condición militar y de todos los derechos y beneficios derivados del mismo, y, determina la prohibición definitiva del desempeño de cargo, empleo o servicio alguno en las instituciones del sector”.
“La pérdida de la condición de militar se hace pública en la respectiva ceremonia de degradación, en atención a los procedimientos previstos (…).
Este proyecto ha sido percibido por los integrantes de los institutos castrenses, como una seria amenaza a su seguridad económica y la de sus familiares. Son conscientes que la única finalidad del mismo, es lograr desintegrar la unidad y consenso existente, entre el personal militar en actividad y sus familiares, quienes perciben el maltrato que recibe el personal en retiro. En el plazo corto ellos pasarán a esta situación inexorablemente y serán objeto de este mismo o peor agravio.
Lo más preocupante es que, no existe parangón con medidas similares que se hayan aplicado a otras organizaciones, entre ellas a los sindicatos como el Sutep. El proyecto deja de lado a la PNP, no sabemos con qué intenciones, pero, podemos presumir, que el gobierno está buscando dar un trato preferencial a la policía, presumiblemente viendo que en el corto plazo pueda necesitar de esta fuerza, en caso se agrave la situación social del país.
El gobierno nuevamente se equivoca, no solo busca desinformar a la opinión pública, al considerar las movilizaciones como parte de un plan que busca la ruptura constitucional, sino que, ha optado por blindarse frente a las movilizaciones pacíficas y ordenadas, en lugar de buscar una solución a las justas demandas de viudas, discapacitados, militares y policías.
Los integrantes de las FFAA en actividad, retiro, viudas y discapacitados, están realmente preocupados porque de aprobarse esta Ley, se cierne sobre ellos y sus familiares una nueva amenaza, que como una espada de Damocles tendrían sobre sus cabezas. Pero a la vez generará un gran descontento al interior, por la falta de decisión política para dar solución a las justas demandas del personal militar, viudas y discapacitados.
Tres movilizaciones inéditas, que nunca antes se habían realizado en nuestro país con participación de personal en retiro, viudas y discapacitados. La primera en el mes de julio, luego el 14 de agosto de 2008 se realizó la gran parada cívica en el Campo de Marte y el 29 de agosto la movilización hasta el Congreso, la que fue violentamente repelida por la policía.
La característica fundamental de estas tres convocatorias, es que se han realizado con absoluto respeto a la propiedad privada. A diferencia de las marchas y movilizaciones de los gremios sindicalistas, como el de la CGTP y el gremio de la construcción, que se han distinguido desde antaño, por el empleo de la violencia y provocación a la fuerza pública.
Las movilizaciones del personal en retiro, viudas y discapacitados, han sido pacíficas, carentes de violencia, provocación y agresividad, en las que ha primado la cordura y la libre exposición de su discurso reivindicativo, con eslóganes y lemas alusivos a sus reclamaciones. Jamás se ha provocado a la policía, no se ha realizado ningún atentado a la propiedad ajena, ni a vehículos de transporte público y particular.
La ciudadanía es testigo que, ningún acto de intimidación se produjo durante las marchas, por tanto mal podrían se tildadas de golpistas o gestoras de desborde popular, ya que lo único que buscan y reclaman, amparados en la actual Constitución, es la pronta solución a sus demandas, que son de larga data. Pero, hasta la fecha solo han recibido promesas y más promesas.
¿Y cómo reacciona el gobierno ante estas y otras movilizaciones futuras?
Pues como siempre, incapaz de buscar una solución justa, sino más bien con una medida que ha sido calificada como represalia, un chantaje contra al personal en retiro de las FFAA.
Así, llama mucho la atención que con el oficio N° 220-2008-PR, de 20 de setiembre de 2008, el Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo someta a consideración del Congreso de la República, un proyecto de Ley que establece que el personal militar que pase a la situación de retiro por participar en la ruptura del orden constitucional no tendrá derecho a pensión, compensación, indemnización ni beneficio alguno”.
Por qué la urgencia en la aprobación de este proyecto. Quién está detrás de este propósito. La opinión pública nacional debe conocer que no solo agravios, desconsideración e indiferencia cosecha el personal en retiro, sino que además está presente la persecución judicial contra algunos de sus integrantes. O es qué hay preocupación en el gobierno por estas movilizaciones pacíficas y ordenadas.
El Proyecto de marras busca modificar los artículos 56° y 59° de la Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. Tengamos en cuenta que esta nueva Ley no serviría para aplicarla a la PNP, solo a las FFAA. Esto significaría la segmentación, la separación del personal en retiro, rompiendo la unidad y visaría neutralizar las futuras movilizaciones.
Los mencionados artículos quedarían redactados así:
“Artículo 56°.- Pensión, compensaciones, indemnizaciones y beneficios.
“El oficial que pase a la situación de retiro tiene derecho a la pensión, compensaciones, indemnizaciones y beneficios que establezca la legislación sobre la materia, salvo la causal contemplada en el literal L) del artículo 44° de la presente Ley. Los referidos derechos tienen carácter vitalicio. Únicamente pueden ser suspendidos o retirados, una vez concedidos, por resolución judicial (…).
Artículo 59°.- Pérdida de la condición militar.
“El retiro del grado militar, honores, remuneración o pensión, en atención a las previsiones constitucionales en la materia, incluyendo la participación en la ruptura del orden constitucional, comporta la perdida de la condición militar y de todos los derechos y beneficios derivados del mismo, y, determina la prohibición definitiva del desempeño de cargo, empleo o servicio alguno en las instituciones del sector”.
“La pérdida de la condición de militar se hace pública en la respectiva ceremonia de degradación, en atención a los procedimientos previstos (…).
Este proyecto ha sido percibido por los integrantes de los institutos castrenses, como una seria amenaza a su seguridad económica y la de sus familiares. Son conscientes que la única finalidad del mismo, es lograr desintegrar la unidad y consenso existente, entre el personal militar en actividad y sus familiares, quienes perciben el maltrato que recibe el personal en retiro. En el plazo corto ellos pasarán a esta situación inexorablemente y serán objeto de este mismo o peor agravio.
Lo más preocupante es que, no existe parangón con medidas similares que se hayan aplicado a otras organizaciones, entre ellas a los sindicatos como el Sutep. El proyecto deja de lado a la PNP, no sabemos con qué intenciones, pero, podemos presumir, que el gobierno está buscando dar un trato preferencial a la policía, presumiblemente viendo que en el corto plazo pueda necesitar de esta fuerza, en caso se agrave la situación social del país.
El gobierno nuevamente se equivoca, no solo busca desinformar a la opinión pública, al considerar las movilizaciones como parte de un plan que busca la ruptura constitucional, sino que, ha optado por blindarse frente a las movilizaciones pacíficas y ordenadas, en lugar de buscar una solución a las justas demandas de viudas, discapacitados, militares y policías.
Los integrantes de las FFAA en actividad, retiro, viudas y discapacitados, están realmente preocupados porque de aprobarse esta Ley, se cierne sobre ellos y sus familiares una nueva amenaza, que como una espada de Damocles tendrían sobre sus cabezas. Pero a la vez generará un gran descontento al interior, por la falta de decisión política para dar solución a las justas demandas del personal militar, viudas y discapacitados.
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